Por definición, un impuesto es una obligación económica que recae sobre individuos o entidades, y que implica el pago de una suma determinada de dinero. Al tratarse de una imposición –es decir, una obligación pecuniaria aplicada a los ciudadanos sin una contraprestación directa–, su finalidad es financiar los servicios públicos. En este sentido, el Estado no tiene la obligación de acordar su aplicación con los contribuyentes.
Sin embargo, en la práctica, las administraciones suelen ensayar acuerdos con los representantes de quienes pagan esos tributos para evitar conflictos por su magnitud o impacto.
Eso es lo que se ha intentado en los últimos años entre el Gobierno de Córdoba y el sector agropecuario, en torno del valor que debe tener anualmente el Impuesto Inmobiliario Rural.
Esa instancia de diálogo con la Mesa de Enlace tiene como principal objetivo mantener el flujo de recursos destinado a la infraestructura productiva, la función esencial que cumple el tributo sobre la tierra en el territorio cordobés.
En ese marco de negociación, la Provincia insiste en que la dimensión actual del impuesto responde a una actualización y no a un aumento de la contribución.
Para la anualidad 2026, y en función de lo acordado entre las partes, el propósito central es conservar el mismo nivel de recursos que el año pasado, ajustado por inflación. Esa actualización se estima en torno del 30%.
Para determinar ese porcentaje, se buscó un índice que resultara aceptable para el sector. En esta oportunidad se optó por el índice de precios mayoristas, considerado más moderado que el índice salarial utilizado en años anteriores.
Desde el Gobierno provincial, destacan que, en el caso cordobés, la recaudación del Inmobiliario Rural tiene una naturaleza esencialmente contributiva. De hecho, se señala que sólo el 2% del monto recaudado corresponde al impuesto propiamente dicho, mientras que el 98% retorna al sector a través del Fideicomiso de Desarrollo Agropecuario (FDA), creado en 2019.
En este sentido, si bien se trata de una imposición fiscal, la dinámica de diálogo con las entidades rurales busca compartir una visión común sobre cuánto dinero se necesita para sostener las obras y el mantenimiento de la red productiva.
Para justificar el esquema, en la Provincia comparan el esfuerzo fiscal de los productores locales con el que realizan por las retenciones nacionales. Según el ejemplo oficial, un productor de la zona de Marcos Juárez con una buena cosecha paga entre 13 y 14 quintales de soja en concepto de retenciones, mientras que apenas aporta un quintal por el Impuesto Inmobiliario Rural.
En términos relativos, afirman, los productores pagan hoy menos soja equivalente por su contribución provincial que en años anteriores.
El consenso alcanzado con la Mesa de Enlace también se traduce en una definición conjunta de las prioridades de inversión. Las propias entidades rurales participan en la identificación de las zonas donde deben ejecutarse obras de mejora de caminos.
Para el ejercicio 2026 se incorporó, además, una figura novedosa: el “propietario favorable”, que busca reconocer con un descuento en el impuesto a quienes producen en campos propios y asumen directamente el riesgo productivo, sin penalizar a quienes alquilan.
El Fideicomiso de Desarrollo Agropecuario, por su parte, se consolidó como una herramienta eficaz que garantiza que el 98% del tributo recaudado se destine a obras vinculadas al sector.
Aunque los recursos son finitos, el Gobierno provincial está priorizando las intervenciones en los siete mil kilómetros de caminos rurales de alta transitabilidad, identificados a través de la plataforma de información de Idecor.
Al mirar hacia adelante, una posibilidad que se analiza en el Panal es utilizar el FDA como garantía para acceder a financiamiento externo destinado a ampliar la infraestructura rural.
Según fundamentan especialistas en finanzas, el fondo presenta características ideales para ser usado como colateral: tiene flujo constante, capacidad de recuperación y respaldo en la contribución de los productores.
De concretarse esta estrategia, el fideicomiso podría multiplicar su capacidad de inversión y generar un volumen de recursos que permita un salto significativo en el desarrollo de la infraestructura agropecuaria de Córdoba.
