El Juez federal N° 1 de Córdoba, Ricardo Bustos Fierro, resolvió este viernes admitir la acción colectiva presentada por la Sociedad Rural Argentina y otras entidades, entre ellas la Sociedad Rural de Jesús María.
El 21 de febrero, las sociedades rurales presentaron una acción de amparo por la falta de sustento legal en el impuesto a las retenciones. La presentación era con los fines de que la Justicia declarara la inconstitucionalidad e ilegitimidad del cobro de derechos de exportación con posterioridad al 1 de enero del año 2022.
El 31 de diciembre de 2021 venció el plazo fijado en la Ley de Emergencia Pública que delegaba en el Presidente de la Nación reglamentar las alícuotas del tributo. La no sanción de la Ley de Presupuesto 2022, que incluía una prórroga por 2 años de esa facultad, priva de sustento legal a los derechos de exportación exigidos con posterioridad a la fecha mencionada.
Aceptada la presentación
Con su decisión, Bustos Fierro dispuso que la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) deba presentar su informe en un plazo de 30 días, para fijar su posición.
En su resolución, el juez federal admite la acción colectiva y delimita “la clase afectada a todos los productores agropecuarios del país”. Además de ordenar al representante legal de la Sociedad Rural Argentina que informe al Tribunal las diferentes formas habituales de comunicación con los miembros que integran la clase, a fin de evaluar aquella que resulte más idónea para notificarle a éstos la tramitación de la causa”.
Además de librar el oficial “al Estado Nacional (Poder Ejecutivo Nacional) y a la Administración Federal de Ingresos Públicos a fin de que el plazo de 30 días realiceinforme circunstanciado acerca de los antecedentes y fundamento de la medida impugnada por la accionante”.
Reclamo
En su presentación, las sociedades rurales habían argumentado que según lo dispone la Constitución Nacional, y tal como lo reconocen los precedentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, más aún los últimos fallos de la materia, las retenciones a la exportación, por ser manifestaciones del poder tributario del Estado, solo pueden ser exigidas por ley del Congreso, y el Poder Ejecutivo tiene prohibida su creación en cualquier circunstancia.
“Por tal razón, la percepción de derechos de exportación más allá del 31 de diciembre de 2021, sin que el Congreso haya prorrogado las facultades delegadas del artículo 52 de la Ley 27.541, se encuentra viciada de nulidad absoluta e insanable, y es manifiestamente inconstitucional. En tal entendimiento, el Decreto 851/21 dictado el 15 de diciembre de 2021 es nulo también en cuanto fija alícuotas del derecho de exportación para determinadas mercaderías “a partir del 1° de enero de 2022″. O sea, por fuera del período de emergencia de la ley, e incluso por fuera del periodo específico fijado por esa misma ley en el cual podía imponer retenciones”, aseguraba la presentación Judicial.
Rechazo en Río Cuarto
A fines de marzo, La Justicia Federal de Río Cuarto decidió rechazar una acción similar presentada por la Sociedad Rural de esa ciudad.
En esa oportunidad, Carlos Arturo Ochoa, titular del Juzgado Federal de Río Cuarto, dispuso rechazar la solicitud de la entidad ruralista, al considerar que no estaban presentes los requisitos para tramitar el caso como proceso colectivo.
