El 14 de agosto el ministro de Salud de Córdoba, Ricardo Pieckenstainer, anunció en conferencia de prensa que la Provincia pidió ser querellante particular en la causa por las muertes por fentanilo contaminado por ser parte damnificada y para colaborar con la investigación.
Un mes después, el juez federal de La Plata que lleva adelante la investigación, Ernesto Kreplak, no respondió el pedido, pero algunos de sus movimientos invitan a pensar que lo rechazará.
El antecedente principal que lleva a deducir esto es la decisión que tomó Kreplak con el Ministerio de Salud de la Nación, que en un principio fue admitido como querellante pero con el avance de la causa fue “desadmitido”: el juez le revocó esa calidad, en una señal que advirtió que había sospechas de responsabilidades institucionales de organismos nacionales, cosa que se vio reforzada con los últimos allanamientos a funcionarios y en las sedes de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología (Anmat) y el Instituto Nacional de Medicamentos (Iname).
Había siete casos bajo investigación por aplicaciones de fentanilo contaminado en Córdoba. La novedad de las últimas horas es que uno de estos casos se descartó por hallarse en laboratorio una bacteria contaminante, pero diferente a las que están presentes en los lotes fabricados por HLB Pharma, responsables hasta el momento de un centenar de muertes en el país, según confiaron a La Voz fuentes del Ministerio de Salud de Córdoba. Los otros seis casos siguen bajo estudio.
El abogado Carlos Nayi, quien es querellante y representa al grueso de las víctimas cordobesas, aseguró que el “pedido de la Provincia no ha sido proveído” y que “no hay ninguna clínica o institución privada que haya sido admitida” por el juez en esta calidad. La referencia es para la Clínica Vélez Sársfield, donde se dieron la mayoría de los casos bajo estudio.
Kreplak sí admitió como querellantes al Hospital Italiano de La Plata, a la Municipalidad de Rosario y dos mutuales, además de a todas las potenciales víctimas y sus representantes legales.
La explicación de Córdoba
En esa rueda de prensa, realizada un mes atrás, Pieckenstainer detalló que el Ministerio comenzó a actuar el 8 de mayo cuando la Anmat alertó por la alteración de la calidad de un lote de fentanilo del laboratorio HLB Pharma, distribuido en Córdoba, Santa Fe, Caba, Buenos Aires y otros destinos aún no esclarecidos.
“A partir de ese mismo día, la Dirección de Farmacia instruyó a todos los referentes públicos y privados de la alerta e instruyó a todas las farmacias de los hospitales públicos y privados de la Provincia a que separaran de las farmacias, quirófanos, terapias intensivas, terapias intensivas pediátricas o guardias de emergencia el lote de fentanilo que estaba informado por Anmat”, detalló.
El funcionario dijo que la Provincia decidió que no sólo se separe el fentanilo sino también toda la medicación del laboratorio HLB Pharma.
“Todos los otros medicamentos endovenosos, los sueros y dispositivos endovenosos que HLB Pharma hubiese vendido independientemente del lote o del medicamento que fuera a la Provincia de Córdoba, debían quedar automáticamente separados, segregados y a disposición del Ministerio y de futuras disposiciones que la justicia”, siguió.
En cuanto al proceso, Pieckenstainer mencionó que Anmat emitió la alerta epidemiológica el 10 de mayo, remarcando cómo proceder y, sobre todo, reiterando la obligatoriedad del Ministerio, de los directores de hospitales provinciales públicos y de las farmacias y clínicas privadas de informar potenciales casos sospechosos a través del Sistema Nacional de Vigilancia de Salud y el Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentina (Sisa).
Pieckenstainer aclaró que los hospitales provinciales no adquirieron ninguno de los lotes con fentanilo contaminado. “Tenemos certeza propia y por parte del juzgado que el lote en discusión contaminado no está disponible en ninguno de los hospitales”, dijo.
Esta confirmación habría llegado el 11 de agosto por parte del Juzgado cuandose corroboró que la provincia de Córdoba no había adquirido el lote 31.202 durante el año 2025, ya sea de fentánilo o de cualquier otra medicación de HLB Pharma.
“Todos los otros medicamentos (del laboratorio) están separados, a disposición de la justicia y no tienen contacto con ninguno de los pacientes que nosotros tenemos en nuestros hospitales públicos”, reafirmó.
En cuanto a las responsabilidades que le competen y las que no al Ministerio, el ministro fue claro en que las clínicas privadas debían informar los casos sospechosos al Juzgado y al Ministerio de Salud de la Nación a través del Departamento de Epidemiología.
“Esa obligación es indelegable y es responsabilidad de cada uno de los directores de las clínicas. Nosotros no tenemos la potestad de poder hacerlo porque nosotros no conocemos cuáles son las clínicas que habían comprado el lote. Lo que nosotros tenemos que hacer es informar en la alerta, pesquisar en los hospitales públicos e instruir a cada uno de los directores de la presencia de este lote”, indicó.
Finalmente, dijo que todas las clínicas fueron instruidas y que puede dar fe de ello. Asimismo, mencionó que la cartera no puede acceder a las historias clínicas de los centros de salud privados. “No podemos dar esa información. Yo no tengo la posibilidad de ir y revisar las historias clínicas de un lugar privado, no soy la policía, soy el Ministerio de Salud”.
Expectativas por nuevas medidas judiciales
Luego de los allanamientos ordenados por Kreplak en los domicilios de Nélida Agustina Bisio, actual titular de la Anmat, en su casa de Olivos; Gabriela Carmen Mantecón Fumadó, extitular del Iname, en la ciudad de Quilmes; Ana Laura Canil, directora de fiscalización y gestión de riesgo del Iname, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Caba); Mariela Baldut, directora de pos comercialización y acciones regulatorias del Iname, también en CABA, y Maximiliano Carlos Lalín, jefe de departamento de inspectorado del Iname, en Caba, se esperan definiciones del juzgado sobre posibles imputaciones por las responsabilidades funcionales.
Además de los domicilios particulares, se requirió el retiro de documentación en la sede central de Anmat, ubicada en avenida de Mayo 850, y en las oficinas de Iname, en la avenida Caseros de la ciudad de Buenos Aires.
En esta causa está detenido el dueño del laboratorio, Ariel García Furfaro, junto a varios integrantes de su familia y empleados de confianza que tenían responsabilidades de gestión en la empresa.
