El Gobierno de Córdoba, a través de la Ley de Presupuesto 2025 y la ley impositiva para el próximo año, dispuso una actualización del 189% en el valor del impuesto Inmobiliario Rural.
El reajuste coincide con la evolución que desde septiembre de 2023 a igual mes de este año tuvo el índice de precios mayorista de productos agropecuarios (Ipim), que fue del 189,7%, según la medición del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).
En la Provincia prefieren hablar de actualización y no de incremento en la anualidad del impuesto, ya que aclaran que tanto la base imponible como las alícuotas del tributo no sufrieron cambios.
Para aquellos productores que opten por el pago de contado y cuenten con el beneficio del 30% de descuento, y de un 5% adicional por llevar a cabo buenas prácticas agropecuarias, a través del plan provincial, la actualización sería de 140%.
Durante la anualidad 2024, el 70% de los cedulones del impuesto se pagó de contado. Quienes pagaron en cuotas casi no sentirán la suba, ya que a lo largo de este año se fueron aplicando aumentos.
El Presupuesto prevé además que 98% de lo recaudado por el impuesto a la tierra se destine al Fondo de Desarrollo Agropecuario (FDA), utilizado para la realización de obras y para la concreción de los proyectos y los programas para el sector agropecuario.
EL FDA arrancó en 2019 con una asignación inicial de $ 4 mil millones, con el aporte del 60% de la recaudación del impuesto Inmobiliario Rural; en el Presupuesto 2024, su partida fue de $ 74.883 millones, conformado por el 90% de los fondos recaudados por el Inmobiliario Rural. En el presupuesto 2025, el monto asignado es de $ 251,3 millones de pesos.
En la presentación en la Legislatura, el ministro de Economía y Gestión Pública, Guillermo Acosta, indicó que se mantienen las valuaciones del año 2020 y el uso del coeficiente de equidad tributaria para el cálculo del impuesto.
Además se mantiene la segmentación en función de cantidad de hectáreas y valuación, para darle mayor progresividad al impuesto.
La Provincia decidió además mantener los topes para que el impuesto no pudiera aumentar más que la variación del índice de precios mayoristas.
En el marco del ordenamiento territorial del bosque nativo, la anualidad 2025 del impuesto a la tierra incorpora la eximición para aquellos establecimiento que están en zonas rojas (donde está prohibida la producción agropecuaria).
Sin impuesto a la mera compra
El Ejecutivo también decidió eliminar de la pauta impositiva para el año próximo el Impuesto a los Ingresos Brutos a la mera compra, un instituto que hasta diciembre del año pasado estaba exento para los productos primarios, pero que se había incluido de manera latente (sin aplicar) en el paquete tributario 2024.
La posibilidad de su implementación durante este año había generado incertidumbre entre los productores. Si bien eran los compradores de otras provincias los que debían pagar el tributo, la alícuota del 0,75% iba a ser descontada del precio con el perjuicio económico directo para los productores cordobeses.
El alivio impositivo respecto del pago de los Ingresos Brutos también llegará para los prestadores de servicios agropecuarios (por ejemplo, los contratistas rurales), que pagaban una alícuota entre 5% y 7% según la facturación, y que ahora pasarán a contribuir con el 1,5%.
Para reforzar el presupuesto a las Patrullas Rurales, que se financian con el FDA, la Provincia incluyó en el cedulón una tasa del 3% destinada a seguridad.
“Se celebra la iniciativa, a propuesta del sector privado, para tener más seguridad en el ámbito rural y para tener bien equipadas las patrullas. Se necesita cubrir todo el territorio para que todos los productores se sientan protegidos. Y que el Gobierno no pierda el foco de que, ahora que cobra una tasa, debe prestar a cambio un servicio eficiente”, aseguró Vanesa Padulles, titular del Consejo Asesor Regional de Coninagro Córdoba.
Estudio de Coninagro, sobre la evolución del Inmobiliario en Córdoba
Respecto del tributo a la tierra, un estudio llevado a cabo por Coninagro Córdoba, a través de los economistas Sofía Devalle y Franco Godino, economistas y docentes de la Facultad de Ciencias Económicas (UNC), muestra que el Inmobiliario Rural que efectivamente pagan los productores cayó en términos reales desde 2019 y se encuentra determinado fundamentalmente por los topes máximos de aumento para los tres grupos de establecimientos, fijados en la normativa.
“El impuesto Inmobiliario es un tributo relativamente pequeño dentro de la recaudación provincial, que además viene cayendo en términos reales desde 2022 y perdiendo participación en el total de la recaudación de la Provincia. Desde 2017, Córdoba implementó un proceso de revaluación de las parcelas rurales y su actualización anual es sobre la base de imágenes satelitales y de datos georreferenciados”, precisa el estudio.
Padulles afirmó que la decisión de llevar a cabo el trabajo fue a los fines de determinar de manera precisa la incidencia del impuesto en términos reales, sin las distorsiones que provoca la inflación, y cómo impacta su contribución en la gestión de los productores en relación con el valor producto. Agregó que se trata de una base de análisis para seguir el desarrollo del tributo y para poder compararlo con otras jurisdicciones.
“La evolución del impuesto que efectivamente paga el productor está determinada casi enteramente por la evolución de los topes. La excepción a esto se da en las parcelas con mejoras declaradas en un año particular, donde los topes no se aplican ese año, aunque sí los siguientes. A su vez, el impuesto con tope ha caído en términos reales desde 2019 contra cualquier índice de ajuste que se considere, incluidos los precios de productos agrícolas como el trigo y la soja”, destaca el informe.
