Sin apartarse del todo de la biblioteca intervencionista, el ministro de Agricultura de la Nación, Julián Domínguez, dio la semana pasada señales de que busca llevar algo de previsibilidad a la cadena de ganados y carnes.
Sin dar mayores precisiones, pero marcando otra dirección -según confesó un testigo que participó de una de las reuniones-, el funcionario les comunicó a los representantes de la industria frigorífica y de la Mesa de Enlace que el año próximo habrá una mayor flexibilidad en la exportación de carne.
La promesa sería poder exportar todas las categorías bovinas que no tienen demanda en el consumo interno, principalmente la vaca, a cambio de mantener la prohibición sobre los siete cortes parrilleros (costilla, vacío, matambre, falda, tapa de asado, cuadrada y paleta) que el Gobierno considera sensibles en materia de precios.
El esquema comercial garantizaría, sin restricciones, los embarques de las cuotas Hilton, 481 y Estados Unidos, y los envíos a Israel, a Colombia y a Chile.
En trazos gruesos, el Ministerio de Agricultura pretende que, con una oferta de carne similar a la de este año, se garantice un consumo interno que rondaría entre 47 y 48 kilos por habitante (y con grandes chances de bajar) y un volumen de exportación de alrededor de 800 mil toneladas.
A tal punto llegó la prédica del ministro que todos los representantes de la industria frigorífica coincidieron en darle su apoyo. Siempre con el derecho a reclamarle cualquier falta de cumplimiento de lo prometido.
El gran interrogante es si Domínguez logrará que su idea tenga el consenso suficiente para que el Gabinete nacional, y en especial el ala más dura de la Secretaría de Comercio Interior, convalide la mayor apertura.
Está comprobado que sólo con incentivos a la comercialización (la apertura del cepo sería una señal en esa dirección) se estimulará la producción, condición indispensable para que crezca la oferta de carne y contenga los precios al consumidor.
Domínguez parece entenderlo; el desafío es que lo comprenda el resto del Gobierno.
La crítica de Córdoba
Pero la carne no es el único “bien cultural” que está bajo la lupa reguladora. El comercio de trigo y de maíz también es seguido de cerca por el Gobierno, lo que lleva a las entidades rurales a desconfiar.
Es que en plena cosecha de trigo, que aportaría una producción récord de más de 22 millones de toneladas, el registro de declaraciones juradas de ventas al exterior está sin movimiento desde octubre. La razón es que la exportación ya tiene compradas 10 millones de toneladas, el cupo autorizado en la práctica.
Con los actuales precios, el cereal podría llegar a aportar (en un comercio liberado) cuatro mil millones de dólares en divisas durante el verano, momento del año en que los ingresos suelen escasear hasta el arribo de la cosecha de soja, en abril.
La intervención oficial sobre los mercados de ambos cereales fue en la década pasada una hipótesis de conflicto entre el Gobierno y las entidades rurales.
Sin llegar por ahora a ese extremo, la Mesa de Enlace de Córdoba lanzó una advertencia y dejó clara su posición.
Si bien sostienen que están abiertos al diálogo, los dirigentes cordobeses reclamaron “desarmar todas estas intervenciones nocivas que ocasionan importantes daños a la producción y a los consumidores”.
Advierten que los argumentos oficiales de “cuidar la mesa de los argentinos“ a través de una administración inteligente de la demanda ya son insostenibles. Y que son esas las mil y una formas de llamar al cepo.
