La Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) fue sancionada por el Congreso a fines del año 2020 y promulgada unas semanas después, el 14 de enero del 2021. A tres años desde su implementación legal, en el país unas 250.000 personas accedieron a un aborto legal y seguro en instituciones públicas de salud. En este período, disminuyó la mortalidad materna por aborto y los embarazos de niñas y adolescentes.
El dato se desprende por el equipo del proyecto Mirar que monitorea, desde la sociedad civil, la implementación de la norma, en base a datos del Ministerio de Salud.
El último informe con datos oficiales fue difundido al final de la gestión anterior por la Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva (DNSSR) a través del Grupo de Trabajo de Acceso a IVE/ILE. Se trata de un relevamiento que va de enero a octubre del año pasado y que identificó 75.581 interrupciones del embarazo en todo el país.
En tanto, la médica Mariana Romero, del equipo de Mirar y asesora externa del Grupo, destacó que en estos tres años “la mortalidad materna por aborto continuó su descenso”. “También disminuyeron los embarazos a término en niñas y adolescentes, muchos de los cuales son producto de abuso sexual”, le dijo a Télam.
“Para que estos resultados sean así se trabajó mejor la educación sexual integral a través del Plan ENIA de prevención del embarazo no intencional en la adolescencia. Este Plan trascendió las gestiones y permitió una política pública sostenida con niñas, niños y adolescentes, con docentes y con equipos de salud”, destacó la profesional.
En marcado en la Ley 27.610, se regula la interrupción del embarazo bajo un modelo mixto de plazo y causales. Así, se reconoce el derecho de las mujeres, adolescentes y personas con otras identidades de género con capacidad de gestar a interrumpir su embarazo hasta la semana catorce, inclusive, del proceso sin tener que dar motivos.
La ley también reconoce el derecho a la interrupción legal del embarazo (ILE) si es el resultado de una violación o si estuviera en peligro la vida o la salud de la persona gestante, siendo un modelo de causales con el mismo alcance vigente desde 1921 en el artículo 86 del Código Penal.
En esa línea, Romero dijo que “250.000 personas desde la sanción de la Ley hasta octubre de 2023 pudieron interrumpir su embarazo en el sector público de manera legal y segura con medicamentos y otros insumos acordes a las recomendaciones de la OMS”.
Otro dato informado por el relevamiento de la gestión saliente, indicó que 1982 efectores de salud garantizan IVE-ILE en todo el país. Se trata de un crecimiento considerable, teniendo en cuenta que en el 2020 este número era 9.
Dentro de las políticas públicas que se dieron en paralelo a garantizar la IVE/ILE se encuentra además el Plan de Prevención del Embarazo No intencional en la Adolescencia (Plan ENIA), cuya implementación inició en 36 departamentos de 12 provincias del NEA, NOA y territorio bonaerense.
En septiembre del 2023 se amplió a las 24 jurisdicciones que firmaron el Convenio de Adhesión al Plan ENIA.
Los últimos datos oficiales son de 2021 e indican un descenso del embarazo adolescente en un 57% desde 2005, y una baja, por séptimo año consecutivo, de la fecundidad adolescente.
Para asesorar sobre salud sexual y reproductiva existe la línea 0800-222-3444 que es nacional, gratuita y confidencial. Ente enero y octubre del 2022 recibió 24.012 llamados, de los cuales 9.599 generaron secuencias, es decir, gestiones por parte del equipo técnico. De esas consultas, el 90,9% se relacionaron con aborto, sostuvieron en su informe.
Con información de Agencia Télam
