Siete páginas tiene el extenso documento que elaboró Vicentin y difundió en las últimas horas para defenderse de las acusaciones en su contra y que derivaron en la intención del Gobierno nacional, ahora con el aval de la Provincia de Santa Fe, de intervenir la compañía.
En el escrito, la agroexportadora da detalles de cómo fue la operatoria con el Banco Nación, que es su mayor acreedor, y cómo se disparó la deuda a partir de la última devaluación ocurrida en agosto del año pasado, tras las elecciones primarias.
También el informe cuestiona en duros términos el nuevo proyecto de intervención impulsado por la gobernación santafesina, en línea con lo que ya habían expresado los accionistas Máximo Padoán y Héctor Vicentin.
Banco Nación
Vicentin remarca que le debe 290 millones de dólares, pero no por un préstamo puntual, sino por una línea que se iba renovando y ampliando, en función del crecimiento de la empresa.
Además, subraya que es el único banco que tiene una garantía que ningún otro tiene: una cesión de cobranzas por la producción de etanol, por la que el BNA percibe fondos.
En tanto, a quienes se preguntan dónde están los fondos, la respuesta Vicentin es: “Lo invito a que visite las plantas de Vicentin”.
La compañía aduce que es una empresa endeudada en dólares, y que por eso se vio muy afectada no solo por las continuas devaluaciones del peso que ha venido sufriendo la Argentina, sino también por los intereses y comisiones de las distintas refinanciaciones.
En el caso del Banco Nación, el ejemplo es que la línea de 300 millones de dólares fue aprobada en abril de 2018, cuando el tipo de cambio estaba en 20 pesos, lo que significaba 6.000 millones de pesos. Luego de la devaluación de agosto de ese año, el monto se duplicó, y en agosto de 2019 alcanzó los 18.500 millones de pesos.
Endeudamiento
En el documento, Vicentin insiste en que el principal problema que derivó en esta situación de crisis financiera es haber avanzado con inversiones con financiamiento internacional para llevar a la agroexportadora a ser la más grande de capitales nacionales y la más importante en el comercio exterior de harinas y aceites.
“Si los distintos directorios de los últimos años deben arrepentirse es de haber invertido tanto con deuda en dólares, pero fue la única forma que encontramos de hacer crecer el complejo”, señala el escrito.
También subraya que gran parte de estas inversiones se solventaron con reinversión de utilidades, ya que -asegura- “los accionistas retiraron poco y nada”, y con deuda, “que por la situación de Argentina eran prefinanciaciones a mediano y largo plazo, con costos crecientes a medida que se refinanciaban”.
Triangulaciones
Para Vicentin, hablar de triangulaciones en el sector agroexportador es “un relato injustificado”.
“Vicentin SAIC opera en un mercado en competencia con Sociedades Multinacionales, que no sólo operan en el país, sino que tienen estructuras en prácticamente todos los países del mundo. En este contexto las denominadas despectivamente cómo triangulaciones son normales y corrientes”, explica la empresa.
Si bien asegura que “no es una multinacional”, por competir en un mercado global ha intentado internacionalizarse abriendo subsidiarias en Paraguay, Uruguay y Europa.
“Ninguna de estas Sociedades fue creada para evadir impuestos o fugar divisas y sus libros y cuentas están abiertos a toda explicación que requiera la Justicia, ya sea a través del Juez del Concursos, sus Síndicos, el ahora designado veedor o cualquier Juez de la República”, desafía Vicentin.
Plan Perotti
La empresa dedica una página completa a cuestionar el nuevo plan de intervención presentado por el Gobierno de Santa Fe.
La posición de Vicentin es que “es peor que el DNU (del Gobierno nacional) porque expropia sin indemnizar, lo cual sería una confiscación, ya que desplaza a los Administradores elegidos por Asamblea (y ratificados por el juez del Concurso) y, curiosamente, se arroga la potestad de que los tres interventores hagan la propuesta para el Acuerdo con los Acreedores, trastocando completamente el sistema normal y ordinario de la Ley Concursal”.
“Mientras se insiste con poner profesionales sin experiencia previa en la administración de empresas, no han dedicado una sola palabra a explicar cuál es el plan que tendrían o qué es lo que la Provincia o la Nación aportarían para superar la situación de insolvencia”, completa Vicentin.
Y continúa: “Lejos de eso, lo único que se manifiesta es que interventores designados por ellos para administrar una empresa que no les pertenece, tomarían todas las decisiones de negocio y del concurso preventivo para que los acreedores puedan cobrar con el flujo de fondos que genere la empresa. Es decir, nada distinto al objetivo que se busca con la presentación en concurso”.
También se queja la empresa de que “las opiniones que puedan tener sobre los actuales directores, no son más que meras sospechas sobre las que no han aportado prueba alguna y eventualmente, debería ser motivo de una investigación y decisión judicial”.
Por último, manifiesta su “sorpresa” porque la intervención que impulsa Santa Fe sea propuesta por la Inspección General de Personas Jurídicas que “nunca antes de recibir la orden del gobernador, manifestó objeción o preocupación alguna por la situación de la empresa; incluso asistió a la asamblea de accionistas que consideró la presentación del concurso y la continuación del trámite”.
El dinero de Renova
Otra de las acusaciones contra Vicentin es que la venta del 16,67 por ciento de sus acciones en Renova a Glencore, por 122,7 millones de dólares, no se utilizó para pagarles a proveedores.
La empresa responde que eso es falso: de ese total, se descontaron 26,3 millones para cancelar un préstamo con garantías de esas acciones en favor del Rabobank; y los 96,4 millones de dólares restantes se destinaron a pagarles a productores y proveedores.
La firma aporta una planilla contable que lo demuestra y agrega: “Adicionalmente, puede verse el monto de pagos efectuados a proveedores de agosto a diciembre de 2019 (1.787 millones de dólares), que a comparación con 2018 (752 millones influidos por la sequía) y 2017 (1.085 millones), denota el momento vivido en el segundo semestre que determinó nuestra necesidad de refinanciar pagados, sumado a otros factores cómo el retiro de depósito de los bancos locales y el cambio de humor de los bancos internacionales”.
