A partir de la participación de distintos sectores en el debate realizado en la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados de la Nación, las entidades que conformamos la Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias manifestaron su rechazo al proyecto de Ley de Presupuestos Mínimos de Humedales.
Para Sociedad Rural Argentina (SRA), Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Federación Agraria Argentina (FAA) y Coninagro, la iniciativa no sólo atenta contra” el agro sino también pone el riesgo el arraigo rural y el desarrollo del país.
“Porque afectará no sólo al sector primario, sino también a otros eslabones de la cadena y sectores de la economía”, justificó.
A Juicio de las entidades, “atentar contra las producciones regionales, los cinturones verdes suburbanos, las actividades que necesitan de la provisión de agua de riego sólo traerá a nuestro país un aumento de la pobreza y la indigencia”.
El proyecto en debate prevé la creación de un Inventario Nacional de Humedales, donde se registrarán los humedales de todo el territorio de la Nación, a partir de los cuales se fijarán zona rojas, amarillas y verde de intervención.
Según la iniciativa, el plazo máximo que tendrán las provincia para la confección de los Inventarios Jurisdiccionales de Humedales será de dos (2) años a partir de la reglamentación de la presente ley.
Categorías de Conservación
Las autoridades de aplicación provinciales establecerán los humedales inventariados en su jurisdicción bajo alguna de las siguientes categorías:
Área de conservación (rojo). Serán considerados sectores de alto valor de conservación que, por la presencia de valores biológicos sobresalientes, ser hábitat de especies en peligro de extinción, monumentos naturales y/o provinciales, poseer especies endémicas, la protección y regulación de cuencas que eventualmente puedan ejercer, sitios que cumplan un rol importante en la provisión de agua potable para consumo humano, su valor de conectividad, ameriten su persistencia como humedales naturales a perpetuidad, aunque estos sectores puedan ser objeto de investigación científica, hábitat de comunidades locales y ecoturismo. Queda restringida a cualquier actividad que pueda poner en riesgo su equilibrio.
Área de gestión sustentable de recursos (Amarillo). Serán sectores de humedales de medio valor de conservación, gestionados con el objetivo de garantizar a largo plazo la biodiversidad y la provisión sustentable de productos y servicios que demanda la sociedad.
Se admitirán actividades antrópicas de bajo impacto que no impliquen cambios significativos en el uso de suelo o infraestructura que pueda comprometer los servicios que presta el humedal, utilizando buenas prácticas en el caso de la producción agropecuaria, las que deberán ser gestionadas para asegurar los aportes ambientales, culturales y socioeconómicos de los humedales.
Área de aprovechamiento sustentable (verde). Ahí se incluirá a sectores de humedales de menor valor de conservación que pueden transformarse parcial o totalmente, permitiendo cambios en el uso y cobertura del suelo para la realización de actividades socio- económicas y productivas dentro de los criterios de la presente ley.
“Todo aprovechamiento o manejo sostenible de humedales que implique cambio de uso de suelo o infraestructura que pueda comprometer los servicios que presta el humedal requerirán autorización por parte de la Autoridad de Aplicación Provincial correspondiente, en base a la presentación de un proyecto por parte de los interesados”, precisa el proyecto.
Para las entidades rurales, la ineficacia de las autoridades nacionales para poder aplicar las leyes vigentes en tareas preventivas como incendios o inundaciones, no puede ser el único argumento que motorice el tratamiento de esta iniciativa.
“Necesitamos que se hagan cumplir las leyes que tenemos para proteger los recursos naturales, la población rural y la producción. Que los recursos humanos y económicos sean puestos en favor del ambiente. Que los funcionarios cumplan con su deber. La inoperancia y el incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos dejan al desnudo el fracaso de la política ambiental argentina y los tremendos problemas derivados de las fallas de contralor de quienes ejercen funciones en el Estado”, critica la dirigencia rural.
