El 17 de mayo de este año un enorme bloque de ladrillos de un edificio de 15 pisos sobre bulevar San Juan cayó sobre una vivienda y un bar, lo que provocó una tragedia casi sin precedentes en la ciudad de Córdoba.
Ramiro Alaniz Cortés perdió la vida en el lugar y hubo siete lesionados, además de severos daños materiales.
Desde la madrugada de ese domingo, la Fiscalía de Instrucción del Distrito 1 Turno 5 inició un trabajo complejo para determinar la cadena de responsabilidades del suceso.
Tras la declaración de damnificados y de testigos del hecho, la fiscal María Celeste Blasco dispuso el desarrollo de la pericia oficial que consiste en un relevamiento exhaustivo integral de la documentación –textual y audiovisual– del hecho y del edificio María Reina V.
“Aún no están concluidas las tareas periciales por lo que no hay conclusiones”, contó Carlos Nayi, abogado de la dueña de la vivienda más afectada.
El perito oficial, ingeniero Pedro Huerta, integrante del Centro de Vinculación de Ensayos No Destructivos y de Evaluación de Obras de Infraestructura Civil, perteneciente a la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), junto a los peritos de control de parte mantienen reuniones periódicas con el objetivo de determinar el origen, la dinámica y las consecuencias del desmoronamiento de toneladas de ladrillos.
Los peritos deberán determinar si existieron o no defectos o errores en la construcción que afectaron la habitabilidad, seguridad y funcionalidad del inmueble.
Se prevé que antes de fin de año la fiscal reciba un informe pormenorizado que le permitirá elaborar luego una acusación formal a eventuales responsables del desmoronamiento y de las consecuencias del mismo.
Por el momento, la causa fue caratulada como estrago culposo agravado, y sigue bajo secreto de sumario.
Según esta calificación penal, la Justicia entiende a prima facie que al menos habría un responsable de causar un daño por imprudencia o por negligencia, pero la eventual pena se agravaría porque el hecho provocó la muerte de una persona.
Se fundamenta en una mayor protección que el derecho otorga a la vida humana frente a los bienes materiales.
¿Quién es responsable?
La investigación intentará determinar si la falla ocurrió en el proyecto, en la realización, o por otra razón.
En la construcción del edificio de 80 departamentos intervino la firma Fito SRL. La firma opera en la ciudad de Córdoba desde hace 20 años en la construcción, reforma y reparación de edificios residenciales.
A comienzos de 2010 se inició la obra en la intersección de bulevar San Juan y Corro. Allí intervinieron el arquitecto Federico Yañez y el ingeniero civil Guillermo Juri.
La posible incorporación al cuerpo del expediente de antecedentes que advirtieron fallas previas resultarán trascendentales para reconstruir la vida del inmueble, sobre todo en la última década.
Allí entran en juego el consorcio de propietarios del edificio María Reina V. Los dueños de las unidades conforman una persona jurídica que administra y toma decisiones sobre las partes comunes del edificio. Ante una falla evidente, se presume que se ponen de acuerdo para su solución. A su vez su administración era llevada a cabo por Gestión Nex SAS.
Demolición, hurtos y abandono
Casi dos meses después de la tragedia la empresa de Demoliciones Brasca realizó el trabajo de “desnudar” la pared “ladrillo por ladrillo” del edificio de Bv. San Juan al 600.
Definir las tareas, las medidas de seguridad y el financiamiento del plan de remediación demoraron su inicio.
“Realizamos el trabajo según lo establecido. Una parte cayó sola, pero la otra la realizaron nuestros operarios”, expresó Arturo Brasca a este diario. Por la tarea ya recibió el pago del consorcio de propietarios.
Esa obra conllevó un cierre completo de la cuadra durante varias semanas.
Tras la advertencia de los comerciantes por las pérdidas en las ventas, la Municipalidad de Córdoba les otorgó un beneficio impositivo.
La Municipalidad informó que actualmente el consorcio prepara el plan de remediación de la medianera en cuestión, que deberá presentar a las autoridades de la ciudad.
Además en este tiempo hubo vecinos que denunciaron hurtos en la vivienda contigua. Artículos electrónicos, muebles, entre otros de los antiguos inquilinos fueron sustraídos de la casa a la que nunca pudieron ingresar.
Su abogado Vazken Torossian confirmó el reclamo de una indemnización por las perdidas, lucro cesante por los días en que estuvieron imposibilitados de trabajar y también por daño moral.
También en este tiempo hubo apropiación ilegal de mobiliario y bebidas del bar Posto.
En la actualidad la construcción presenta un estado de abandono y peligro latente para los transeúntes de la zona.
Un dolor eterno
En paralelo, el dolor persiste con crudeza en la intimidad de la familia de Ramiro, quienes no se recuperan de su fallecimiento.
“Sobrellevamos las distintas etapas del duelo como se puede. Alentamos y cuidamos a su novia, mamá de mi nieto, realmente como se puede”, confesó Ana Cortés a La Voz.
Ramiro, cliente habitual del bar, había ingresado al local a pagar cuando quedó atrapado por los escombros.
Deudas y reclamo
Otros damnificados del derrumbe fueron los dueños y empleados del bar. Según informaron fuentes judiciales, dos miembros del personal de ese momento realizaron presentaciones judiciales mientras que la mayoría de los trabajadores contó con la cobertura de la ART.
Con respecto a los daños materiales el seguro del edificio no respondió y el propio del local ofreció una respuesta insignificante. Por lo que iniciaron un reclamo judicial ante ambas compañías de seguros.
“Seguimos con el apoyo de nuestras familias y debiéndole plata a todos el mundo”, contó uno de los dueños.
