Un análisis realizado por Clasificados La Voz confirmó el impacto del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) presidencial en el mercado de alquileres, impulsando un incremento semanal en la oferta de inmuebles.
Ese informe reveló un aumento del 120% en la oferta de departamentos de un dormitorio en Córdoba, entre diciembre pasado y mayo de este año.
Por ejemplo, se pasó de enero cuando el portal de clasificados de La Voz mostraba 1.398 avisos, a una cifra que aumentó a 3.021 en mayo.
Alejandro Abrate, socio de la inmobiliaria Disset, indicó que aunque el DNU no especifica una duración obligatoria para los contratos, la mayoría de las partes en Córdoba capital están optando por hacerlos de 24 meses.
En cuanto a los ajustes de valor, la mayoría utiliza el Índice de Precios al Consumidor (IPC) cada cuatro o seis meses para contratos residenciales y cada tres meses para los comerciales.
También mencionó la existencia de contratos en dólares, pero casi exclusivamente para algunos casos muy puntuales de inmuebles residenciales en countries o complejos cerrados.
La derogación de la Ley de Alquileres han transformado el mercado inmobiliario en Córdoba, aumentando la oferta y reacomodando los montos de los alquileres, ofreciendo más opciones y más flexibilidad a inquilinos y propietarios.
Otros criterios
Para Sebastián Rodríguez Metayer, secretario de Prensa de la Federación Inmobiliaria de República Argentina y titular de Rodríguez Metayer Desarrollos Inmobiliarios, esta nueva situación ha provocado también un reacomodamiento en los montos solicitados por alquileres.
Destacó que “los inquilinos ahora tienen más opciones para elegir y negociar”. Asimismo, remarcó que la duración de los contratos volvió a ser en la mayor parte de los casos de dos años, porque “es una práctica tradicional que se ha retomado en respuesta a las necesidades de los clientes”.
También señaló que el rol de las inmobiliarias “se centró más en la intermediación entre inquilinos y propietarios para hacer más fácil la convivencia y el acuerdo entre partes”.
En cuanto a las actualizaciones de los contratos consideró que comenzaron a implementarse de manera trimestral y, en algunos casos, cuatrimestral, utilizando tanto el Índice de Precios al Consumidor (IPC) como el Índice de Contratos de Locación (ICL).
En Córdoba, marcó que la mayoría de los contratos están ajustados con el ICL, aunque este punto se lo deja a criterio de cada contrato y de cada inmobiliaria. “La mayoría decide utilizar índices transparentes como esos dos”, apuntó.
Impacto en los inquilinos
Maximiliano Vittar, presidente de Inquilinos Córdoba, señaló que la derogación de la ley también provocó la eliminación del plazo mínimo obligatorio de los contratos, y derivó en modificaciones en el Código Civil.
“Si no se fija ningún tipo de plazo mínimo, para una vivienda familiar, la duración es de dos años, pero se pueden hacer contratos de seis meses con la misma validez”, sostuvo Vittar.
También advirtió que, a pesar de esta flexibilidad, los criterios para los contratos los definen siempre los propietarios. “El inquilino debe aceptar, no tiene mucha elección”, argumentando que las propiedades no son un bien negociable y que, ante la necesidad y las urgencias, “muchas veces hay que adaptarse para tener un techo”.
