En medio de un proceso de concurso preventivo ante la Justicia y de una baja en el consumo de lácteos, la empresa Alimentos Refrigerados SA (Arsa) solicitó a la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina (Atilra) suspender a una buena parte de su personal.
La medida, rechazada por sindicato, incluiría a buena parte de los 500 trabajadores que la empresa tiene en las plantas ubicadas en la ciudad de Córdoba, camino a Monte Cristo, y en Arenaza, en la provincia de Buenos Aires.
En el establecimiento industrial ubicado en Córdoba trabajan en la actualidad alrededor de 200 personas.
Ante la situación de crisis que atraviesa la lácteo, que hasta 2016 fue parte de la cooperativa Sancor, sus autoridades mantuvieron el martes 28 de mayo una reunión en el consejo nacional de Atilra y con los delegados representantes en ambas plantas.
“Esta reunión, que se llevó a cabo por pedido de la propia empresa, tenía como fin presentar en detalle la crítica situación que la compañía se encuentra atravesando, en la búsqueda de alcanzar consensos con dichas autoridades para poder avanzar en alternativas que permitan, a partir de una reestructuración y reingeniería de los procesos productivos, garantizar la continuidad de las operaciones de la empresa, en un contexto sumamente difícil, signado por un marcado deterior del poder adquisitivo y como consecuencia una gran caída del consumo en general y de los productos que elabora nuestra compañía en particular”, informó la empresa a través de un comunicado.
Como parte de su reestructuración, Sancor acordó en 2016 la venta a Vicentin Family Group (otra unidad de negocios independiente de la agroexportadora también concursada), a cambio de U$S 100 millones, de las líneas de yogures, flanes y postres que la cooperativa elaboraba en las plantas ubicadas en Córdoba y en Arenaza. La cesión derivó en el nacimiento de Arsa, que produce y comercializa con la marca Sancor.
Arsa –ahora gerenciada por la empresa venezonala Maralac– había solicitado el 21 de diciembre de 2023 su concurso preventivo de acreedores, un trámite que fue convalido con la apertura concursal el 1° de marzo de 2024.
Según la empresa, el procedimiento ante la Justicia fue solicitado como consecuencia de los problemas financieros que la compañía atravesaba por el contexto macroeconómico, lo que le generó en ese momento aumento de los costos operativos en contraposición a una fuerte caída de ventas.
“Aun en esta coyuntura, la empresa priorizó con un gran esfuerzo el sostenimiento de las fuentes laborales y el pago de los salarios”, informaron desde Arsa.
En su presentación ante la Justicia, la empresa declaró tener un pasivo de $ 49.713,7 millones en 339 acreedores, a los que se suman $ 67.354,1 millones eventuales por garantías de deudas de terceros, cuando realizó la compra a Sancor en 2016.
Según la empresa, la situación en los últimos meses lamentablemente ha empeorado significativamente, haciendo inviable el sostenimiento de la estructura productiva actual.
“En virtud de lo cual planteamos la ineludible necesidad de prever un determinado porcentaje de suspensiones laborales por un margen de tiempo. Esta medida le permitiría a la compañía adecuar la plantilla activa de empleados a los niveles actuales de producción, necesarios para responder al nivel de comercialización y ventas que tienen nuestros productos en el contexto actual”, admitió la empresa.
El pedido incluye de manera proporcional a parte de los 500 trabajadores que la firma tiene en ambas plantas elaboradoras de productos lácteos frescos.
Ante la propuesta empresarial, el gremio rechazó de manera terminante el planteo de suspensiones, al tiempo que amenazó con la implementación de medidas de fuerza, lo que desde la empresa aseguran perjudicará aún más el desenvolvimiento de la empresa.
Arsa no es la única empresa del sector lácteo en problemas. Desde finales del año pasado, La Lácteo, ubicada en Capilla de los Remedios, también viene atravesando dificultades económicas y financieras.
