El 29 de diciembre de 2020 comenzaba el debate en el Senado de la Nación que terminaría en la madrugada del 30 con la aprobación de la ley 27.610 de interrupción voluntaria del embarazo (IVE), con 38 votos a favor, 29 en contra y una abstención.
A un año de aquel histórico momento que dio el aval al reclamo por el “aborto legal” que organizaciones feministas pedían desde hacía décadas, funcionarios, profesionales de la salud y asociaciones sociales cuentan cómo fue el primer año de su implementación, las deudas por saldar y los desafíos para 2022.
En un año signado por la pandemia, con centros de salud abarrotados y con más de 30 judicializaciones que intentaron poner freno a su aplicación, la ley se cumplió. Aunque sigue habiendo un gran número de personas que acuden a socorristas (voluntarias feministas que dan información acerca del proceso) y que no pasan por el sistema de salud público o privado.
Entre los desafíos marcados por las fuentes consultadas están generar más campañas de difusión para la población y brindar más capacitaciones a profesionales de la salud.
La situación en el país
Según lo informado por la Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva del Ministerio de Salud de la Nación, desde que entró en vigencia la ley (a fines de enero) y hasta el 30 de noviembre de este año se practicaron 32.758 interrupciones de embarazos en condiciones seguras en el sistema público.
Dicho número incluye las interrupciones voluntarias hasta la semana 14 de gestación, para lo cual no se requiere dar un motivo, y también las interrupciones legales (ILE) que se dan después de la semana 14 y para las cuales se requiere de causales específicas, ya sea por violación, por riesgo de vida o afectación a la salud de la persona gestante.
Estas cifras dan una dimensión parcial de la realidad en el sentido que no abarcan el sector privado de la salud, donde también se practican abortos voluntarios y legales. Tampoco se incluyen las intervenciones que se realizan muchas mujeres de manera autónoma con el seguimiento de socorristas.
Desde la Nación también detallaron que 1.243 hospitales y centros de salud de todo el país están garantizando la práctica y que ya se distribuyeron 46.283 tratamientos de misoprostol. Durante este año se editaron tres protocolos nacionales: uno sobre la atención integral de las personas que soliciten la IVE; otro sobre la atención posaborto; y un tercero sobre la atención a víctimas de violaciones sexuales.
Valeria Islas, directora de Salud Sexual y Reproductiva de la Secretaría de Acceso a la Salud del Ministerio de Salud de la Nación, indicó al ser consultada sobre las dificultades registradas durante este año: “Los inconvenientes estuvieron dados básicamente por algunas acciones judiciales. Se presentaron 37 en total, de las cuales 24 ya fueron totalmente desestimadas por la Justicia porque es una ley robusta, fuerte, que está basada en derechos humanos y en salud pública, y que permite a las personas gestantes, mujeres y adolescentes tomar sus decisiones de manera autónoma”.
“Otra dificultad que intentaremos resolver el año que viene tiene que ver con seguir aumentando la difusión. El desafío es armar campañas de difusión masiva junto con las provincias para que la población en su conjunto se entere de este nuevo derecho que ahora ya cumple un año”, agregó la funcionaria en diálogo con La Voz.
A su vez, la funcionaria expresó su apoyo a los equipos profesionales de la salud que vienen garantizando el acceso a la ley: “En diciembre de 2020 teníamos 940 equipos que garantizaban la ILE; ahora ya llegamos a 1.243 y tenemos la expectativa de seguir avanzando con capacitaciones, con asistencia técnica y con acompañamiento porque hay voluntad de cumplimiento de la ley. Que los equipos se sientan seguros porque tienen a disposición las mejores herramientas clínicas también para realizar las prácticas”.
Islas también remarcó que otro de los desafíos es avanzar en la implementación del protocolo y en las prestaciones por parte de las obras sociales y prepagas.
Desde el Programa de Salud Sexual y Procreación Responsable, que en 2022 cumple 20 años desde la sanción de la ley 25.673, remarcaron que a nivel general pretenden avanzar en 2022 con la detección y prevención del abuso sexual y embarazo forzado, además de las consejerías y de todas las medidas de protección.
Otra línea será la de transversalizar el modelo social de discapacidad en la salud sexual y reproductiva.
En cuanto a la situación de Córdoba, Islas remarcó que hay un trabajo en conjunto con las áreas gubernamentales y destacó el trabajo de organizaciones como la Red de Profesionales por el Derecho a Decidir y Católicas por el Derecho a Decidir, que son parte del Consejo Asesor del Programa Nacional de Salud Sexual y Reproductiva.
El aborto en Córdoba
En relación con la situación en Córdoba, Esteban Ruffin, director general de Hospitales de Córdoba Capital y vocero de la implementación de la ley 27.610 en el Ministerio de Salud de la Provincia, indicó que a un año de la sanción “se sigue dando respuesta” y que no ha habido mayores complicaciones, más que algunos casos puntuales de ILE en el segundo trimestre de gestación.
Ruffin indicó que la red de tratamiento de la ley 27.610, que funciona a través de un grupo de WhatsApp y en la que participan los efectores provinciales de los 42 hospitales y los 17 centros de Atención Primaria (CAP) de la provincia, funciona bien y que no han tenido mayores reclamos.
Si bien no se dieron a conocer cifras actualizadas de las intervenciones en Córdoba, el Ministerio de Salud publicó en septiembre de este año, a raíz de un oficio judicial que se había realizado durante el primer semestre de 2021, unos 1.073 abortos en centros de salud públicos de la provincia de Córdoba.
Esa cifra abarcaba solamente hospitales públicos y los CAP provinciales. Vale decir, sólo una parte de la realidad provincial, ya que no estaban incluidos los centros de salud municipales ni el sistema privado.
“En 2019, teníamos 200 ILE practicadas (por causales) y hoy, con la ley, la cifra supera las 1.200 entre IVE e ILE en el sistema público provincial”, indicó Ruffin, y aclaró que no hay registros previos de las IVE dada su antigua ilegalidad. El funcionario también indicó que no hubo casos de mortalidad materna a causa de un aborto provocado, como sí ocurrió en 2020 con una mujer de Jesús María.
“No ha habido complicaciones mayores, o casos en los que han llegado tarde tras intentar provocarse un aborto. Dentro de todo, ha habido más control”, explicó, y aclaró que la interrupción siempre es un riesgo para la gestante, aunque es mejor que se realice con supervisión médica.
Ruffin remarcó que desde la Provincia se prevé la creación de una nueva Maternidad donde se concentrará la mayoría de servicios de ginecología y obstetricia de los actuales hospitales provinciales en la ciudad de Córdoba. “Con esta Maternidad nueva vamos a ir adaptándonos y generando corredores de respuesta más rápidos y centralizados”, dijo en cuanto a las IVE y a las ILE.
Respecto de la cantidad de objetores de conciencia en la provincia, el funcionario aclaró que el número no aumentó ni disminuyó, sino que se mantuvo igual que al principio de la entrada en vigencia de la ley.
En el hospital Misericordia había dos profesionales que garantizaban la práctica y dejaron de hacerlo. Ahora derivan a otros hospitales para no sobrecargar a ese personal. “No es que no realicen las prácticas, sino que reciben, evalúan y derivan a otros hospitales”, explicó Ruffin.
“El sistema está funcionando y sigue dando respuestas”, concluyó el funcionario.
Los datos nacionales del aborto, a un año de la ley
32.758 abortos practicados. Son las interrupciones de embarazos realizadas en condiciones seguras en el sistema público al 30 de noviembre de 2021 en todo el país. Incluye tanto las IVE (hasta la semana 14) como las ILE (por causales).
1.243 centros de salud. Esa cantidad de hospitales y centros de salud de todo el país garantizan la práctica, según el relevamiento realizado por la Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva del Ministerio de Salud de la Nación.
46.283 misoprostol. Esa cantidad de comprimidos distribuyó la Nación en todo el país. La entrega de la droga que se utiliza para la interrupción se quintuplicó. También se gestionó la donación de 50 equipos para aspiración endouterina (Ameu).
19.000 llamados. La línea 0800-222-3444 recibió esa cantidad de llamados en el año desde distintos puntos del país. La cifra es superior a la registrada en esa línea en la última década, que había sido de 17.302 vinculados sólo a la ILE.
