El gobernador Martín Llaryora, junto al ministro de Bioagroindustria, Sergio Busso, llevaron a cabo el miércoles pasado una reunión de trabajo con los integrantes de la Mesa de Enlace rural.
Según se informó desde el Gobierno, se trató de uno de los encuentros habituales donde se analizó a fondo la crisis que atraviesa el sector por la continuidad de las retenciones, los bajos precios internacionales de la producción, la situación cambiaria y las condiciones climáticas adversas que amenaza los rindes de las cosechas.
En representación de la Mesa de Enlace estuvieron presentes Guillermo Vitelli y Sebastián Laborde (Sociedad Rural Argentina); Patricio Kilmurray y Federico Proietti (Cartez); Agustín Pizichini y José Luis Careggio (Federación Agraria Argentina) y Gustavo Gaigh (Coninagro).
Una de las conclusiones del encuentro fue ratificar el reclamo al Gobierno de Javier Milei para que elimine las retenciones al campo para darle un alivio fiscal.
Como lo viene haciendo en los últimos meses, desde la Provincia mostraron diferencias con la Nación en algunos temas. En este caso, el campo. Por eso, se insistió con que el 94% de la carga impositiva de los productores rurales cordobeses son los impuestos nacionales, el 4% son impuestos provinciales (”Que vuelven en obras para el campo en un 98%”, afirman en el Panal) y el 2% restante tasas municipales.
La reunión en Córdoba se dio un día después del encuentro que a nivel nacional realizó este jueves, en la sede de Confederaciones Rurales Argentina (CRA), la Mesa de Enlace Nacional.
Allí, los dirigentes hicieron un pedido de una reunión al ministro de Economía, Luis Caputo, para tratar la baja de las retenciones y otras medidas que ayuden al campo en forma “inmediata”.
Llaryora y la Mesa de Enlace: las medidas acordada
La reunión entre los representantes de campo, Llaryora y Busso terminó con algunas medidas que anunció el Gobierno provincial, con el objetivo de “ayudar a los productores en un momento complicado”.
Una de las medidas es el diferimiento fiscal (del pago del Inmobiliario Rural) para productores con problemas económicos o de productividad.
En la reunión, la Provincia y los dirigentes rurales acordaron conformar una mesa técnica para analizar, mediante declaración jurada que deberán presentar los productores (DDJJ), los casos en los que se acrediten dificultades económicas, o de productividad (pueden ser por un asunto climático, o de otro tipo relacionado con la actividad).
Los detalles se conocerán en los próximos días.
“Estos podrán diferir el pago del impuesto en su totalidad por seis meses, con posibilidad de extensión del plazo”, informaron desde el Gobierno provincial.
Las solicitudes serán canalizadas a través de las entidades representativas del sector y aprobadas por una Comisión de Trabajo que funcionará en el ámbito del Ministerio de Bioagroindustria.
Además, de estableció un tope en el aumento del Impuesto Inmobiliario Rural.
Según explicaron, como una señal de reconocimiento al momento de emergencia que vive el campo, la Provincia resolvió ponerle un tope al aumento del Inmobiliario Rural, en base al que tiene el Inmobiliario Urbano (que, a octubre del año pasado, y por el RIPTE, era del 173%).
Desde la Provincia aclararon que, como en categorías (como la 4 y la 5) podrían llegar cedulones con un incremento mayor al 173% (porque ya está aprobada el nuevo código tributario), el pago de la diferencia que supere dicho porcentaje será diferida por seis meses, con posibilidad de extensión en caso de persistir las condiciones críticas. “O si no se eliminan o reducen las retenciones”, subrayaron desde el Panal.
Desde el Gobierno de Llaryora, explicaron que por el cobro del Inmobiliario Rural en 2025, la Provincia prevé destinar $ 251 mil millones para el Fondo de Desarrollo Agropecuario (FDA), encargado de las obras de infraestructura y mantenimiento de los caminos.
El FDA estará compuesto por el 98% de lo que recaude la Provincia con el tributo a la tierra.
También se habló de las guías para el traslado de hacienda. Durante la reunión se resolvió llevar al ámbito de la Mesa Provincia-Municipios el reclamo de los productores para eliminar el cobro de las Guías de Hacienda en los municipios donde estén vigentes.
Se trata de un viejo reclamo de los productores ganaderos hacia los municipios que, por su autonomía institucional, tienen libertad para cobrar la tasa que consideren para habilitar el movimiento de hacienda. Dependerá de la gestión política que pueda hacer el Ejecutivo para que la tasa se elimine.
Al final del encuentro, Llaryora señaló “la importancia de este tipo de espacios donde el gobierno provincial ratifica su voluntad de trabajar junto al sector privado en la defensa de los intereses de Córdoba”.
Desde la Provincia destacaron que el diálogo y las medidas acordadas refuerzan el compromiso del gobierno provincial con el sector agropecuario, un pilar fundamental de la economía cordobesa.
