El ataque informático que sufrió en Poder Judicial de Córdoba también se extendió en los últimos días a empresas de la provincia.
Ese es el caso de Aceitera General Deheza (AGD), la empresa ubicada en la ciudad del departamento Juárez Celman, que informó el 10 de agosto un hackeo contra su sistema informático.
“Nuestra empresa ha detectado una intromisión en sus sistemas informáticos. Es por este motivo que se activaron protocolos de seguridad, a fin de realizar un análisis exhaustivo de la situación y se efectuaron las denuncias correspondientes”, informó la empresa a través de un comunicado.
La compañía también indicó que está trabajando intensamente para restablecer el normal funcionamiento de todos los equipos y redes de acceso.
“Cabe destacar que a pesar de esta circunstancia, continuamos ejecutando nuestras actividades y operaciones habituales”, aclaró.
Hackeo: pedido de rescate en criptomonedas
En medio de los festejos patronales de la ciudad de General Deheza el empresario Roberto Urquía, reconoció que los hackers solicitaron dinero para dejar sin efecto el ataque al sistema de datos.
“No vamos a pagar absolutamente nada… Nos pidieron una cifra importante” destacó el CEO de la empresa en declaraciones difundidas por el portal Región del Maní, de General Cabrera.
Agregó que el pedido de rescate fue criptomonedas.
Urquía sostuvo que, a pesar de la intromisión en el sistema informático, la empresa no paró la producción, “seguimos trabajando como lo hacíamos 40 años atrás, a mano” y que aún se están evaluando los daños y las pérdidas producidas.
Destacó que van a recuperar todos los datos del sistema de backup que posee la empresa. “El ataque fue fundamentalmente en el área de administración y de originación de materia prima, pero el área industrial no tuvo ningún daño”, precisó el industrial quien aclaró además que no hay datos “secuestrados” por los atacantes.
Anticipó que para este martes ya se preveía que un 90 % del sistema habría vuelto a funcionar, gracias al trabajo de los expertos.
La empresa cordobesa radicó la denuncia en la Justicia, teniendo en cuenta que, además del ataque sufrido, se vio obligada a incumplir con algunos formularios de índole nacional y provincial, para los que recibió la autorización correspondiente.
