El titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal Nº 1, Enrique Alonso Regueira, se declaró competente para tratar la causa colectiva planteada por la Sociedad Rural Argentina (SRA) y la Sociedad Rural de Jesús María (SRJM) en contra del cobro de derechos de exportación o retenciones a partir del 1º de enero.
A pesar de este aparente revés judicial, el titular de la SRA, Nicolás Pino, se mostró firme en la decisión de continuar adelante con la causa en los Tribunales Federales de Córdoba.
“Ratificamos la competencia de toda la justicia federal de las provincias productoras”, sostuvo el dirigente.
“Nuestro amparo tramita en la justicia provincial de Córdoba. Es una cuestión federal cuyo proceso de amparo está registrado, además, en la Corte Suprema de la Nación como amparo colectivo, por ende no puede cambiar de jurisdicción”, agregó vía Twitter.
Vale apuntar que el el juez federal N° 1 de Córdoba, Ricardo Bustos Fierro, había rechazado el recurso de apelación presentado por la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) en contra de la resolución que otorgó legitimación a la Sociedad Rural Argentina sobre retenciones.
Afip había ido en contra de la medida dispuesta por Bustos Fierro, quien había resuelto - el pasado 23 de abril- admitir una acción colectiva presentada por la Sociedad Rural Argentina y otras entidades, entre ellas la Sociedad Rural de Jesús María.
El 21 de febrero, las sociedades rurales presentaron una acción de amparo por la falta de sustento legal en el impuesto a las retenciones luego de que el Poder Ejecutivo prorrogara por decreto la vigencia de la ley de Presupuesto 2021 y sus modificatorias.
Pedido desde CABA
Según informó la agencia Télam, Alonso Regueira hizo lugar al planteo de la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) y le requirió a Bustos Fierro que remita la causa a la Ciudad de Buenos Aires.
“La acción entablada se dirige contra la conducta desplegada por la Afip-Aduana y contra determinados decretos dictados por el Poder Ejecutivo Nacional”, señaló Alonso Regueira en su fallo, en el que señala que la demanda “tiene carácter colectivo y que la composición del colectivo incluye a todos los productores agropecuarios del país”.
Por tal razón, el magistrado concluyó que “se trata de actos emanados de autoridades públicas con sede en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuyos efectos no se circunscriben a una jurisdicción específica sino que éstos se producen respecto de la totalidad del territorio nacional”.
“En tales condiciones, corresponde admitir la inhibitoria solicitada (por la AFIP) y declarar la competencia de este fuero en lo Contencioso Administrativo Federal”, remarcó.
Presentación
La presentación de la SRA y la SRJM tuvo lugar el 21 de febrero, por entender que “al caer la Ley de Emergencia y no aprobándose el Presupuesto, las retenciones a partir del primero de enero de 2022 deberían ser cero”, de acuerdo con lo señalado por el presidente de la entidad nacional, Nicolás Pino.
En ese convencimiento, las dos entidades reclamaron que la Justicia Federal “declare la inconstitucionalidad e ilegitimidad del cobro de derechos de exportación con posterioridad al 1 de enero del año 2022″, y que un nuevo esquema sea discutido en el Congreso Nacional, ya que entienden que ese es el ámbito para establecer políticas tributarias.
Por el contrario, desde el Gobierno se sostuvo que “las medidas que se dictan en uso de facultades vigentes a ese momento siguen vigentes hasta que se derogan y eso no ha sucedido”.
