El insistente pedido de C.G. para que se impute al sacerdote Cruz Viale por abuso sexual ultrajante –por ser representante de un ministerio de culto– generó una gran repercusión en la opinión pública pero también puertas adentro de la Iglesia cordobesa.
En una primera instancia, la denunciante mantuvo reuniones dentro del seno de la Iglesia con el objetivo de ser escuchada y obtener alguna respuesta hasta que finalmente decidió presentarse ante la Justicia en septiembre pasado.
Según fuentes de la investigación, la mujer habló con referentes del movimiento apostólico de Schoenstatt quienes minimizaron el conflicto y le habrían aconsejado alcanzar un acuerdo con Viale. En abril acudió al Arzobispado de Córdoba para dialogar sobre el tema y allí se abrió una investigación preparatoria eclesial.
En el medio, existen diferentes conjeturas sobre el acompañamiento que recibió la presunta víctima más allá de los comunicados difundidos.
Lo cierto es que en Córdoba existe un protocolo arquidiocesano de acción para quienes trabajan con niños, niñas, adolescentes y adultos (NNAoAV) en situación vulnerable ante la sospecha o descubrimiento de maltrato y/o abuso sexual.
El mismo fue actualizado el 24 de septiembre pasado, a través de un decreto firmado por el arzobispo Ángel Rossi y el secretario canciller Silvio Loto. En el texto también se establece una serie de normas de prevención y protección.
“Es posible que ante el caso Viale vieran que tenían ese tema desactualizado”, sugirió una fuente que prefirió preservar su identidad.
Hasta ahora en Córdoba regía un antiguo documento llamado “Orientaciones Arquidiocesanas para quienes trabajan con menores” (2018) bajo la gestión del arzobispo Carlos Ñáñez pero en los años posteriores se dictaron normas canónicas específicas, además de una actualización de la legislación civil.
Qué establece el protocolo
El protocolo define cómo son los procedimientos para prevenir y responder ante el descubrimiento o la sospecha fundada de abuso sexual en el ámbito de las instituciones eclesiales dentro de la jurisdicción de la Arquidiócesis de Córdoba. Es de cumplimiento obligatorio para quienes trabajan con NNAoAV.
Puede haber diferentes modos en los cuales se puede llegar a conocer una situación –cierta o probable– de abuso:
- Una persona manifiesta explícitamente que ha sufrido una situación de abuso.
- Una persona, menor o adulta, manifiesta que otra le ha dicho que ha sufrido abuso o está sufriendo formas de abuso.
- Una persona puede presentar una herida física de la cual no puede tener explicación suficiente
- El comportamiento turbado o inadecuado, puede indicar que probablemente está padeciendo alguna forma de abuso y/o maltrato.
- También la noticia puede llegar por cualquier otro medio o forma.
Si el presunto delito fue cometido por un adulto en una institución del ámbito eclesial la persona adulta que reciba la noticia deberá escuchar y valorar lo manifestado sin interrogar ni emitir juicio, dar tiempo para que se exprese, tratarlo con respeto y dignidad, brindando confianza y seguridad. No se mantendrá en secreto lo develado, señalando al NNAoAV que lo informará a personas que puedan ayudarlo.
Luego se comunicará inmediatamente al personal responsable (sacerdote, diácono o laico), en lo posible por escrito guardando copia del reporte.
El personal responsable debe avisar inmediatamente a las autoridades de la institución o ámbito de que se trate quien debe informar, expeditivamente, a la brevedad al obispo y superior competente. Si el supuesto agresor fuera uno de los nombrados anteriormente, se comunicará a la autoridad superior inmediata correspondiente.
Finalmente el superior competente debe informar inmediatamente de la situación a los padres, tutores, curadores o apoyos del NNAoAV, a quienes harán constar que pueden ejercer su derecho de realizar una denuncia penal ante el Ministerio Público Fiscal. Si los supuestos responsables del abuso o maltrato fueran los padres, tutores, curadores o apoyos del NNAoAV, esta última comunicación no deberá efectuarse.
Además el protocolo establece que la autoridad de la institución, así como la persona adulta que recibió la noticia son legalmente responsables de realizar la comunicación de los hechos a las autoridades de protección de la infancia en los términos que establece la ley 26.061. Recomienda actuar en un plazo no superior a 24 horas.
Si el presunto delito fue cometido en el ámbito familiar o extrafamiliar, cuyo conocimiento se da dentro del ámbito eclesial, se procederá del mismo modo, teniendo en cuenta que de todos los informes que se realicen en los distintos niveles de responsabilidad se debe guardar copia.
Los mismos pasos también deberán seguirse en el caso de un agente pastoral ante una posible vulneración de derechos entre pares (niño, niña o adolescente).
Consideraciones particulares
El protocolo retoma el principio de inocencia hasta que se demuestre lo contrario. Pero como medida cautelar se podrá limitar o suspender el ejercicio en la tarea educativa, pastoral o laboral que la persona denunciada venía llevando a cabo.
Tratándose de hechos que involucran a menores se debe mantener reserva sobre su identidad y también de todos los involucrados a fin de proteger la buena fama de las personas mientras dure la investigación.
“Sin embargo, las personas involucradas deben ser informadas que estas garantías no podrán mantenerse cuando la autoridad estatal emane una orden ejecutiva legítima o determine su secuestro”, estipula el documento.
En cuanto a la información recibida, si se estima verosímil se ordenará el inicio de una investigación preliminar que podrá incluir la entrevista a otras personas que puedan aportar elementos sobre el hecho.
En caso de que la persona involucrada en los hechos sea el máximo responsable de la institución se debe informar inmediatamente al obispo y superior competente.
También el protocolo indica que se debe ofrecer ayuda psicológica y/o espiritual a todas las personas que afirman haber sido afectadas.
Además la autoridad eclesiástica, a tenor del art. 132 del Código Penal, podrá presentarse ante la Justicia Penal para que investigue los hechos de los cuales se ha tomado conocimiento.
Una vez terminada la investigación, y si los hechos son verosímiles, en caso de que el denunciado sea clérigo, las actas serán enviadas a la Congregación para la Doctrina de la Fe, único tribunal competente para decidir en estos casos.
Comisión y oficina de recepción
A fines de octubre Rossi constituyó la Comisión Pastoral Arquidiocesana de cuidado de las víctimas y prevención de abusos a NNAoAV cuya coordinación general está a cargo de la licenciada Iris Maders.
Además se fijó la Oficina de recepción de informes en Pasaje Santa Catalina 80 de la ciudad de Córdoba. Por lo que cualquier persona que lo considere oportuno podrá acercarse allí o comunicarse vía telefónica al 3517699735 o a oficinarecepciondeinformes@gmail.com.
