Con 35 años recién cumplidos, el plan nacional de erradicación de la fiebre aftosa es uno de los grandes logros que exhibe toda la cadena contemporánea de ganados y carne vacuna.
Comenzó en 1990, cuando el Senasa decidió sumar a los productores a la red de control de la enfermedad; creó las unidades ejecutoras locales, el músculo encargado de llevar a cabo la estrategia federal de vacunación; se puso el traje de policía sanitaria, y comenzó a negociar para la apertura de nuevos mercados para la carne argentina.
Su logro inicial fue tan rápido que sorprendió a muchos y llevó a algunos a tomar medidas inapropiadas. Fue así como en 1999, en una decisión política que fue considerada al menos apresurada, el programa de vacunación se interrumpió, como paso previo a que en 2000 el país obtuvo el reconocimiento de la Organización Mundial de la Salud Animal como “país libre de fiebre aftosa sin vacunación”.
El flamante estatus duró poco. A menos de dos años de esa declaración, la enfermedad reapareció, y lo peor fue que se intentó ocultarla.
A partir de ahí, la historia es conocida. Recuperar la reputación perdida ante los clientes externos tuvo su costo; dos campañas de vacunación por año para bubalinos y bovinos (primero para toda la población, y en los últimos años sólo a las categorías más pequeñas) le permitieron a la ganadería argentina consolidar a lo largo del tiempo el estatus de libre de aftosa con vacunación y recuperar la seriedad ante los mercados internacionales.
Luego de más de tres décadas de llevar a cabo el plan epidemiológico contra la aftosa, a lo largo de toda la cadena de ganado y carne bovina no hay nadie que proponga dejar de vacunar. No hay margen para que una decisión como esa prospere, ya que las campañas anuales proporcionan protección, seguridad y beneficios de política pública. Además, los focos de la enfermedad que aparecieron en los últimos tiempos en varios lugares del mundo, incluso en Europa, y que obligaron a sacrificar animales destierran cualquier posibilidad de bajar la guardia vacunatoria.
En los tiempos que corren, el plan de vacunación también surfea la ola libertaria. La posibilidad de ampliar la oferta de vacunas –alrededor de 80 millones de dosis anuales– con el ingreso del medicamento desde Brasil fue el primer paso dado en abril del año pasado. El intento fue frenado por el Senasa por cuestiones sanitarias del producto por ingresar.
Ahora, el Gobierno nacional allanó el camino y, acompañado por un dictamen de Defensa de la Competencia, que sugiere liberar el mercado de abastecimiento, dispuso habilitar la importación de vacunas no sólo de países europeos (como Alemania y Francia), sino también de los socios del Mercosur (Uruguay, Paraguay y Brasil).
Hasta el momento, el mercado doméstico está provisto casi en su totalidad por laboratorios que proveen de dosis de fabricación nacional a un valor que ronda U$S 1,25 la unidad.
Desde el Gobierno y desde los importadores se asegura que a partir de los próximos meses se podrá ingresar vacunas (con la calidad avalada por estándares internacionales) con un valor que no superará los 40 centavos de dólar. Una medida que impactará de manera satisfactoria en los costos del plan, pero que apunta a no descuidar ni debilitar la vigilancia epidemiológica contra la enfermedad.
A partir del debate originado por el precio de la vacuna, surgen voces vinculadas al sistema sanitario ganadero que sostienen que es el momento de aprovecharlo de manera más eficiente para fijar una política pública.
Bernardo Cané, expresidente del Senasa, quien durante su gestión tuvo a su cargo la implementación del plan nacional sanitario contra la aftosa, la erradicación de la enfermedad en mayo de 2000 y también enfrentar su reaparición tres meses después, sostiene que la visita que realiza el agente sanitario a cada establecimiento ganadero, dos veces por año, tiene que ir más allá de la vacunación contra la aftosa.
La realización de encuestas de sanidad, tanto animal como pública, puede ser parte del valor agregado que tengan las unidades ejecutoras locales y generar información para la toma de decisiones políticas, además de la obtención de datos estadísticos en materia de producción, reproducción y manejo para hacer más eficiente la ganadería.
Una posibilidad que, de ponerse en práctica, dependerá de la estructura que pueda mantener el Senasa en función de las revoluciones que alcance la motosierra.
