El Gobierno nacional anunció la eliminación de las retenciones a granos hasta el 31 de octubre. El vocero presidencial anticipó la medida a través de “X” que el objetivo de la medida es “generar mayor oferta de dólares durante este período”.
Minutos más tardes, la eliminación temporal de las retenciones fue oficializada con un decreto publicado en el Boletín Oficial.
Se estima que hoy quedan por comercializar alrededor de U$S 14.500 millones en soja y maíz de la última cosecha.
De las 50 millones de toneladas de soja en la actual campaña, ya se vendieron 31 millones de toneladas. Quedarían alrededor 19 millones de toneladas sin vender, en manos de los productores, más cinco millones que se comercializaron porque a las que no se fijó precio.
Eso significaría U$S 10 mil millones, según la Bolsa de Cereales de Córdoba.
Con una producción nacional 2024/2025 de 50 millones de toneladas de maíz, se llevarían comercializadas alrededor de 27 millones de toneladas del cultivo. Quedan 23 millones de toneladas, por un valor de U$S 4.500 millones.
El Gobierno busca recaudar U$S 7.000 millones
Si bien la medida es hasta el 31 de octubre, el Gobierno aseguró que con el escenario temporal de retenciones cero buscar recaudar U$S 7.000 millones, a través de las declaraciones juradas de ventas al exterior (DJVE) Si alcanza esa cifra antes del plazo de finalización, automáticamente el beneficio quedará sin efecto.
La primera reacción de la medida en el mercado de Chicago fue una caída en el valor: U$S 2,66 por tonelada, por la chance de mayores ventas en Argentina.
El decreto establece además que los exportadores deberán liquidar al menos el 90% de las divisas correspondientes en un plazo máximo de tres días hábiles desde la presentación de la DJVE. En caso de incumplimiento, los exportadores perderán el beneficio y deberán abonar la alícuota vigente antes de la entrada en vigor de la norma.
También se aclara que hasta que no se regularice el pago de las retenciones correspondientes por operaciones incumplidas, el exportador no podrá volver a utilizar el beneficio de retenciones cero.
Hasta la entrada en vigencia del decreto, los derechos de exportación eran de 26 % para soja en grano y 24,5 % para aceite y harina, 9,5 % para trigo, 9,3 % para maíz y sorgo, y entre 4 % y 5,5 % para girasol, por lo que la decisión implica una baja total de retenciones para el complejo granario.
Es la primera vez que el mercado de granos –en su totalidad– no tendrá el impuesto a la exportación en lo que va del siglo.
La eliminación de las retenciones es parte de una serie de cambios implementados por el Gobierno nacional en lo que va del año.
A finales de enero, había anunciado una rebaja temporal de las retenciones hasta el 1° de julio.
La baja de retenciones a la soja fue del 33% al 26%, mientras que en el caso de sus subproductos pasó del 31% al 24,5%.
En el caso del maíz y del sorgo, se redujo de 21% a 9,5%, y en el del girasol, de 7% a 5,5%. Respecto de las carnes, las alícuotas cayeron de 6,75% a 5%.
A fines de julio, y luego de que durante un mes los productores volvieran a pagar retenciones “llenas”, en la Expo Rural de Palermo, el Presidente anunció una rebaja permanente en el impuesto, en las alícuotas vigentes entre febrero y junio.
Dudas entre productores y dirigentes
La medida dispuesta por el Gobierno generó reacciones diversas dentro del sector agropecuario.
Para el presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino, la eliminación de las retenciones “es un gran incentivo”, más allá de sostener que “debería ser definitiva”.
Por su parte, la presidenta del consejo regional Córdoba de Coninagro, Vanesa Padullés, admitió que estas medidas transitorias complican desde la logística real hasta la planificación de una empresa, al sostener además que: “Benefician a los productores más grandes y a los propietarios de tierras que con un Monotributo, juegan a la pirinola de las pizarras”, precisó a través de su cuenta en la red social X.
La titular de la Federación Agraria Argentina (FAA), Andrea Sarnari, también se manifestó en contra de la decisión oficial. “Las medidas de carácter transitorio no benefician a los productores. Necesitamos que la baja sea gradual por el impacto que va a tener intra sector”, aseguró.
En igual sentido se pronunció la Confederación de Asociaciones Rurales de la Tercera Zona (Cartez), entidad que agrupa a sociedades rurales de Córdoba y San Luis. “Medidas temporales, como la ordenada, sólo distorsionan los mercados y quitan la previsibilidad que el sector requiere para lograr su máxima capacidad productiva”, sostuvo la entidad a través de un comunicado.
Para Cartez, ningún sector productivo soporta que sus reglas, precios y condiciones varíen de acuerdo con las necesidades coyunturales del gobierno de turno. “La inconveniencia de medidas de este tipo es notoria y esta misma administración lo remarcó, con dureza, al asumir”, observó la entidad gremial.
