En diciembre de 2018, una tormenta con ráfagas de viento de entre 100 a 110 kilómetros por hora en la zona de San José de la Dormida, Santa Elena y Rayo Cortado destruyó entre 5.000 y 6.000 hectáreas de maíz en estado de seis hojas. Los cultivares ubicados detrás de cortinas de algarrobo blanco no sufrieron ningún tipo de daño y la distancia protegida fue de hasta 600 metros.
La situación mencionada por Luis Argüello Pitt y Eduardo Castro, socios en la empresa Optimizar Forestal dedicada a los servicios de forestación, refleja la importancia que tienen las masas arbóreas más allá del cumplimiento de cualquier legislación.
A partir de ese fenómeno climático, productores pertenecientes al Grupo Río Seco hicieron punta en el manejo forestal con el algarrobo con una doble finalidad: proteger a los cultivos a través de cortinas y también cumplir con la exigencia de ley provincial agroforestal 10.467.
Más hacia el este, sobre la Laguna Mar Chiquita, otras 40 hectáreas de la misma especie le permiten a un productor de Obispo Trejo hacer un manejo silvopastoril.
Lo mismo está sucediendo en el sur de la provincia, donde en suelos bajos y anegables, con alto porcentaje de salinidad, algunos clones de Sauces de porte maderable se combinan con pasturas, como el agropiro, para permitir un modelo de producción de carne recuperando zonas improductivas.
Los ejemplos, identificados por los asesores forestales en una charla con Agrovoz, son una muestra del crecimiento que la forestación está teniendo en la provincia; en parte impulsada por la nueva ley agroforestal sancionada el agosto de 2018 y que obliga para dentro de nueve años que entre el dos y tres por ciento en promedio del total la superficie agropecuaria de la provincia esté forestada.
Potencial
“Se cree que en Córdoba alrededor de 150 mil hectáreas serán masa forestal, cinco veces más que el máximo histórico que hubo en la provincia, ya hace más de 40 años, cuando se instalaron 30 mil hectáreas de masas con pinos”, comparó Eduardo Castro. En ese tiempo, la mayor área implantada en un año en la provincia fueron cinco mil hectáreas.
Más allá de la coyuntura, hay una tendencia a hacer de la forestación una práctica estratégica. A partir de lo suscripto en la Conferencia de París en 2015, Argentina se comprometió a forestar en los próximos 10 años un millón de hectáreas, mientras que para mitigar 40 por ciento de las emisiones de dióxido de carbono que genera el agro (que representan el 38 por ciento del total) existe el deber de incorporar 640 mil hectáreas. “Si Córdoba incorpora 150 mil hectáreas sería una gran contribución”, dimensionó Castro.
Creada hace un año y medio, Optimizar implantó durante 2019 más de 300 hectáreas con más de 150 mil plantines. Con dos viveros, uno ubicado en La Granja y el otro en Yacanto de Calamuchita, la empresa se provee su propio material genético en especies como pino, álamos, algarrobo blanco, roble europeo, acacia blanca, entre otras.
Un convenio con un vivero de la provincia de Buenos Aires le está permitiendo reproducir determinados clones de sauces en estaca en ambos establecimientos de la provincia, adaptados a sus condiciones.
“A partir del pilar que significa la sustentabilidad, prevista por la ley provincial, se pueden hacer proyectos que sean amigables con el ambiente, que mitiguen erosiones, que permitan el tratamiento de efluentes y hacer un manejo foresto industrial de la plantación”, explicó Argüello Pitt.
Empresas agrícolas que certifican normas internacionales para lograr un diferencial de precio por tonelada producida, como por ejemplo la certificación RTRS para soja con sustentabilidad, son las primeras que se han adecuado su modelo a la normativa de la ley agroforestal.
“Los productores que ya tienen definido para este año la ejecución del plan forestal son aquellos que están vinculados a certificaciones para exportar y que están viendo en la medición de la huella de carbono del proceso productivo un requisito a cumplir”, indicó el asesor técnico.
En el resto, la suba de las retenciones y los mayores costos que deberá afrontar las explotaciones podrían diferir los tiempos de las inversiones.
Otras ventajas
Sin embargo, además de los beneficios ambientales y agronómicos que aportar la forestación, el impositivo también está presente. En su artículo 34, del decreto provincial ley forestal 2.111 vigente desde 1956, prevé que por cada hectárea incluida en un esquema silvo pastoril se eximan cinco de la contribución territorial (Impuesto Inmobiliario Rural). “Hay muchos productores con hectáreas marginales a los que les interesa armar el proyecto, porque además de amortizar la plantación en cinco años forestan en una zona marginal y pueden eximir del impuesto a una agrícola”, graficó Argüello Pitt.
Además de cumplir con la legislación provincial, la incorporación de masas forestales también ofrece un reintegro económico para los interesados en producir madera, a partir de una norma nacional. “La ley 25.080 que instituye un régimen de promoción para las inversiones que se efectúen en nuevos emprendimientos forestales también prevé un reembolso”, sostuvo Castro.
Ambos asesores participaron en ocho de los 14 ensayos demostrativos realizados por el Ministerio de Agricultura en diferentes lugares de la provincia, en condiciones de estrés múltiple, para evaluar cuáles son las especies que mejor se adaptan a la zona.
Según Argüello Pitt, el desafío que tienen como empresa es cambiarle al productor la mirada sobre la forestación. Aseguró que no es un gasto sino una inversión con beneficios ambientales, productivos y también impositivos. “Para cada explotación se puede desarrollar una solución a medida”, destacó.
Uno de los proyectos que tiene la empresa es comenzar a trabajar en el establecimiento El Manantial, ubicado en La Carlota. Allí, sobre una superficie de casi 8.000 hectáreas, un total de 1.500 hectáreas reciben desde hace años un manejo como corredor biológico donde se mantiene la flora y la fauna autóctona, monitoreados a través del trabajo del Conicet. La idea es ahora vincular cada uno de esos paisajes multifuncionales con algarrobos.
La práctica de manejo ha generado impacto directo en el aumento de la producción, por mayor agentes polenizantes y disminución en la aplicación de insecticidas, debido al aumento de población de controladores biológicos.
