El Régimen de Fomento para la Agroindustria que el Gobierno quiere hacer aprobar en el Congreso, con el aval del Consejo Agroindustrial Argentino (CAA), no encuentra aval en las entidades del campo cordobés.
Por el contrario, son más las críticas que los apoyos, según una ronda de consultas realizada por Agrovoz entre los principales referentes de la Mesa de Enlace provincial.
El titular de la Confederación de Asociaciones Rurales de la Tercera Zona (Cartez), Javier Rotondo, trazó un paralelismo con el Plan Estratégico Agroalimentario (PEA) que se anunció en la anterior gestión de Julián Domínguez al frente del Ministerio de Agricultura, entre 2009 y 2011, que planteaba también un horizonte de crecimiento hacia 2030. Nada de eso llegó a hacerse realidad.
“Son todas expresiones de deseo en un país coyuntural. Esto es un decálogo de buenas voluntades, pero que carece de algo medular para lograr el desarrollo agroindustrial, que es la reducción o eliminación de los derechos de exportación”, remarcó Rotondo.
Desde su punto de vista, este anuncio “es un hecho político más que técnico, papelitos para la tribuna, producto del masazo que recibió el Gobierno en las elecciones primarias”.
“Somos muy escépticos, no creemos en este proyecto. ¿Qué desarrollo agroindustrial podemos tener cuando un ministro dice que el techo de exportaciones de carne es el 24 por ciento de la producción? ¿O que el maíz, el trigo y la carne son bienes públicos? Se genera una total de previsibilidad y de certezas para generar un desarrollo”, agregó.
La frase a la que se refiere Rotondo es una que pronunció Domínguez: consideró que el trigo, el maíz y la carne son “bienes culturales” para los argentinos y que por eso el Gobierno no dudará en administrar los saldos exportables; es decir, en intervenir nuevamente los mercados a discrecionalidad.
“Evidentemente, esa es su verdadera línea de pensamiento, intervenir y lograr los mismos resultados que ya tuvieron, de destruir todas esas producciones”, remarcó Rotondo.
En la misma vereda se ubicó Agustín Pizzichini, titular del distrito Córdoba de la Federación Agraria Argentina (FAA): “Me parece que es más maquillaje que otra cosa. Lo que los productores necesitan es más seguridad, tener previsibilidad. Uno quiere tener esperanzas de que esto va a cambiar pero no cambia para nada, es una medida electoralista y que no va a solucionar nada”.
Desconfianza
También formuló duras críticas Alejandro Ferrero, director en Córdoba de la Sociedad Rural Argentina (SRA). “Estos anuncios con bombos y platillos no son lo que el campo necesita. Para crecer y exportar, lo único que hace falta es que nos saquen el pie de encima”, mencionó.
Por eso, afirmó que mira a esta propuesta con “desconfianza”, sobre todo porque tampoco confía en Domínguez. “No espero nada de este ministro. Ya nos engañó antes con el maíz plus, el trigo plus y ahora después de la reunión con la Mesa de Enlace apareció en los medios diciendo que no iba a permitir exportar más que el 24 por ciento de la producción de carne”, remarcó.
Pero hizo especial hincapié en su repudio a la afirmación de Domínguez sobre los productos agropecuarios considerados “bienes culturales”. “No, son de los productores que trabajan día a día sudando y poniendo el lomo para producir, es un atentado a la propiedad privada lo que dijo”, disparó Ferrero.
El presidente de la regional Córdoba de la Confederación Intercooperativa Agropecuaria (Coninagro), Alejandro Buttiero, fue el más conciliador de los cuatro referentes de la Mesa de Enlace, aunque no se guardó cuestionamientos.
Expresó que esta ley es necesaria y celebró que haya un principio de acercamiento, aunque también deslizó que desconfía de los motivos e intenciones del Gobierno en el actual contexto.
“Probablemente esta actitud de bondad no ocurría si no se deba el cachetazo de las Paso. Pero al menos se dio. Más allá de que sea por una cuestión electoral, brinda la posibilidad de avanzar”, mencionó.
Su principal crítica, en este marco, pasa por lo mencionado por los otros dirigentes: “Sería bueno que no se hubiera borrado en la ley la eliminación gradual de las retenciones”.
Otro de los planteos de Buttiero es que, para que iniciativas como estas funcionen, hace falta que haya previsibilidad y reglas de juego claras en el tiempo, algo que en Argentina es muy poco común. En ese sentido, mencionó también otra falencia típica de planes de este tipo: la enorme burocracia que hay que soportar para poder obtener los beneficios planteados y los tiempos que tarda el Estado en reconocerlos.
