A un año de la aprobación de la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), activistas feministas de distintos espacios hacen un balance de su aplicación, las dificultades que se presentan en el camino y los desafíos a plantear en 2022 en relación al aborto legal.
Socorristas en Red, que nuclea a unas 54 organizaciones que hacen acompañamientos a personas que quieren interrumpir sus embarazos, este año recibió 9.900 llamados de todo el país.
El dato corresponde a pedidos que recibieron entre el 20 de enero, cuando la ley 27.610 de interrupción voluntaria del embarazo (IVE) entró en vigencia y el 30 de octubre de 2021. De ese total, 2.377 decidieron que las acompañen en la solicitud en el sistema de salud y 7.523 prefirieron que las acompañen en abortos autogestionados, es decir, por fuera del sistema de salud.
Una de las organizaciones de la red, Socorristas Hilando Córdoba, atendió, en el mismo período,1.869 consulta. De ellas, 1.269 fueron acompañadas en sus abortos y alrededor del 80% pidieron ser acompañadas con abortos autogestionados, es decir, solo con el acompañamiento de la organización mientras el 20% lo hizo a través del sistema de salud.
Los datos indican que aún no hay plena confianza de muchas mujeres y personas gestantes en acudir a los centros de salud a la hora de interrumpir sus embarazos.
“El trabajo como socorristas cambió porque ahora les decimos que es legal, que pueden acudir a los centros de salud con acceso gratuito a la medicación, pero muchas desconfían o acuden a nosotras luego de tener malos tratos en el sistema o que cuestionen su decisión de abortar. También hay miedo al estigma que aún sigue presente sobre el aborto: muchas mujeres de localidades pequeñas no quieren que otros sepan que están acudiendo por una IVE”, explicó Lidia Zurbriggen de Hilando Córdoba y miembro de la Red.
Por su parte, desde la organización La Ruderal (ex Socorro Rosa), que trabaja en Córdoba capital, reciben un promedio de tres llamados por día por consultas de IVE. “Creo que las llamadas disminuyeron un poco respecto a años anteriores pero no sustancialmente. La gente sigue sin saber qué hacer o a dónde ir para abortar ni tampoco sabe cuáles son los métodos”, dijo Lucía Calabria Aragón, miembro de La Ruderal.
Desde la Ruderal coordinan con la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir que están en distintos centros de salud para que las personas que consultan lleguen a lugares donde se garantice su buen trato. En el caso de La Ruderal, la mayoría de los acompañamientos terminan en el sistema de salud y la minoría elige hacerlo solo con el asesoramiento de la organización. “A veces también nos llaman porque ya están siendo atendidas por médicos o médicas pero les siguen quedando dudas o les faltó información y se sienten inseguras”, agregó Calabria Aragón.
“El cumplimiento se dan en gran parte por el activismo”
Ana Morillo, referente de la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir y de la Campaña Nacional por el Derecho al aborto, indica que a modo general la aplicación en Córdoba de la ley se cumple y que pudo llegar a aplicarse rápido por el trabajo previo de las organizaciones activistas que hace años venían acompañando casos de interrupciones legales del embarazo (ILE) cuando era solo por causales.
“Generamos las condiciones desde el activismo para que el sistema pueda aplicar la ley, no empezamos de cero. La Provincia este año hizo capacitaciones pero ya teníamos una base de trabajo previa desde las organizaciones. Lo que notamos es una desigualdad en localidades del interior donde los equipos de salud están más solos para aplicar la IVE o ILE. En esos lugares falta capacitación y lineamientos más políticos de respaldo a realizar la práctica”, explicó Morillo.
Tanto Morillo como las socorristas indicaron que en cuanto a la provisión de medicación, ésta no ha faltado en general.
“Hay que tener en cuenta que ha sido un año de pandemia en donde los centros de salud están recargados y forzados por la atención de casos Covid-19, no es un dato menor ya que también dificulta la plena implementación”, aclaró Morillo.
Tanto las socorristas como María Teresa “Keka” Bosio, referenta de Católicas por el Derecho a Decidir remarcaron el camino trazado en décadas por las organizaciones a la hora de comenzar a aplicar la ley. “Es importante remarcar que en los últimos años hubo una despenalización social de la IVE y que afianzó la ley 27.610. Desde Católicas venimos haciendo un trabajo importante con capacitaciones, con materiales y formación a profesionales, de incidencia política y articulaciones con los efectores en territorio”, indicó.
Desde la organización hicieron distintos tipos de capacitaciones incluso en otras provincias como Formosa. También armaron espacios interreligiosos para acompañar a mujeres creyentes en la interrupción de sus embarazos, desde su condición de católicas. “Es importante que se tome una decisión sin culpa. Hacemos hincapié en separar el derecho de una interrupción al de una moral sexual conservadora que se nos impuso como un mandato hegemónico, por eso armamos una guía de acompañamiento espiritual para mujeres creyentes que quieran acceder a una IVE”, remarcó.
Desde la organización junto a la dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva y con organizaciones sociales locales tradujeron el protocolo IVE/ILE a lenguas aborígenes como el wichí y guaraní. “Este año apuntamos a la accesibilidad. Ya tenemos la norma, ahora tenemos que lograr el derecho y para ello es necesaria la formación de equipos de salud y sensibilizar a las compañeras”, dijo Bosio.
Dificultades
Al ser consultadas, las cuatro consultadas respondieron que hace falta más difusión de la ley. “Falta difusión masiva. Hay algunas de organizaciones, pero falta a nivel nacional. Falta mucho para que los abortos sean cuidados en Argentina, porque no se trabaja para el conocimiento de la ley y también por los obstáculos que le suelen poner a las personas que las solicitan”, dijo Zurbriggen.
También hicieron hincapié en la necesidad de que el acceso sea igualitario aún en localidades alejadas de los grandes centros urbanos. “Una gran falencia es localidades alejadas, por distintos motivos un médico que llevaba adelante la práctica después de presiones de compañeros antiderechos de la misma institución o de alguna dificultad deciden correrse y de alguna manera hay abandono a las personas que necesitan abortar. Muchos servicios de ginecología y obstetricia, no están garantizando la practica. Son los médicos y medicas generalistas las que lo llevan adelante”, explicó.
En ese sentido, Calabria Aragón remarcó que dentro de los espacios de salud que sí garantizan las prácticas, hay algunos profesionales que lo hacen y otros que son objetores: “Muchas veces estos últimos ponen trabas y obstaculizan. Es necesario que hagan lo que dice la ley: que es derivar en tiempo y forma”.
“Las obras sociales también están poniendo trabas. Algunas ya las incluyen al 100% pero otras se resisten”, agregó “Keka” Bosio.
Las consultadas remarcaron la necesidad de avanzar con la aplicación de la técnica Aspiración manual endouterina (Ameu) que está recomendada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como opción a los abortos con misoprostol y que es menos invasiva que un legrado, técnica que ya no es recomendada por esta institución.
Problemas con las ILE
Una de las dificultades más mencionadas por las organizaciones y también por efectores de salud es la de la aplicación de las interrupciones legales del embarazo en el segundo trimestre. Estos abortos son los que se realizan después de las 14 semanas y por las causales de violación o de riesgo para la salud de la gestante.
“Sabemos de algunas instituciones que tienen agentes que no quieren interrumpir un embarazo a la s20 semanas. Es una complejidad que se suma, se torna más dilemática que la IVE (hasta las 14 semanas) que es ambulatoria y no tiene tanto involucramiento del personal de salud”, indicó Bosio.
“En el interior no lo resuelven y derivan a los hospitales de Córdoba capital. Creo que hace falta capacitación y sensibilización a los profesionales, para contenerlos. No es lo mismo atender una IVE que una ILE de 20 semanas”, dijo Morillo.
Desafíos
En cuanto al trabajo que queda por delante, las especialistas consultadas coinciden en que sería bueno que el Estado avance en el uso de la droga Mifepristona, que es de mejor calidad y genera menos dolor. “La organización internacional de Planificación Familiar donó un lote completo de la droga que está en la aduana y ya fue aprobada por Anmat. Esta droga genera menos dolor y el plazo es más corto para realizar la interrupción”, indicó Morillo.
En ese sentido también remarcaron la necesidad de que la droga pueda ser fabricada en Argentina.
En conclusión, las activistas remarcaron que la aplicación de la ley avanza pero que aún queda trabajo de difusión masiva para la población y capacitación a profesionales. Sus acciones desde las organizaciones irán en torno a afianzar la accesibilidad del derecho que no sólo conquistaron el 30 de diciembre de 2020 con la aprobación en el Congreso, sino por el cual vienen trabajando hace décadas.
