Tras un simulacro de juicio en La Haya, el “Tribunal Internacional Monsanto”, conformado por cinco jueces de diferentes países que analizaron el testimonio de más de 30 personas, concluyó que la empresa estadounidense de biotecnología es responsable de “ecocidio”. La sentencia no tiene efectos vinculantes ni sanciones de ninguna índole para la empresa.
El proceso se llevó a cabo entre el 15 y el 16 de octubre de 2016 en La Haya, emulando los mecanismos de la Corte Penal Internacional que tiene sede en esa ciudad. Y esta semana se conoció el fallo.
Respuesta de la compañía
Conocido el pronunciamiento, la empresa semillera hizo público su posición y calificó al procedimiento realizado en la Haya como “Tribunal contra Monsanto”. La compañía aseguró que seguirá comprometida "a un diálogo real" con aquellos que están genuinamente interesados en la agricultura sustentable, los derechos humanos a la alimentación, a la salud y a un medio ambiente seguro, quiénes somos y qué hacemos.
Según la compañía, el evento original fue organizado por un selecto grupo de críticos anti-tecnología en la agricultura y anti-Monsanto, que actuaron como organizadores, jueces y jurados. Se negó la evidencia científica existente y los antecedentes jurídicos de varios temas; y fue organizado con un resultado ya predeterminado.
“En una época en la que el público está tratando de separar los hechos de la ficción, esta opinión no-judicial emitida recientemente podría ser malinterpretada. Creemos que los derechos humanos y la agricultura merecen un diálogo abierto y reflexivo para ayudar a encontrar soluciones reales a los desafíos del hambre, la seguridad alimentaria y el papel de los agricultores para alimentar a nuestro mundo en crecimiento de manera sustentable”, precisó la Comisión Directiva Global de Derechos Humanos de Monsanto.
Acusación
El Tribunal consideró a la empresa responsable de "ecocidio", figura que contiene la conducta de "causar daño severo o destruir el medioambiente para alterar de forma significativa y duradera los bienes comunes o servicios del ecosistema de los cuales ciertos grupos humanos dependen". E instó a Naciones Unidas a incorporarlo como delito penal al Estatuto de Roma que rige a la Corte Penal Internacional de La Haya.
