Presupuestar en tiempos de inflación no resulta nada fácil para aquellos que administran fondos, tanto en la actividad privada como en la pública.
Lograr que lo previsto alcance para un período de tiempo determinado es lo que se pretende y acertarle cuando la suba generalizada de precios no tiene freno, como sucedió entre 2023 y parte de este 2024, puede estar más librado al azar que a las matemáticas.
Por eso, en la Provincia festejan la posibilidad de poder ajustar el presupuesto a la inflación para evitar que los recursos se diluyan.
En el caso del agro, el Poder Ejecutivo dispuso para 2025 una actualización del Impuesto Inmobiliario Rural según el índice de precios mayoristas de los productos agropecuarios.
El período elegido fue entre septiembre de 2023 e igual mes de este año, cuando el indicador acumulado trepó 189%.
A partir de esa revaluación, el sector agropecuario dispondrá para la ejecución de obras de infraestructura, los proyectos y los programas específicos un total de $ 251 mil millones. La masa de recursos contenida en el Fondo de Desarrollo Agropecuario, que estará integrado con el 98% de la recaudación del impuesto a la tierra, es un 236% mayor que el año pasado.
Si se tiene en cuenta que la partida específica incluyó en el Presupuesto 2024 un total de $ 74.800 millones, equivale a casi 3,5 veces más de fondos.
La mayor estabilidad económica y la menor inflación han permitido que el aumento de los recursos haya crecido de manera significativa, aseguran desde el Ministerio de Bioagroindustria.
El dinero se utilizará, en principio, para obras de infraestructura (mejora y mantenimiento de caminos rurales) y en promover más conectividad y seguridad rural.
Por lo pronto, los recursos presupuestados va a permitir que la red de caminos rurales, que se extiende por más de 53 mil kilómetros en la provincia, reciba los fondos en tiempo y forma.
En 2025, se espera que los consorcios camineros perciban un 39% más de lo que cobran a fines de este año. Este incremento permitirá hacer frente a los aumentos de costos, como el del gasoil, que antes desnaturalizaban los recursos destinados.
Con la decisión política de que la contribución que realiza el productor se reinvierte en el sector, desde la Provincia buscan diferenciarse de la Nación, con el manejo que realiza de los fondos de las retenciones.
Este es el razonamiento que tanto el gobernador, Martín Llaryora, como el ministro de Bioagroindustria, Sergio Busso, utilizan públicamente para pedir una rebaja de los impuestos a las exportaciones convencidos de que esos fondos quedarán en el interior productivo.
Busso considera que más temprano que tarde hay que bajar las retenciones para incentivar la liquidación de la cosecha que aún está en manos de los productores.
A la espera de la respuesta de la Nación, la Provincia también le pone fichas al desarrollo local. Para ello considera que los biocombustibles –en especial el etanol de maíz– es un nicho estratégico.
Mientras aguarda que la agenda legislativa permita el año próximo avanzar con una nueva ley nacional de promoción y desarrollo de los combustibles alternativos, Córdoba pone en marcha su propia política doméstica.
En la actualidad, la mezcla obligatoria de las naftas con etanol de maíz en el mercado nacional es de 6% y cualquier incremento porcentual redundará en mayor actividad económica. Por cada punto porcentual que suba la mezcla, en la provincia se podrían crear 200 puestos de trabajo.
La Provincia busca impulsar la aprobación de la ley a través del trabajo con legisladores y senadores, y colaborando con la región centro y la liga bioenergética de provincias, que integran Catamarca, Corrientes, Misiones, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Jujuy, Tucumán y Salta.
La estrategia provincial, por su parte, pasa por estimular el autoconsumo entre los productores cordobeses, con el impulso de la instalación de plantas modulares, y el expendio en surtidores de la mezcla de biodiésel (B20) y bioetanol (E27) para autos particulares.
Se considera que la transición hacia los biocombustibles es irreversible debido a la vigencia de los acuerdos internacionales y tendencias globales.
