Las retenciones a la soja, un tema clave de la política agropecuaria, y central en el esquema económico tributario, podrían tener dos cambios significativos en el corto plazo, según las declaraciones del ministro de Agricultura, Luis Basterra, quien aseguró que las compensaciones para quienes producen menos de 1.000 toneladas de la oleaginosa "están casi listas para entregarse en principio en septiembre".
Este plazo ya había sido anticipado por Basterra en una conferencia que mantuvo con Amcham hace dos semanas.
Además, dijo que en el Gobierno "está en estudio" el nivel de alícuotas de los derechos de exportación para los subproductos de ese grano, que hasta agosto de 2018 tributaban tres por ciento menos que el grano.
“Estamos evaluando el tema para validar un punto virtuoso que favorezca el agregado de valor sin transferencias de recursos como presuponen algunos”, dijo el ministro este martes, en una videoconferencia con la Asociación de la Cadena de la Soja (Acsoja).
Basterra retomó así las declaraciones que había realizado a fines de julio en una entrevista con Clarín, cuando anunció que el diferencial arancelario para los distintos rubros sojeros estaba "bajo análisis, y con posibilidades de reponerlo".
Tanto un mes atrás como ahora, el ministro de Agricultura puso en consideración que algunos productores “presuponen que el diferencial termina resultando un precio menor para el productor”. Y este martes afirmó que cuando la harina y el aceite, entre otros subproductos del grano (poroto) pagaban otro nivel de retenciones “sin dudas ha significado un efecto de inducción para el desarrollo de la industria como evidentemente ha tenido”.
Según Basterra, “es posible encontrar un punto, que estamos buscando, para ver dónde se desequilibra la relación entre los distintos eslabones, desde los productores a la industria y la exportación, para que no pierda un sector y gane otro”.
El ministro no dio mayores detalles al respecto, pero ofreció una pista sobre su visión. Dijo que “es deseable que los productores se involucren en toda la cadena”, para el agregado de valor y una mayor participación del negocio.
Al respecto, citó los casos de los agricultores socios de la “Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA) como también los de Agricultores Federados Argentinos (AFA) y de Fecofe”, que según Basterra han logrado "una mejor captura de la renta hacia arriba de la cadena”.
Basterra consideró que “como política de largo plazo, los productores tienen que avanzar en la cadena de agregación de valor, de una forma u otra sea haciéndose cuotapartistas de algún emprendimiento de transformación, por ejemplo siendo parte de una cooperativa u otro tipo de asociativismo”.
Segmentación por escala
Sobre la compensación para los que producen menos de 1.000 toneladas de soja por año, una medida anunciada en marzo pasado por el Gobierno, Basterra explicó que "el incremento (en las retenciones a la soja) de 30% a 33% no tuvo ningún sentido recaudatorio" debido a que la diferencia "no está destinada a que vayan a las arcas del Estado, sino que van a un proceso de redistribución en aquellos sistemas productivos de menor escala".
"En este sentido, hemos diseñado un mecanismo que está próximo a instrumentarse", agregó el ministro. Dicho sistema de segmentaciones estipula que los productores de soja de menos de 1.000 toneladas anuales recibirán una compensación, con lo que la alícuota será como máximo del 30 por ciento según la escala de producción.
Según las cifras del ministerio, esta medida beneficiaría a 46.406 pequeños agricultores que componen el 74 por ciento del total de los productores de soja y el 23 por ciento del volumen de producción de la oleaginosa.
De acuerdo al esquema bosquejado en marzo, los que produzcan menos de 100 toneladas -significaría una producción en menos de 50 hectáreas- terminarían pagando retenciones al 21%. A medida que se incremente el volumen, la escala sería la siguiente: entre 100 y 200toneladas, 24%; entre 201 y 300, 27%; entre 301 y 400 toneladas; 28%; de 401 a 500 tn, 29%, y de 500 a 1.000 toneladas; 30%. Los demás, quedarían con la alícuota de 33% establecida en marzo, luego del salto de diciembre, de 24,5 a 30%, cuando asumió el actual Gobierno.
"Suponemos que en septiembre ya va a estar todo cerrado el sistema, aprendiendo de las experiencias anteriores para que no existan situaciones de inequidad o de incorrecta gestión de los recursos públicos. De esta manera, esta compensación que van a tener los sistemas de menor escala se van a llevar adelante en un muy breve lapso. Estamos cerrando números, haciendo los ajustes con Afip", indicó Basterra.
