En la historia moderna del comercio mundial de granos, el boom de precios agrícolas tiene tres momentos bien definidos: 2008, 2011, y el que comenzó el año pasado y se mantiene en la actualidad.
Los tres acontecieron en el país bajo administraciones kirchneristas; dos tuvieron resultados muy diferentes para la economía nacional y el tercero tiene un desenlace incierto.
En 2008, la decisión del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner de aplicar retenciones móviles, y el posterior conflicto con los productores, hizo perder la primera gran chance que dieron los precios internacionales.
Las intervenciones comerciales, a través de los registros de operaciones de exportación (ROE), impidieron el desarrollo y la revalorización de las exportaciones del sector.
En 2011, la sucesión de eventos climáticos adversos en varias zonas productoras del mundo, que afectaron la oferta global de trigo, soja y maíz, volvió a favorecer a los precios agrícolas.
Con una intervención comercial más acotada y menor conflictividad, la liquidación de divisas durante ese año alcanzó los 25.033 millones de dólares, la segunda mayor cifra de la historia.
Durante el período de bonanza que arrancó el año pasado y se mantiene por estos días, la suba de las cotizaciones sí pudo ser aprovechada; aunque en parte, ya que las retenciones y la brecha cambiaria le restaron competitividad.
A pesar de ello, las exportaciones de granos y subproductos agrícolas aportaron el año pasado divisas récord por un total de 32.800 millones de dólares, 12 mil millones de dólares más que en la campaña anterior.
Más intervención, un clásico
Por estos días, no obstante, la tendencia alcista que exhiben los granos tiene signos de interrogación respecto de su aprovechamiento doméstico.
Es que la decisión del Ministerio de Agricultura de la Nación de suspender el registro de exportaciones de harina y de aceite de soja –los productos de mayor valor dentro del complejo agrícola–, y subir sus retenciones hace incierto el comercio 2022.
Además, abre un nuevo conflicto con el sector, que en una hipótesis de mínima podría generar un menor flujo de ventas por parte del productor, de cara al ciclo comercial que arranca el mes próximo.
En vez de aprovechar el viento a favor que generan las cotizaciones, el Gobierno nacional vuelve a quemar las naves y a poner en riesgo otra buena oportunidad que el mundo les da a los países productores de alimentos.
En el primer bimestre del año, el complejo agroexportador que integran los granos y los subproductos oleaginosos aportó divisas por una cifra histórica para ese período: 4.950 millones de dólares.
El aporte fue una demostración de que Argentina podía cerrar otro año con un nuevo superávit comercial, aunque quizá más reducido que en 2021.
“Los ingresos por exportaciones van a subir, por la suba de los granos, pero también habrá un aumento en la cuenta energética, que habrá que afrontar por la suba en el precio del gas y del petróleo”, alertó el economista Jorge Ingaramo durante el ciclo de charlas “Granaderas”, organizado por la Asociación de Frigoríficos e Industriales de la Carne de Córdoba.
En su afán por recaudar más dinero, en un escenario con viento de cola para los granos, el Gobierno toma el camino más complicado: subir impuestos y tensar la cuerda con los productores.
La opción más lógica hubiera sido que el productor y la industria aprovecharan los precios; y el Estado, su retribución en más divisas. Ahora, el estado de asamblea permanente anunciado por entidades rurales y grupos de autoconvocados pone a las partes en las puertas de otro conflicto.
La convicción que tienen las autoridades nacionales de que la suba de los precios de los alimentos es sólo por el incremento de las cotizaciones internacionales es reduccionista.
No hay otro país en el mundo productor de alimentos que intente por la vía impositiva (más retenciones) desacoplar los precios domésticos.
Es la razón más contundente para afirmar que una mayor intervención tampoco tendrá resultado.
