La industria argentina de los biocombustibles encendió una señal de alarma ante una iniciativa que analiza la comisión europea, que propone excluir del mercado comunitario al biodiésel elaborado a partir de soja.
De concretarse, la medida podría generar para la Argentina pérdidas por U$S400 millones. Cabe aclarar que la iniciativa no alcanza a la harina de soja, principal producto de exportación del complejo sojero.
La advertencia fue formulada por la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (Ciara) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC), luego de conocerse un documento preliminar de la Unión Europea que revisa los criterios vinculados al denominado cambio indirecto del uso del suelo.
En ese análisis, la soja pasaría a ser considerada de “alto riesgo”, una calificación que implicaría que el bloque europeo deje de importar biodiésel y aceite de soja argentino con destino energético, habilitando únicamente el uso de colza, un aceite producido dentro de la propia Unión Europea.
Si la modificación normativa se implementa durante 2026, la Argentina quedaría excluida de su principal mercado de exportación de biodiésel. Según la propuesta en estudio, Brasil y Estados Unidos también resultarían afectados por la misma restricción.
Durante 2025, la Argentina exportó a la Unión Europea 280.000 toneladas de biodiésel, operaciones que generaron ingresos por aproximadamente 350 millones de dólares. A ese volumen se sumaron 45.000 toneladas de aceite de soja con destino industrial, por un valor cercano a 50 millones de dólares.
El potencial del mercado europeo es incluso mayor. En la actualidad, la cuota asignada a la Argentina para biodiésel asciende a 1,2 millones de toneladas, lo que, en condiciones normales, permitiría exportaciones por alrededor de 1.400 millones de dólares anuales. Sin embargo, el nuevo criterio en evaluación podría dejar sin efecto esa posibilidad y cerrar el acceso de manera permanente.
Respuesta de Ciara y del CEC
Desde ambas entidades sostienen que la iniciativa carece de fundamentos técnicos y responde, principalmente, a decisiones políticas internas del bloque europeo y al contexto de las negociaciones comerciales con el Mercosur.
En ese sentido, remarcan que la superficie sembrada con soja en la Argentina se redujo en los últimos años y que no existen evidencias de una expansión agrícola que justifique su calificación como cultivo de alto riesgo ambiental.
Ante este escenario, la industria avanza en la elaboración de informes técnicos para presentar ante las autoridades europeas y no descarta recurrir a instancias internacionales, como la Organización Mundial del Comercio, si la normativa se aprueba en los términos actuales.
Más allá del impacto directo sobre el biodiésel y el aceite de soja, el eventual cierre del mercado europeo genera preocupación en toda la cadena agroindustrial, ya que podría sentar un precedente en la aplicación de barreras ambientales que condicionen el acceso argentino a mercados estratégicos y afecten la competitividad del sector en el comercio internacional.
