Los números económicos que aportará la producción de soja en la actual campaña ratifica la presencia de un socio mayoritario, a la hora de recibir el beneficio de los ingresos. Se trata del Estado, en todas sus manifestaciones: nacional, provincial y municipal.
Un informe realizado por el productor agropecuario, exdirigente rural y exsecretario de Bioeconomía de la Nación, Néstor Roulet refleja que tanto el productor dueño del campo como aquel que alquila 200 hectáreas le transfiere al Estado más de la mitad del ingreso total por hectárea de soja cultivada.
Para el cálculo de la presión impositiva que pesa sobre el cultivo en campo propio, el productor tuvo en cuenta una superficie de 200 hectáreas, sin tener el cuenta el costo oportunidad de la tierra, con 1 empleado y una distancia a puerto de 300 kilómetros del puerto y donde al ingreso bruto se le descuentan los costos directos, indirecto, de infraestructura e impositivo.
Con un rendimiento de 3,5 tonealdas por hectáreas, el ingreso bruto que recibe el productor es de U$S 1.575, de los cuales el Estado se lleva U$S 784,82, en concepto de 33% de retenciones (U$S 519,75) y de costos impositivos (U$S 265,07).
“Si analizamos la participación de todos los actores del cultivo de la soja en el resultado final de siembra en campo propio el Estado se lleva prácticamente el 49,8% del ingreso de dólares por hectárea”, sostiene Roulet.
En el caso de los productores que arrienda, que son la gran mayoría, la presión tributaria por hectárea de soja es aún mayor. Además, también para el dueño del campo.
Según el informe del exdirigente rural, en un campo alquilado (con el mismo tamaño y la misma productividad que en el caso del productor propietario) el Estado se lleva en concepto de retenciones U$S 575,5 por hectárea, además de U$S 221,29 de costo impositivo del productor y en el caso del propietario arrendador U$S 93,43 por hectárea. En total, la presión impositiva en una hectárea de soja arrendada es de U$S 833,47, el 53% del total de los ingresos.
A nivel nacional, y de acuerdo con los número de Roulet, el Estado recaudará en la campaña 2023/2024 solo por el cultivo de la soja U$S 13.675 millones, lo que representa un 52 % del ingreso bruto de dólares.
Tranqueras adentro, al dueño de campo que alquiló a un valor de 15 quintales por hectárea, luego de restarle el costo impositivo, le quedan 7,6 quintales, lo que representa U$S (228,71 dólares. “Si el valor del campo es de U$S 15.000 U$S/ha, la renta es del 1,5 % anual en dólares”, advierte el productor.
En el caso del inquilino, que invierte U$S 834 por hectárea el resultado final es de U$S 37,82 por hectárea, “lo que implica una renta del 4,5 % del capital invertido, con todos los riesgos climáticos, biológicos y de mercado”, observa el informe.
En este esquema tributario, “el Estado se queda con 52 % de los ingresos sin riesgo y sin inversiones, ya que no hay caminos rurales ni rutas acorde a la producción, ni obras de sistematizaciones hidráulicas, ni seguros de riesgos climáticos, ni seguridad de carga”, enumera el productor.
A partir de estos números, según Roulet al Estado le conviene el sistema de producción en campos alquilados, ya que con el modelo (recauda impuestos al inquilino y al arrendador) recibe ingresos un 6,5 % más que en una hectárea propia
Si se tiene en cuenta los 17,3 millones de hectáreas sembradas con soja en el país, con un ingreso impositivo promedio de U$S 818,87, y con un valor promedio de U$S 15.000 la hectárea agrícola país, el Estado se queda en forma anual con el 5,5 % del valor de la tierra.
“Prácticamente en estos 22 años de vigencia de las retenciones, se quedó con el 100 % del valor del campo”, concluyó Roulet.
