Al menos en los papeles, las negociaciones entre la Unión Europea (UE) y el Mercosur por un acuerdo comercial están próximas a finalizar. A tal punto que los más optimistas aseguran que la firma se podría dar entre el 18 y el 19 de noviembre en Río de Janeiro, durante la cumbre del G-20, a la que asistirá el presidente Javier Milei.
El plan B sería en diciembre, durante la reunión del Mercosur en Montevideo.
Lo concreto es que luego de casi 25 años (las conversaciones comenzaron en el año 2000), y tras varios períodos de estancamiento, ambos bloques están a punto de cerrar una pauta para el flujo comercial de productos agropecuarios, manufacturas industriales, servicios y tecnología entre los dos mercados.
Si bien el acuerdo para su entrada en vigencia necesita de la aprobación de cada país miembro, por mayoría de los 27 integrantes de la UE y de la totalidad de los del Mercosur, en la práctica el tratado comercial tiene muchas resistencias.
Una de las más notorias es la del sector agropecuario, y a ambos lados del océano Atlántico.
La diplomacia argentina que forma parte de la negociación coincide en afirmar que los productos agrícolas son los que más resistencias generan dentro del acuerdo, no así los que provienen de economías regionales, que tienen menor escala y que podrían quedar liberados.
Mientras los países europeos, con Francia a la cabeza, aseguran que la UE está en desventaja, desde el Mercosur se sostiene que las condiciones impuestas por el bloque son perjudiciales para el comercio desde la región.
A tal punto que la agroindustria brasileña y referentes políticos no están de acuerdo con suscribir un pacto comercial con la UE.
Varios legisladores argentinos, que deberán analizar el acuerdo cuando pase por el Congreso Nacional para su aprobación, escucharon días atrás en Brasilia, y de primera mano, la postura que predomina en los países del Mercosur.
“Hay pautas que Europa busca imponer y debemos tener como bloque una agenda común para fortalecer el bienestar del agronegocio de la región”, aseguró la senadora Tereza Cristina, coordinadora política del Frente Parlamentario Agropecuario (FPA) de Brasil y exministra de Agricultura durante el gobierno de Jair Bolsonaro.
Más allá de estar en el otro extremo del arco político, Roberto Rodríguez, exministro de Agricultura de Lula entre 2002 y 2006, aportó la misma mirada. “Varios problemas emergen sobre la humanidad. Son la falta de seguridad alimentaria, la transición energética, la desigualdad social y el cambio climático, y esos problemas deberán ser resueltos por el agro. Pero no el del hemisferio norte ni el de Europa, sino el de América latina y el África subsahariana”, observó el actual senador brasileño.
La política de deforestación que busca imponer Europa, disfrazada con el traje de una barrera paraarancelaria, inquieta a los brasileños, pero no les quita el sueño.
El mercado europeo es menos del 20% de sus negocios. Hay gran demanda de productos brasileños en Asia, donde coloca más del 40%, pero no quiere generar precedentes negativos.
El Mercosur está convencido de que su modelo de producción de alimentos es sustentable y que cualquier condicionamiento comercial busca proteger las ineficiencias europeas.
En Paraguay, la postura es clara. “Tenemos un problema con Europa y no podemos aceptar imposiciones. Es bueno que los legisladores pasen ese mensaje al Ejecutivo”, reconoció Gustavo Leite, senador paraguayo por el Partido Colorado.
Desde el lado de la agroindustria paraguaya, la posición contra el acuerdo con Europa es categórica. “Si estuvimos casi 25 años sin firmar un acuerdo, podemos estar otros 25 años antes de que sea desventajoso para la región”, dijo Héctor Cristaldo, presidente de la Unión de Gremios de la Producción de Paraguay.
Sin ser tan contundentes y a la espera de los términos del acuerdo, representantes argentinos también advierten sobre las consecuencias negativas que puede tener para el sector agropecuario un acuerdo perjudicial.
“El Mercosur es el supermercado del mundo y debemos posicionarnos como tal, más allá de la intención de otras regiones de imponer condiciones. Producimos con un modelo sustentable y eso es lo que debe primar en las negociaciones”, justificó Alfredo De Angeli, senador entrerriano y presidente de la Comisión de Agricultura de la Cámara Alta.
