Producir maquinaria agrícola en el país, como otros tantos productos y bienes de capital, no ha sido fácil en los últimos años.
Desde 2015, por tomar la última década, los fabricantes vieron cómo su desempeño se ha visto influido por las reglas de juego impuestas por los gobiernos de turno. En algunos momentos, estimulando la actividad, con el acompañamiento al sector. Pero la mayoría del tiempo provocando intervenciones que dificultaron su tarea productiva.
Una breve cronología ayuda a reforzar este panorama. Durante el gobierno de Mauricio Macri –entre diciembre de 2015 y diciembre de 2019– el acompañamiento al sector se vio reflejado con la implementación de la mesa nacional de la maquinaria agrícola, espacio en el que funcionarios, industriales y gremios analizaban la realidad del sector.
En ese período, el mercado nacional alcanzó el récord de ventas de tractores. Fue en 2017, cuando la comercialización alcanzó 9.670 unidades, 40% más que durante 2024. La de cosechadoras tuvo su pico también ese año, con casi 1.400 unidades patentadas, el doble que lo vendido el año pasado.
En la gestión de Alberto Fernández, en especial durante el último año, la maquinaria agrícola comenzó a irse a la banquina. Las intervenciones en materia de licencias para importar componentes generaron dificultades en las líneas de producción, al punto que las paradas por falta de insumos se hicieron una constante en las empresas.
Los fabricantes nacionales recuerdan los meses de septiembre y noviembre de 2023, cuando la falta de neumáticos obligó a paralizar las actividades. Es que sin ese insumo clave era imposible sacar de las plantas de producción las unidades terminadas y vendidas.
El rumbo pareció corregirse a partir de diciembre de 2023, con la llegada de la administración de Javier Milei.
A menos de un mes de haber asumido, el Gobierno simplificó el sistema de importaciones para que las fábricas pudieran acceder a los insumos necesarios para la producción y saldaran deudas comerciales con proveedores del exterior, a través de los bonos para la Reconstrucción de una Argentina Libre (Bopreal).
Regularizado ese canal, la importación comenzó a fluir, a tal punto que el ingreso de maquinaria agrícola nueva permitió satisfacer una demanda interna que existía; por ejemplo, en cosechadoras de algodón y de caña de azúcar, y en picadoras de forraje, un rubro en el que los patentamientos en lo que va del año crecieron 900%; todos bienes de capital que no se fabrican en el país.
Sin embargo, y cuando parecía que el rumbo era el adecuado, una brusca aceleración hace que la maquinaria agrícola se desvíe de manera peligrosa hacia la otra banquina.
La decisión del Gobierno de permitir, a partir de mediados de abril, la importación de manera irrestricta de maquinaria agrícola usada genera incertidumbre entre los fabricantes argentinos.
Multinacionales y pymes locales sostienen que no temen competir con productos del exterior, pero que para ello deben estar en igualdad de condiciones.
La diferencia impositiva, por ejemplo, hace que la cancha se incline a favor del equipo usado, en detrimento del nuevo fabricado en el país.
Mientras la maquinaria importada puede ingresar al país con una alícuota de IVA del 10,5%, sin costo de producción y un arancel del 25,6% sobre el pecio FOB, la máquina nueva de fabricación nacional tributa el 21% de IVA y tiene sobre su valor el costo de producción.
Mercados vecinos como los de Uruguay, Paraguay y Chile tienen en la importación de maquinaria agrícola usada un jugador importante en las ventas domésticas. Las diferencias con Argentina, aclaran los empresarios, es que en esos países no hay industria nacional.
Paraguay fue el último de esos mercados en habilitar la medida, con gran suceso por parte de la demanda. Sin embargo, la detección de operaciones vinculadas al lavado de dinero ha puesto al sistema en revisión.
De las 720 cosechadoras nuevas que se vendieron el año pasado en el país, 70% de las operaciones incluyó la entrega de unidades usadas, que tienen también su mercado de comercialización.
Una de las consecuencias negativas que observan los fabricantes nacionales es que el ingreso de maquinaria usada, en especial desde Estados Unidos, donde la rotación de equipos tiene una antigüedad de tres años, o desde Brasil, donde llega a seis años, le quitará valor patrimonial a las unidades usadas.
Por lo pronto, y liberadas las restricciones para obtener el certificado de importación de bienes usados, ya se produjeron los primeros ingresos y crecen las consultas para más operaciones.
Desde la industria, aseguran que será difícil que el Gobierno revea la medida, pero confían en poder atenuar el impacto con algunos requisitos: que el importador sea el usuario final (no un intermediario); que el bien tenga trazabilidad (es decir, que se conozca su procedencia y que esté libre de residuos fitosanitarios), y que permanezca en propiedad del productor o del contratista rural por un plazo de cuatro años, para evitar que el ingreso se convierta en un negocio de oportunidad.
