La historia reciente de Vicentin acaba de cerrar un capítulo clave: la Justicia finalmente resolvió otorgarle el control definitivo de la compañía a la empresa Grassi SA.
La sentencia, dictada por el Juzgado Civil y Comercial de Segunda Nominación de Reconquista (Santa Fe), validó el esquema de salvataje aprobado por los acreedores y dejó firme la transferencia de las acciones a la mencionada firma.
El dictamen establece que la operación se encuentra ajustada a derecho y que se cumplieron los requisitos legales necesarios para avanzar con la nueva conducción de la empresa.
Con esta resolución, Grassi asume formalmente la conducción de uno de los complejos agroindustriales más importantes del país.
Los detalles
El control incluye las principales unidades operativas de Vicentin, en un contexto en el que la empresa venía funcionando con fuertes limitaciones financieras y operativas desde el inicio del concurso de acreedores.
En un comunicado oficial, Grassi señaló que comienza “una nueva etapa” para la compañía y destacó el rol de los trabajadores que sostuvieron la actividad en los años más críticos.
La firma remarcó su compromiso con una gestión basada en transparencia, profesionalismo y visión de largo plazo; además, anticipó un plan orientado a recuperar la operatividad y el posicionamiento comercial.
El fallo judicial marca un punto de inflexión para Vicentin, cuyo concurso se había convertido en uno de los casos más complejos del sector agroindustrial argentino.
Con el traspaso accionario ya firme, el foco del proceso se traslada ahora a la gestión productiva y comercial, en un escenario en el que proveedores, clientes y el propio mercado siguen de cerca la evolución de la llamada “Nueva Vicentin”.
Desde el grupo empresarial, también indicaron que la nueva etapa contempla inversiones para modernizar procesos, mejorar estándares de eficiencia y seguridad, y proyectar a Vicentin hacia nuevos mercados.
En paralelo, confirmaron que ya trabajan junto a socios comerciales para asegurar canales de financiamiento y comercialización que permitan normalizar la actividad.
En agosto pasado, la cerealera quedó expuesta a una situación patrimonial deficitaria estimada en alrededor de U$S 1.000 millones.
Con esta situación, el juez comunicó la creación de un comité de control, que estará compuesto por el Banco Nación y la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA).
La Sindicatura tendrá que armar un listado de 10 acreedores, los cuales podrán ser elegidos para formar parte del comité.
