Si bien empezó como un rumor, la confirmación de la intención de modificar por decreto la Ley Nacional de Glaciares llegó hace una semana. En diálogo con el diario La Nación, funcionarios del Ministerio de Economía anunciaron que la medida buscará habilitar actividades productivas en la zona periglacial.
“Lo veo impracticable”, dijo a La Voz Juan Smith, abogado ambientalista de la Provincia de Córdoba. “Si se aprobara, sería un decreto inconstitucional, además de ilegal”, explicó.
El capítulo 41 de la Constitución establece que “todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras”.
Andrea Vilariño, abogada ambientalista y docente en la Facultad de Derecho de la UNC, afirmó por su parte: “El decreto es preocupante porque pretende promover una explotación minera o hidrocarburífera que va en contra de un ambiente sano”.
“La constitución ampara el derecho a un ambiente sano y, por lo tanto, al agua sana. Si contaminás el agua estás siendo inconstitucional”, añadió.
A su vez, las modificaciones sobre la Ley 26.639 implicaría incidir en el régimen de presupuestos mínimos para la preservación de los glaciares y del ambiente periglacial. Esto generó alarma en el sector ambientalista.
Los presupuestos mínimos son los pisos sobre los que se construyen las normas ambientales en las provincias. “Por encima de esos pisos, se pone a resguardo la salud y la vida humana y no humana; por debajo de ellos se los pone en riesgo”, aseguró Smith.
Antecedentes: el proyecto de la Ley Ómnibus
La primera vez que apareció la propuesta de modificar la Ley de Glaciares fue en febrero de 2024, cuando se presentó en el Congreso de la Nación el borrador de lo que luego sería la Ley de Bases.
En el capítulo “Ambiente”, el Poder Ejecutivo propuso una serie de cambios sobre legislación ambiental que fueron rechazadas en la votación. Ahora, los fantasmas de ese proyecto se remueven.
Una de sus medidas pretendía limitar la protección de glaciares a aquellos incluidos en el Inventario Nacional de Glaciares que contarán con una perennidad continua de al menos 2 años y una dimensión igual o superior a 1 hectáreas.
Además, incluía alteraciones sobre los presupuestos mínimos de protección ambiental de los bosques nativos y el control de actividades de quema, ambos sumamente importantes para la Provincia de Córdoba.
Juan Smith, junto a Raúl Montenegro, notificó en esa ocasión al presidente de la Cámara de Diputados Martín Menem. Alertó que el proyecto violaba los principios de “no regresión y progresividad”, y de “soberanía permanente de los Estados sobre sus recursos naturales” del Acuerdo de Escazú, normativa internacional a la que Argentina adscribe.
Vilariño resaltó que, además, esas modificaciones y el decreto actualmente discutido son ilegales porque van en contra de la Ley General de Ambiente (25.675), que establece los presupuestos mínimos para el logro de una gestión sustentable y adecuada del ambiente, la preservación y protección de la diversidad biológica.
Repercusiones y respuestas
Vilariño expresó su preocupación de cara a la intención del gobierno de modificar la Ley de Glaciares. “Si bien en Córdoba no tenemos ni estamos en la zona de glaciares, sí consumimos agua y tenemos canteras que contaminan”, remarcó.
Desde hace 10 días, organizaciones y militantes ambientalistas expresaron su rechazo y preocupación en diferentes ocasiones.
En sus redes sociales, la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas (AAdeAA) manifestó: “Parece obvio decirlo, pero defender los glaciares es defender el agua. La Ley de Glaciares fue conquistada en 2010, tras años de lucha de organizaciones sociales, científicos y referentes políticos que pusieron límites a la megaminería. Hoy, esa ley está nuevamente en la mira”.
“Destruir las leyes ambientales no es ni progreso ni desarrollo y en nada beneficia ni a las personas ni al ambiente. De nosotros depende que se conozca lo que está en juego y juntos podamos protegerlo”, expuso Greenpeace Argentina en su página web.
Por su parte, casi 40 organizaciones ambientales, la mayoría de provincias con zonas glaciares y periglaciares, firmaron un “Comunicado oficial por la protección de los glaciares”. “Resistiremos cualquier intento de modificación de la Ley de Protección de Glaciares porque está en juego nuestro futuro y nuestra descendencia”, reza el documento.
“Milei quiere decretar la destrucción de la única fábrica de agua que tenemos los pueblos cordilleranos, porque desde Mendoza hacia el norte la mayoría de los glaciares son menores a una hectárea”, expresaron.
Aunque desde el Gobierno declararon a La Nación que “no hay consenso aún” sobre qué modificaciones incluirá el decreto, las posibilidades y antecedentes han alarmado al sector ambientalista.
