En tiempos donde los márgenes económicos de la producción agropecuaria son estrechos, y el reclamo de los productores hacia el Estado tiene el foco puesto aliviar la carga impositiva –en especial las retenciones–, hay gestos que desde la política pueden ayudar a mejorar el momento.
Y ese guiño podría venir por el lado de los municipios de la provincia, a partir del cobro de una tasa que realizan sobre el traslado de la hacienda.
Se trata de la contribución que históricamente perciben como derecho de oficina, más allá de que resulte paradójico porque ya hace cuatro años que dejaron de prestar ese servicio.
El pago de la tasa se institucionalizó a partir del servicio que prestaban las municipalidades y comunas para el control de existencias ganaderas. Bajo el amparo de la Ley de Marcas y Señales, vigente desde 1973, el productor debía informar los nacimientos y las muertes para conformar sus existencias y así poder recibir la autorización para mover la hacienda.
Luego, cuando el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) centralizó toda la información referida a las existencias, la función de los municipios quedó sin efecto. No obstante, se siguió manteniendo el pago de la tasa como autorización para el traslado de hacienda.
La Provincia no cobra este derecho de oficina, sino que delega esa tarea a los municipios. Aunque se podría modificar la ley para eliminar el cobro, el paso legislativo nunca se dio y la discusión principal sigue siendo el precio y no el fondo de la cuestión.
En 2002, a través de la Secretaría de Ganadería, la Provincia promovió un cambio para simplificar y agilizar el trámite: definió que el documento de tránsito animal (DTA) emitido por el Senasa es el único válido para constatar el movimiento de animales. En ese entonces, y para justificar la intervención municipal, se estableció que el documento debía estar visado por los municipios y comunas.
En 2005, el tema de las guías ganaderas ya generaba controversia en el Ministerio de Gobierno de la provincia, debido al valor que había alcanzado las tasas. Los municipios tenían autonomía para fijar sus valores, lo que resultaba en tarifas distintas entre ellos.
En ese momento se intentó establecer una banda de precios referenciada en kilos de novillo o capón de cerdo. Sin embargo, la discusión principal seguía siendo el precio y no el sistema.
Durante el gobierno de Mauricio Macri se implementó un sistema digital llamado Documento Único de Transito (DUT). Este sistema unificó el certificado sanitario con el control de marcas. El objetivo principal fue agilizar el trámite para los productores, permitiéndoles gestionar las guías desde sus computadoras, sin tener que ir físicamente a las oficinas. De esa forma, los productores pagaban por el servicio al Senasa y al municipio mediante transferencia electrónica.
Para poder usar el sistema, el Ministerio de Agricultura de Córdoba llevó a cabo el proceso de digitalización de más de 20 mil marcas y seis mil señales inscriptas en el registro provincial.
Antes de la implementación de la autogestión, los municipios verificaban manualmente la propiedad de la hacienda usando boletos de marcas y señales. Los empleados municipales comparaban la información del boleto con la guía de transferencia del ganado. Si la información coincidía, se actualizaba el registro de la cantidad de animales del productor. Por este servicio, los municipios cobraban un “derecho de oficina”, ya que involucraba la tarea de un oficinista.
En los últimos tiempos, las quejas contra la tasa municipal comenzaron a tomar nuevamente dimensión, en especial por parte de los productores de cerdo que tienen un alto movimiento de animales.
Las denuncias contra algunos municipios, por cobrar tarifas excesivas por el “derecho de oficina” que ya no se prestaban, comenzaron a crecer. Mientras en algunos municipios, la contribución es de 500 pesos por animal, en otros llega hasta 4.000 pesos.
La Provincia, consciente del problema a partir de algunos planteos llevados a cabo por entidades rurales, decidió buscar una solución a través de la mesa provincia-municipio, donde se reúnen los bloques políticos de los intendentes.
La propuesta, que tendría el visto bueno del gobernador Martín Llaryora según se puso en evidencia en la última reunión con la mesa de enlace provincial, sería llegar a un acuerdo con los municipios para que eliminen el cobro a partir del próximo año.
