En los últimos días, la situación de la cooperativa Sancor volvió a convertirse en cuestión de Estado. Aunque en realidad nunca dejó de serlo.
Tuvo que ser la intervención del ministro de Economía, Sergio Massa, la que desactivara una protesta nacional convocada por el gremio de la industria láctea (Atilra) por 48 horas.
Con la medida de fuerza, el sindicato iba a reclamar la instrumentación por parte del Gobierno de un fideicomiso, como mecanismo para rescatar una vez más a la empresa láctea.
La creación de esta figura –en principio conformado por 60 millones de dólares aportados por el Banco Nación–, fue la idea que los exministerios de Desarrollo Productivo y de Agricultura, entre otros impulsores, comenzaron a diseñar hace poco más de un año.
Los administradores de ese fideicomiso, con dinero público, iban a ser algunos empresarios de renombre, pero ninguno de ellos relacionado de manera directa con la industria láctea.
Cuando la cooperativa aprobó el proceso de reestructuración de su deuda, en mayo de 2017, uno de los objetivos era la incorporación de “socios estratégicos”, llegada que hasta el momento nunca se concretó.
La venta de activos fue la salida a la que tuvo que echar mano la empresa para afrontar sus compromisos.
La política nada define
Si bien con la llegada de Massa a Economía y la desaparición de los ministerios de Agricultura y Desarrollo Productivo la figura del fideicomiso pareció perder fuerza, en el Gobierno aún no la han desactivado por completo.
Su posibilidad de concreción, o no, se resolvería en las reuniones que funcionarios de Economía mantendrán con los dirigentes sindicales, en procura de una salida a la prolongada crisis de la que hasta hace 15 años fuera la mayor industria láctea del país.
Mientras tanto, Sancor busca acomodar su negocio a la coyuntura. Con cinco de sus seis plantas industriales operativas (Balnearia, La Carlota y Devoto, en Córdoba; Sunchales y Gobernador Gálvez, en Santa Fe; la única que está parada es la de San Guillermo, en Santa Fe, por no disponer de suficiente materia prima), la cooperativa recibía, hasta antes de que recrudeciera el conflicto gremial, 700 mil litros de leche por día.
Su capacidad operativa total, sin embargo, es para procesar 1,5 millones de litros, magnitud a la que se ve imposibilitada de llegar por falta de dinero para comprar más materia prima.
Si bien los resultados operativos mensuales le permiten funcionar, la empresa busca un alivio para los pagos de sus deudas fiscales, de manera que no resulten una limitante para la producción y el empleo.
Una nueva flexibilización de los plazos en sus obligaciones tributarias adeudadas –medida que requiere de un aval político– le permitiría mejorar sus números y disponer de más recursos para la adquisición de más leche.
Dinero genuino
La fuente de ingreso genuina que el Consejo de Administración de la cooperativa aspira conseguir son los 18 millones de dólares que le debe el Estado venezolano.
Esa acreencia viene del rescate que el Gobierno del país caribeño llevó a cabo en 2007, pero que no terminó de cumplir con los pagos por el suministro de leche en polvo para abastecer sus planes sociales.
Por tratarse de un acuerdo que en su momento se hizo “país-país”, la empresa está imposibilitada de accionar de manera individual contra el Gobierno venezolano y de exigir la deuda. La llegada de un acuerdo requiere de la decisión política de ambas administraciones.
Con esos fondos, y con una nueva refinanciación de la deuda fiscal, aseguran que Sancor tendría una nueva chance. Pero nadie sabe si será la última.
