Mientras las entidades rurales deciden cómo continuará el plan de lucha contra la intervención oficial en el comercio de la carne, en el Gobierno nacional se refleja cada vez con mayor nitidez la incongruencia de su relato para justificar la suspensión de las exportaciones.
Los desatinos comenzaron el mismo 17 de mayo, cuando el Presidente hizo pública a los frigoríficos exportadores la decisión de suspender por 30 días los embarques de cortes vacunos al exterior. Es que nueve días antes le había comunicado a la industria un Programa de Precios que, a cambio de volcar cada mes ocho millones de kilos de carne a valores populares, se iba a mantener sin cambios el comercio exterior.
Ese mismo día, y en el marco de la nueva política oficial para los embarques, la Dirección Nacional de Control Agropecuario, que depende del Ministerio de Agricultura, había puesto en vigencia la Declaración Jurada de Exportaciones de Carne (DJEC), como requisito previo a la autorización de las operaciones.
Nada de eso hizo falta; el cepo a la carne superó cualquier instancia previa y reforzó la incoherencia de la medida. La misma incongruencia que cuando el propio Alberto Fernández y el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, lanzaron en noviembre pasado un plan de inversiones integrales para las exportaciones bovinas.
Las idas y vueltas del Gobierno en materia del comercio de carne dejan una vez más a su relato sin sustento racional y lo vuelven a impregnar de un tono electoral. Lo que está claro es que su modelo de gestión ha convertido a la imprevisibilidad en una certeza.
Afirmar que con el cierre de las exportaciones el precio de los cortes vacunos para el consumo interno va a bajar es parte del error en que incurre la actual administración, muy propensa –como en sus versiones anteriores– a atacar las consecuencias y no las causas.
“La conformación de precio de la carne a nivel doméstico no está dada por la exportación; este es un factor más que influye, como resultado de la suba inflacionaria que está generada por la emisión monetaria, la brecha cambiaria y el gasto público”, sostiene Federico Santángelo, analista del mercado de ganados y carnes de la consultora Agroideas.
En conclusión: el valor de la carne no es el que genera inflación.
Datos contra relato
Un recorrido por la última década, a través de los principales indicadores de la cadena de la carne bovina, refleja de manera contundente que exportar menos no garantiza que el alimento será más barato en el mostrador. Todo lo contrario, de acuerdo con los números que exhibe Santángelo.
Según el socio de Agroideas, en los dos períodos de gobierno de Cristina Fernández, las exportaciones cayeron un 63 por ciento, la devaluación fue de 205 por ciento y la suba de la carne al consumidor alcanzó 906 por ciento.
En comparación, durante la gestión de Macri, los embarques al exterior crecieron 346 por ciento, la depreciación del peso fue de 504 por ciento y el valor de la carne en la góndola aumentó 186 por ciento.
En los 17 meses del gobierno de Alberto Fernández, en el que las exportaciones crecieron dos por ciento y el tipo de cambio se actualizó 59 por ciento, el valor de la carne al consumidor creció 108 por ciento.
Estos datos confirman que, por sí sola, la exportación no define el precio de la carne y que el relato que lo afirma es más una ficción que una realidad.
