A dos años y medio de la sanción de la ley 27.610 de Acceso a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) e interrupción legal del embarazo (ILE), los reportes indican que ha avanzado su implementación en el sistema de salud pública, tanto a nivel nacional como a nivel provincial.
En Córdoba, según datos del Ministerio de Salud de la Provincia, en el primer semestre de 2023 se realizaron 3.590 interrupciones de embarazo en el sistema público de salud. En todo 2022, la cifra de procedimientos fue de 4.574, mientras que a lo largo de 2021 la cifra llegó a 4.023. Es decir que la demanda y, por ende, la respuesta del sistema aumentaron significativamente.
Desde el Ministerio de Salud de la Provincia aclararon que la diferencia en las cifras se debe a múltiples factores, marcada sobre todo por una situación previa sin registro debido a la ilegalidad de la práctica.
“Por un lado hay una mejora en el registro de la información y también un acercamiento de las personas a los ámbitos públicos y de salud. También creemos que puede ser reflejo del trabajo en conjunto con ONGs y organizaciones feministas territoriales que nos ayudan en la asesoría para que la gente se acerque a los espacios de salud”, indicó Cecilia Guazzini, directora de Adolescencia, Juventudes y Adultez del Ministerio de Salud de Córdoba.
En cuanto a la cantidad de efectores de salud que realizan la práctica en Córdoba, en 2022 fue de 181, mientras que en 2023 ese número creció hasta 238 en el sistema público. El resto de los efectores que no realizan esta práctica, deben concretar la derivación y garantizar la atención, tal como lo contempla la ley.
Con respecto a las capacitaciones, desde el Ministerio de Salud indicaron que avanzaron en la ampliación de canales de comunicación entre los médicos y el equipo encargado de la implementación de la IVE-ILE y que se han realizado 16 capacitaciones específicas durante 2023.
“Es una practica interdisciplinaria y es importante que esa asesoría esté bien hecha, porque la persona que llega en búsqueda de una IVE o ILE generalmente atraviesa una situación de angustia o incluso de violencia, y por lo tanto hay que poner a disposición los equipos de salud mental o trabajo social, sin que ello sea obligatorio”, explicó Guazzini.
Medicación
También se aseguró que avanza de a poco el suministro de medicación y la implementación del “combipack”, una combinación entre las dos drogas que se usan para los procedimientos: el misoprostol y la mifepristona. Se trata del método más efectivo y recomendado por la Organización Mundial de la Salud por sobre el suministro sólo de misoprostol.
Para Ana Aguirre, a cargo del programa de Salud Integral en Adolescencias y Juventudes, un desafío a cumplir es la creación de un Consejo Asesor, conformado por todos los sectores. “Tenemos antecedentes de haber transitado por organizaciones y redes, como la de Profesionales por el Derecho a Decidir, y por ello también podemos ver cómo se fue modificando esa atención. Y sabemos que ese cambio es lento, que implica por un lado a la comunidad sintiéndose con derechos, y por otro a los equipos de salud entendiendo que no se trata de una cuestión fundamentalista, sino que el tema tiene evidencia científica”, explicó.
Para Aguirre son fundamentales las capacitaciones con los equipos de salud para avanzar no sólo en el conocimiento técnico sobre las prácticas, sino también en el marco legal de la ley. Y para abrir canales de comunicación fluidos que luego permitan resolver dudas caso por caso. Además –dijo– al hablar de IVE también se hace hincapié en la ampliación en el acceso a métodos anticonceptivos y de salud sexual en general.
En años anteriores los casos que presentaban mayor resistencia eran los que correspondían a las interrupciones legales, es decir, a las 14 semanas posteriores a la gestación. Desde el Ministerio de Salud aseguraron que aún así siempre se da respuesta y que en algunos casos se ha coordinado con Nación.
Avance nacional
A nivel nacional también se observa un aumento en los procedimientos de IVE e ILE. Según un informe del Centro de Estudios de Estado y Sociedad (Cedes) el número de abortos realizados en el sector público en todo el país pasó de 73.487 en 2021 a 96.664 en 2022 (+31,5%).
Los datos coinciden con la tendencia que se informó durante el Encuentro Federal de Salud y Derechos Sexuales y Reproductivos organizado por el Ministerio de Salud de Nación el pasado 26 y 27 de julio.
El informe del Cedes también indica que hubo un descenso significativo y sin precedentes de la tasa de fecundidad en niñas y adolescentes, que atribuyen a distintos factores como la continuidad escolar, el acceso a educación sexual integral y a métodos anticonceptivos, especialmente aquellos de larga duración. “Entre 2020 y 2021, el porcentaje de embarazos no intencionales en niñas disminuyeron en ocho provincias y aumentaron en 12″, indicaron.
También dijeron que en 2022 no hubo presentaciones judiciales contra la Ley 27.610, y que no fue procesado ningún equipo de salud por realizar abortos dentro del marco legal.
Aspectos a mejorar
Como aspecto crítico, el informe del Cedes resalta que no hay datos disponibles sobre la prestación de obras sociales y el sector privado en cuanto a IVE e ILE y que ello impide una mirada completa sobre la temática.
Además, señalaron en algunas provincias la presencia de cartillas religiosas en los servicios de salud, en intentos de poner en marcha servicios confesionales de dentro de hospitales con el fin de evitar las decisiones de aborto.
También identificaron como un obstáculo el requerimiento de una receta archivada por duplicado para la compra de misoprostol, que incluya información personal de la solicitante y del profesional.
