El Gobierno nacional se enfrenta otra vez a los mismos problemas que viene surfeando en los últimos meses. Por un lado, espera conseguir el apoyo del Fondo Monetario Internacional (FMI) y recibir U$S 4 mil millones que el organismo debió haber pagado el 30 de junio; y por otro, lograr que los productores vendan soja, maíz y girasol, para ayudar a la recuperación de las reservas negativas del Banco Central.
La economía todavía está sufriendo los efectos del clima, la actividad económica se contrajo durante el mes de mayo con una fuerte caída del 5,5% frente a igual mes del año anterior, arrastrada por el impacto de la peor sequía en 70 años.
Según las cifras del Indec, con relación al mes de abril, la caída de la actividad económica durante mayo fue del 0,1%, sumando así el segundo mes a la baja, luego del 1,8% de caída de abril respecto a marzo.
Con esta tendencia se espere que la actividad económica caiga a su punto más bajo durante el tercer trimestre del año, en pleno proceso electoral.
Las cifras oficiales no hacen más que confirmar que el retroceso económico tiene origen en el sector agropecuario a partir de la sequía. La pérdida en ingreso de divisas como consecuencia de la falta de lluvias se estima en U$S 21 mil millones, y este fue uno de los principales factores que produjo el incumplimiento del acuerdo con el FMI.
El informe del Indec indicó que la actividad del agro se desplomó 43,8% en forma interanual, siendo la contracción más fuerte de una serie de 15 meses consecutivos de retroceso.
De acuerdo con los analistas económicos, este ciclo negativo no se detendrá hasta la próxima cosecha fina.
Sin embargo, la siembra de los cultivos de invierno está demorada en muchas zonas del país por la falta de humedad de los suelos, y muchos lotes con trigos de ciclo largo no se han podido sembrar.
En la realidad, son muchas las zonas donde la sequía todavía no se cortó y continúan los problemas por la falta de lluvias, necesarias para la recomposición del perfil de humedad de los suelos.
La otra cara de la moneda ha sido el exceso de lluvias que se registró en campos del sudeste de la provincia de Buenos Aires, donde se inundaron y no se pudo sembrar por exceso de humedad.
Todos los cultivos sufrieron fuertes pérdidas de producción por la sequía, pero el que más consecuencias negativas directas e indirectas produjo ha sido la soja.
En nuestro país, se industrializa el 90% de la oleaginosa, de la mano del complejo agroindustrial procesador más importante del mundo.
Motor a media máquina
En 2022, el sector aceitero ingresó divisas por U$S 24.500 millones, lo que representa el 57% del total de divisas que ingresan por el sector agropecuario.
Para 2023, se estima que el ingreso de dólares llegue a U$S 15 mil millones, una merma de U$S 10 mil millones con respecto a la cosecha anterior. Y el aporte por retenciones fue de U$S 7.100 millones (2022), el 80% del ingreso total por derechos a las exportaciones.
Estas cifras no hacen más que confirmar la importancia que tiene la producción de soja y todo su complejo agroindustrial y exportador, para toda la economía argentina.
En la coyuntura, la industria aceitera está sufriendo la peor crisis de oferta en toda su historia, ya sea por la fuerte caída en la producción como por la resistencia de los productores a vender la soja. Todo en un año cargado, además, de máxima incertidumbre política, económica y cambiaria.
Hoy los productores tienen existencias de soja por 12 millones de toneladas, equivalentes a U$S 7.200 millones.
La gran duda es que si aun con un “dólar soja 4″ los productores están dispuestos a vender el grano. Personalmente, lo veo muy difícil.
