El martes 1° de junio, Argentina no cumplió con el pago de 2.400 millones de dólares de la deuda que tiene con el Club de París, por lo que el país ingresó en un período de gracia de 60 días antes de ser declarado en default.
Por ese mismo plazo de transición, que lo pone más cerca del incumplimiento que de cumplir con sus obligaciones, el Gobierno nacional transita en su relación con el sector de los biocombustibles y la administración de la hidrovía, dos temas estratégicos para la agroindustria nacional.
El primer período de espera que está corriendo es el de la concesión precaria para el mantenimiento de la hidrovía Paraná-Paraguay, cuyo plazo de 90 días arrancó el 30 de abril y termina a fines de julio. Esta decisión fue tomada por el Poder Ejecutivo luego de que no llegó en tiempo y forma a realizar el proceso de licitación y a adjudicar la nueva administración para la vía fluvial por la que sale el 85 por ciento de las exportaciones argentinas.
Si bien el presidente Alberto Fernández aseguró que las tareas de dragado y balizamiento del Paraná seguirán en manos privadas, también adelantó que “el Estado será el responsable del cobro del peaje”, lo que implica un cambio respecto de la situación actual, en la que la empresa concesionaria, conformada por el grupo belga Jan de Nul y la empresa argentina Emepa, tiene a cargo el cobro de la tarifa.
La intención oficial y de algunos legisladores de la provincia de Buenos Aires de sumar además a la traza el canal Magdalena, ubicado sobre el Río de la Plata, para potenciar el puerto de la Capital Federal, no es bien visto en algunos sectores de la agroindustria.
Un estudio de la Bolsa de Comercio de Rosario objeta uno de los fundamentos que tienen sus precursores. “Los principales títulos de la presentación de este nuevo acceso náutico lo definen como una ‘salida directa al mar’. Si ‘directa’ es sinónimo de ‘recta’, entonces el canal Magdalena cumple con la definición, pero sí ‘salida directa al mar’ significa la salida y entrada de menor distancia y tiempos de navegación, entonces el proyecto no verifica para el 90 por ciento de los buques que ingresan a nuestros puertos fluviales”, admitió la entidad. Para ello habrá que esperar el texto final que disponga el llamado a licitación internacional.
Los biocombustibles son otra de las actividades en las que el Gobierno está a punto de defaultear.
Desde el 12 de mayo, corre una prórroga por 60 días de la actual legislación que promueve la producción y el uso de biodiésel y de etanol, mientras en el Congreso el oficialismo busca los votos para una nueva ley que tiene fuerte rechazo en todo el arco agroindustrial.
En un intento por frenar el proyecto, que ya tiene dictamen de las comisiones de Energía y de Presupuesto y Hacienda de Diputados, las entidades que agrupan a las empresas productoras de biodiésel y etanol enviaron una carta al titular de la Cámara Baja, Sergio Massa.
Con la adhesión de varias instituciones, entre ellas, la Bolsa de Cereales de Córdoba, el sector privado advierte que el proyecto pone al país frente al riesgo inminente de cierre de empresas, la pérdida de puestos de trabajo y un gravísimo impacto ambiental, en abierta contradicción con la Constitución Nacional y con sus compromisos internacionales.
Mientras en Argentina se quiere reducir el uso de los biocombustibles, en el resto del mundo sus beneficios son contundentes. En Estados Unidos, por ejemplo, la utilización de etanol de maíz está reduciendo la huella de carbono y disminuyendo los gases nocivos sobre el ambiente.
Un estudio del Argonne National Laboratory comprobó que la producción de etanol de maíz entre 2005 y 2019 redujo en ese país un 23 por ciento la intensidad de carbono, también conocida como emisión de gases de efecto invernadero.
Nada de esto se podrá replicar en el país si el Gobierno decide incumplir con sus obligaciones.
