A raíz del impacto social que tuvo la difusión del caso de B., la joven de Córdoba que denunció haber sido abusada cuatro veces en cuatro años (de las cuales tres fueron violaciones grupales), surgió la pregunta sobre las consecuencias psicológicas que esto puede traer a personas que sufren este tipo de situaciones y que no obtienen una respuesta de protección por parte de la justicia.
Así como B., hubo otros casos resonantes en el país incluso muchos en los que culminan con la muerte de la víctima porque nadie pudo impedir las agresiones.
Inés Arrascaeta es psicóloga y especialista en violencias. Explica en modo general cómo impacta esta revictimización: “Cualquier hecho delictivo victimiza a una persona. Si a ello hay respuestas deficitarias de una institución (sea la judicial, la educativa o la familiar) se provoca una victimización secundaria que provoca más vulnerabilidad, mucho estrés y relaciones sociales que se rompen. La impunidad tiene un efecto devastador en el psiquismo de una persona”.
La especialista asegura que no para todas las víctimas acudir a la justicia funciona como un mecanismo “reparatorio”, pero para otras sí lo es: es un llamado al orden, los juicios dan cuenta de que existió una conducta inapropiada. Pero si esto no ocurre, “conlleva a una pérdida de la dignidad, no hay respeto por lo que sucedió y eso puede provocar un proceso de enajenación”.
“El abordaje victimológico debe ser multidisciplinario y se necesita trabajar en la prevención y capacitación en los operadores sociales y judiciales. Esto va a llevar tiempo cambiarlo porque aunque esté la ley Micaela y otras capacitaciones, se trata también de un proceso cultural que va a llevar tiempo”, explicó Arrascaeta.
En cuanto a las medidas de protección a las víctimas, como el botón antipánico, también dijo que dependen mucho de la red de contención para que realmente se puedan activar y lleguen a tiempo. La especialista aseguró que un caso de abuso o de violencia es como “una bomba” en un sistema familiar: “De repente tienen que estar acompañando constantemente a esa víctima, que se siente vulnerable, con miedo, todo parece volverse ‘sospechoso’”.
La especialista reconoció que en los últimos años algunas normas fueron cambiando: los delitos de la integridad sexual pasaron a llamarse como tales, antes eran de ‘instancia privada’ y se creía que era un conflicto “entre partes”. pero que a nivel social siguen operando prejuicios y miradas que cuestionan a la víctima: sobre qué hacía en ese lugar sola o a esa hora, o cómo vestía y no el foco en el agresor.
Consultada sobre los casos que atiende en sus terapias, Arrascaeta narró que muchas pacientes cuentan de haber tenido que esperar 5 o 6 horas para hacer una denuncia por violencia, o que peregrinan de un lugar a otro hasta llegar a alguien que les tome la denuncia. “En ese peregrinar al menos una vez tienen que contar por qué se presentan en el lugar. La repetición constante ya provoca revictimización. Cuando el primero que recibe esa información debería captarlo y derivarlo correctamente”.
