El conglomerado brasileño J&F, dueña de la multinacional JBS, cerró el mayor acuerdo de lenidad del mundo y acordó con el Ministerio Público pagar una multa de 10.300 millones de reales (unos 3.160 millones de dólares).
Según divulgó la televisión Globonews, la multa, que supone el 5,62 por ciento de la facturación del grupo en 2016 (libre de impuestos) se pagará durante los próximos 25 años, e incluirá las correcciones por la inflación, con lo que el valor total podría alcanzar los 20.000 millones de reales (unos 6.135 millones de dólares actuales).
El caso
El grupo J&F es un holding que pertenece a los hermanos Joesley y Wesley Batista, que pactaron con la Fiscalía brasileña delatar un gran esquema de corrupción, y a su padre.
En la multa se incluyen las irregularidades cometidas por la empresa en al menos cinco operaciones de la Policía Federal, entre ellas la bautizada como “Carne Fraca” (Carne Débil), a mediados de marzo pasado y que desarticuló una red que adulteraba la carne, incluso la caducada, antes de venderla.
Del total a ser pagado, ocho mil millones de reales (2.400 millones de dólares) se repartirán en partes iguales (25 por ciento cada uno) entre Funcef, el fondo de pensiones de la estatal Caixa Económica Federal, Petros (el fondo de pensiones de la petrolera estatal Petrobras) y el estatal Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES).
Otro 12,5 por ciento será para las arcas federales, el 6,25 por ciento para el Fondo de Garantía del Tiempo de Servicio (FGTS), el 6,25 por ciento para la estatal Caixa Económica Federal y el resto (2.300 millones de reales o 707 millones de dólares) será para proyectos sociales, principalmente para educación, salud y prevención a la corrupción.
Según Globonews, el documento final se firmará en los próximos días y la multa comenzará a ser pagada en diciembre de este año.
Antecedentes
El valor representa el mayor acuerdo de lenidad del mundo, según el Ministerio Público Federal de Brasil, y es más que la suma de las multas que les fueron impuestos a varias de las empresas involucradas en el caso Petrobras, entre ellas la constructora Odebrecht.
Las negociaciones entre los propietarios de J&F y el Ministerio Público Federal brasileño empezaron en febrero, de forma paralela a las negociaciones de colaboración que mantenían los ejecutivos del grupo para delatar un gran esquema de corrupción.
Antes de alcanzar el acuerdo, la Fiscalía brasileña había rechazado cinco ofertas de lenidad que había presentado el grupo J&F. La ley brasileña establece que la multa en este tipo de casos varíe entre el 0,1 y el 20 por ciento de la facturación de la empresa, dependiendo de la gravedad de los crímenes cometidos.
Los hermanos Batista abrieron una gran crisis política en Brasil, que ha puesto en entredicho al presidente Michel Temer, tras delatar ante la Fiscalía un gran esquema de corruptelas en el que hay decenas de políticos implicados.
Las denuncias
Joesley Batista grabó una conversación que mantuvo con Temer en la que el mandatario supuestamente daba el aval para comprar el silencio del expresidente de la Cámara de Diputados Eduardo Cunha, actualmente preso y que dio inicio a finales de 2015 a los trámites para el impeachment en el Congreso de la presidenta electa Dilma Rousseff.
En la conversación, Batista relata diversas maniobras ilegales que realizaba en favor de su empresa tanto en el poder judicial como con algunos ministros, frente al silencio de Temer, que por momentos hasta llega a consentir con lo que escucha.
Tras divulgarse el audio, la Corte Suprema abrió una investigación contra el presidente brasileño por corrupción, obstrucción a la justicia y asociación ilícita.
Batista y otros directivos de JBS, investigados en el marco de la trama corrupta que operó en Petrobras, también confesaron que sobornan al actual presidente desde 2010 a cambio de "favores" realizados desde el poder, y que en los últimos años financiaron en forma ilegal la actividad de 1.829 políticos de 28 partidos.
Esas revelaciones, desmentidas en forma tajante por Temer, han generado una creciente ola de indignación y toda la oposición, así como algunos sectores del oficialismo, exigen desde hace casi dos semanas la "renuncia inmediata" del gobernante.
Pese a esa presión, Temer ha dicho una y otra vez que no dimitirá y que probará su inocencia ante la propia Corte Suprema.
