Formalizada en el Boletín Oficial del viernes 27 de junio, la decisión del Gobierno nacional de subir las retenciones a la soja y el maíz, desde la dirigencia agropecuaria cordobesa se elevaron voces críticas.
Más allá de no coincidir con la determinación oficial, por el impacto económico que genera en la producción, las entidades gremiales le achacan a la actual administración el incumplimiento de su promesa de eliminar el impuesto.
Para Coninagro Córdoba, la entidad que agrupa a productores del movimiento cooperativo, la decisión del Gobierno de aumentar las retenciones representa un nuevo y severo golpe al corazón productivo del país.
“La metáfora es clara: no se puede salvar un barco destruyendo sus botes salvavidas. La política de derechos de exportación ha demostrado ser una herramienta distorsiva e inequitativa, perjudicial para quienes producen”, advirtió la entidad.
A través de un comunicado, que lleva la firma de Vanesa Padullés (presidenta), Gustavo Gaich (vicepresidente) y Pablo Panatti (vicepresidente primero), la entidad aclaró que el sector no está pidiendo privilegios, sino reglas justas.
“No se puede hablar de libertad si el sector agropecuario sigue siendo el único obligado a pagar por exportar, ni exigir competitividad global con impuestos internos que duplican o triplican los costos de producción”, admite.
Confederación de Asociaciones Rurales de la Tercera Zona (Cartez), la entidad que agrupa a sociedades rurales de Córdoba, San Luis, Catamarca y La Rioja, también salió a advertir sobre las consecuencias que tendrá la suba del impuesto en el actual contexto. “Es inoportuna, en un momento de precios internacionales en baja, insumo y servicios en alza con una mayor carga impositiva”, se quejó la confederación.
“Con la decisión de subir el impuesto, el Gobierno ha decidido continuar apropiándose de la producción agrícola, mientras pregona libertad”, fustigó.
Las entidades rurales que conforman el arco noroeste de la provincia también se manifestaron en contra de la medida. A través de un comunicado firmado por la Asociación Civil de Productores de Río Primero y las sociedades rurales de Arroyito, Pampa de Pocho, Jesús María, del oeste de Córdoba (Villa Dolores) y del norte (Deán Funes),
“Lejos de consolidar un nuevo rumbo para el agro argentino, esta medida representa una regresión que no solo afecta la rentabilidad, sino que golpea de lleno la confianza que el sector puso –una vez más– en la posibilidad de construir un país distinto, con reglas claras, previsibilidad y un verdadero federalismo productivo”, advirtieron las entidades del arco noroeste.
El distrito Córdoba (4) de la Sociedad Rural Argentina (SRA) también mostró su postura crítica respecto a la decisión oficial. “En 2023, el consenso era unánime: las retenciones son un robo. Hoy, lo que también queda claro es que fue el propio Gobierno Nacional el que no cumplió su compromiso asumido ante la sociedad y ante el sector productivo, bajo el argumento de cargarnos con la responsabilidad de sostener las variables macroeconómicas del plan”, afirmó la Rural a través de sus directores cordobeses Guillermo Vitelli y Sebastián Laborde.
Sobre el impacto económico que tendrá la medida, un informe del distrito Entre Ríos de la SRA, precisa que la suba tributaria les quitará a los productores de la Región Centro (Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos) aproximadamente U$S 971 millones adicionales.
Para tomar dimensión de lo que representa, equivale a transferir al Estado el valor de 1.846.007 terneros; 1.712.522 hectáreas de soja y 10.124 tractores nuevos, ejemplificó la entidad.
