Desde el 12 de diciembre de 1999, cuando José Manuel de la Sota asumió el poder en Córdoba, las distintas gestiones peronistas siempre tuvieron una tensa relación con el gobierno nacional.
La excepción fueron los cuatro años (2015-2019) de la presidencia de Mauricio Macri, cuando el entonces gobernador Juan Schiaretti mantuvo un excelente vínculo personal y de gestión con el fundador del PRO.
En esta era democrática que se inició en 1983, también fue una realidad el enfrentamiento de Córdoba con la Casa Rosada, durante las gestiones del radical Eduardo César Angeloz, especialmente con el entonces poderoso ministro de Economía, Domingo Cavallo, a mediados de los ‘90, con el peronista Carlos Menem en el poder nacional.
Pero, en este caso, nos centraremos en las gestiones peronistas que inició De la Sota, a mediados del último año de la década del ‘90.
Ahora, en estos primeros 60 días de la administración provincial de Martín Llaryora, que sucedió las seis gestiones consecutivas de De la Sota y Schiaretti, el nuevo gobernador es apuntado por los libertarios, y por el propio el presidente Javier Milei, de ser “el cabecilla” de los mandatarios provinciales que “tumbaron” la “ley ómnibus” que envió al Congreso el Gobierno nacional.
En público, Llaryora evita confrontar con el Presidente, más allá de que desde la Casa Rosada lo señalan de liderar una postura inflexible: los diputados cordobeses no apoyaron el articulado de la mega ley, al no tener garantías de financiamiento para las provincias, ya sea por vía de la coparticipación del Impuesto País o fondos para las cajas previsiones.
Llaryora, y los diputados del PJ cordobés niegan esta acusación, pero lo concreto es que los libertarios los tienen en la mira.
No obstante, los matemáticas no avalan el convencimiento que tienen en el Gobierno sobre la supuesta “traición” de los peronistas cordobeses: los cinco legisladores que responden al gobernador no fueron clave a la hora del rechazo de los artículos de la megaley. El oficialismo perdió por entre 40 y 50 votos cada votación.
Historia repetida
El próximo 12 de julio se cumplirán 25 años de gestiones peronistas ininterrumpidas en la provincia. En este casi cuarto de siglo en el poder, las discrepancias entre los gobernadores peronistas y el poder central fueron la moneda común, salvo el mencionado período de administración macrista.
De la Sota compartió su primer mandato (1999-2003) con dos presidentes: el radical Fernando de la Rúa y el peronista Eduardo Duhalde, presidente interino.
Con ambos tuvo una buena relación en la gestión. Aunque con Duhalde mantuvo diferencias políticas, ya que De la Sota intentó ser candidato presidencial en 2003, pero el presidente interino eligió al santacruceño Néstor Kirchner para enfrentar a su rival interno Carlos Saúl Menem.
En su momento, a mediados de 2001, en medio de la profundización de la crisis económica y social, dos ministros delasotistas contaron cómo De la Sota convenció al presidente De la Rúa para firmar un acuerdo para que la Nación financiara parte del déficit de la Caja de Jubilaciones de Córdoba.
“Le prometió que iba a alinear a los gobernadores peronista para que apoyaran su gestión en medio de la crisis, a cambio de un acuerdo financiero por la Caja. En una reunión del “Gallego” (De la Sota) con el Presidente en la Casa Rosada, nosotros lo esperábamos en el pasillo, y cuando salieron del despacho presidencial, después de saludarlo, el presidente le dijo: “José, no te olvides de hablar con los muchachos”. Se refería a los gobernadores. “El Gallego” se fue con el acuerdo firmado por la Caja. No sé si después habló con los muchachos”, describió el entonces ministro delasotista, con una sonrisa intrigante. Seis meses después, De la Rúa se iba en helicóptero de la Casa Rosada, con todo el peronismo mirando para otro lado.
El 25 de mayo de 2003, Néstor Kirchner asumió como presidente. Dos semanas después, De la Sota era reelegido como gobernador.
La relación entre De la Sota y Kirchner fue cambiante. Buena en los primeros dos años, y con cruces en los últimos dos.
Funcionarios delasotistas de aquel momento recuerdan que en junio de 2005, el presidente Kirchner hizo una visita oficial a Córdoba. De la Sota lo recibió en lo que entonces era la Casa de las Tejas.
El acto central era una reunión con intendentes, en lo que era el salón central de la Casa de Gobierno, por entonces en el corazón del barrio Nuevo Córdoba, hoy convertido en el Parque de las Tejas.
Antes del acto, De la Sota invitó al presidente a una reunión a solas, en su oficina de trabajo, que estaba al fondo del amplio despacho de gobernador.
El tema de discusión fue un tema recurrente en la relación Córdoba-Nación: el déficit de la Caja de Jubilaciones.
La conversación entre los mandatarios fue subiendo de tono. Tanto, que en un momento un miembro del personal de Protocolo ingresó –sin golpear la puerta– cuando ambos hablaban a los gritos y parados. Parecía que se irían a las manos.
“Tranquilo, no nos vamos a pelear. Ambos somos muy vehementes”, dicen que De la Sota tranquilizó al funcionario de Protocolo provincial, mientras Kirchner –parado y con gestos de estar furioso– no le sacaba la mirada a la pantalla de la computadora del gobernador donde estaban los números de la Caja.
De la Sota tomó distancia del kirchnerismo, luego de las elecciones legislativas de 2005.
La guerra entre el PJ cordobés y el kirchnerismo arrancó en el conflicto con el campo (2008), cuando Cristina Fernández presidía el país, y Schiaretti gobernaba Córdoba.
La entonces presidenta, con el apoyo de su influyente marido, le declaró la guerra al sector agropecuario, en un conflicto que se extendió desde mediados de marzo, hasta el 18 de julio de 2008, cuando el vicepresidente Julio Cleto Cobos desempató en contra de su propio Gobierno.
Schiaretti y De la Sota se pudieron enseguida en favor del campo, lo que les valió ser declarados como “enemigos” por el kirchnerismo.
Luego de aquel conflicto, durante su primer mandato como gobernador, Schiaretti casi no tuvo relación con el Gobierno nacional. Córdoba recibía sólo lo que correspondía a la coparticipación, mientras que el kirchnerismo decidió bajar recursos y obras directamente a los intendentes cordobeses.
Eduardo Accastello, entonces intendente de Villa María y exministro de Gobierno de De la Sota, fue una vía directa de la Casa Rosada con los municipios.
La última batalla
El inicio de la guerra fue el conflicto con el campo, pero la batalla más fuerte fue en diciembre de 2013, cuando en medio del amotinamiento de la Policía provincial, el Gobierno nacional hizo oídos sordos a los pedidos del gobernador De la Sota de enviar fuerzas federales.
Esto generó que durante casi 48 horas, la capital cordobesa a merced de los delincuentes. Ocurrió el 2 y 3 de diciembre de aquel año.
Un año antes del motín policial, De la Sota había presentado una demanda contra la Nación por la deuda con la Caja de Jubilaciones.
En noviembre de 2015, la Corte Suprema de Justicia le dio la razón a Córdoba. Fue una deuda que debió afrontar la gestión macrista, que acordó con Schiaretti.
La presidencia de Macri fue el único período de buen vínculo entre la provincia y la Nación. Para no pocos peronistas cordobeses -entre ellos, el propio De la Sota, hasta poco antes de morir en un accidente, el 15 de septiembre de 2018- fue “demasiada” la buena la relación entre el Schiaretti y el macrismo.
En el tercer mandato de Schiaretti (2019-2023), casi no tuvo vínculo con el gobierno de Alberto Fernández, secundado por Cristina Kirchner. Los saqueos de 2013 fueron el quiebre definitivo en la relación entre el PJ provincial y el kirchnerismo.
Lo que viene, lo que viene
A las pocas horas de ser elegido gobernador, Llaryora trató de diferenciarse con los anteriores peronistas, con una definición política fuerte: “Somos una nueva generación que arranca de cero, que no tiene nada que ver con las anteriores gestiones”, levantando las banderas del “partido cordobés”.
No obstante, pese a que recién transcurrieron dos meses, arrancó mal la relación del nuevo gobernador con el flamante presidente libertario.
Por ahora, el gobernador trata de minimizar las acusaciones de “traidor” que lanzan desde la Casa Rosada.
Llaryora habla de consenso y diálogo, mientras que el propio Presidente no ahorró agravios hacia los gobernadores y legisladores que no apoyaron su paquete de leyes.
La historia marcará cómo sigue esta relación. El presente indica que puede ser tan áspera como el vínculo que los otros dos gobernadores peronistas mantuvieron con el poder central.
