En un nuevo capítulo de la investigación por el caso Vicentin, se llevaron a cabo más de 20 allanamientos* en diversas localidades de la provincia de Santa Fe y en la ciudad de Buenos Aires.
Los operativos, que comenzaron al mediodía de este viernes, fueron solicitados por los fiscales provinciales Miguel Moreno y Sebastián Narvaja, de la Oficina de Delitos Económicos de la Fiscalía regional.
La Gendarmería Nacional estuvo a cargo de llevar adelante estos procedimientos vinculados a la causa contra los exdirectivos de la empresa Vicentin por delitos económicos.
Según fuentes del caso, los allanamientos se realizaron de manera simultánea en distintos domicilios de Rosario, Funes, Reconquista y Avellaneda en la provincia de Santa Fe. También hubo operativos en Adrogué y en la ciudad de Buenos Aires.
Estos procedimientos están directamente relacionados con una investigación iniciada en 2020 por los delitos de asociación ilícita, estafa y administración fraudulenta vinculados a la empresa Vicentin.
La causa Vicentin se inició en 2020 y ya existe un requerimiento de elevación a juicio. La Fiscalía sostiene que la caída de Vicentin en 2019 fue planeada de forma fraudulenta por un grupo de personas que constituyeron una organización criminal para llevarla a cabo. Tras tres años de investigación, los fiscales Moreno y Narvaja construyeron una acusación contra los exdirectivos de Vicentin, anticipada en sucesivas audiencias imputativas.
La principal conclusión de la investigación es que el “sorpresivo default de 2019″ no fue resultado de una crisis repentina, sino la manifestación de un proceso de “endeudamiento y deterioro que comenzó años antes” y que se mantuvo oculto a los bancos que otorgaban préstamos y a las empresas agropecuarias que entregaban mercadería, principalmente bajo la modalidad “a fijar precio”.
La Fiscalía acusa a los exdirectivos de Vicentin de haber “falsificado balances anuales” con cierre a octubre de 2017 y octubre de 2018 para ocultar el verdadero pasivo de la empresa. También se los acusa de elaborar y presentar *informes trimestrales falsos* a cinco bancos internacionales entre enero de 2017 y julio de 2019, mostrando una solidez patrimonial aparente para *obtener créditos por más de 500 millones de dólares. Se señala que se tomaron recursos de bancos y vendedores incluso en medio de una situación financiera complicada, recursos que luego se perdieron en un entramado de empresas vinculadas a la firma. La Fiscalía considera que este mecanismo se utilizó para construir una **estafa*.
