El anuncio de la Secretaría de Ambiente de la Provincia sobre la fijación de nuevos "criterios claros" con el fin de activar los trámites de expedientes relacionados con las subdivisiones de hasta 25 lotes en Córdoba encendió luces de alerta en el tablero de las organizaciones ambientalistas.
Si bien los responsables de la dependencia estatal aclararon que “agilizar no debe entenderse como flexibilización”, los defensores de los recursos naturales descreen del aviso. Los antecedentes de la repartición –señalan– justifican la desconfianza.
La medida, en caso de que se aplique, beneficiaría a entre 200 y 250 proyectos inmobiliarios de escasa envergadura destinados a inversores con capacidad de ahorro acotada, según la escasa información oficial conocida hasta ahora.
En Ambiente reconocen que la decisión responde a una demanda que viene desde hace tiempo, pero que se aceleró por el relanzamiento del plan Procrear para la compra de terrenos y la construcción de viviendas.
Federico Kopta, del Foro Ambiental Córdoba, manifestó la "profunda preocupación" que genera en el sector la decisión del Gobierno y plantea: "¿En qué instancia se analizará si una subdivisión se pretende realizar en bosque nativo categoría rojo o amarillo, o sea, con máxima o intermedia categoría de conservación?".
Siguiendo la idea, el biólogo recuerda que "en ninguno de los dos casos se puede realizar el cambio de uso de suelo según la Ley 9.814 (Ordenamiento Territorial del Bosque Nativo) y su subdivisión, al igual que con un loteo hará que el bosque desaparezca para transformarse en un espacio de residencia humana", razona.
Fuera del mapa
Kopta reconoce que “una limitación para determinar la categoría de conservación es que la ley 9.814 (aprobada en 2010) no tiene un mapa en el sistema de información geográfica”.
Otra conjetura que deduce es que "con la figura de subdivisión se podría soslayar el mandato de la ley 10.208 (Política Ambiental de la Provincia) de realizar estudio de impacto ambiental y audiencia pública, exigidos para loteos de más de tres hectáreas; ubicados dentro de la cuenca de aporte de embalses destinados a riego o a provisión de agua potable; o situados en bosques protectores o áreas naturales protegidas", entre otros.
Christine Edward, de la Mesa de Agua y Ambiente de La Granja, remarca que "la sola intención de recortar una instancia participativa como son las audiencias públicas va ligada a la oportunidad de avanzar eventualmente sobre zonas rojas y amarillas".
Asimismo, entiende que el modo en que la Secretaría de Ambiente pretende fijar “criterios claros, tensiona el marco legal” vigente. Y considera que “el ordenamiento territorial participativo es la gran materia pendiente a la hora de planificar los modelos de habitar los territorios”.
Planificación y transparencia
Por su parte, Cristian Schneider, miembro de la Asociación para la Conservación y el Estudio de la Naturaleza (Acen), sostiene que más que fijar criterios claros "lo que se necesita es una política transparente de planificación integral local y regional abierta a la ciudadanía".
También, “la aplicación de la normativa vigente en función de su finalidad para evitar el desmonte y la fragmentación de áreas urbanas, suburbanas y rurales de vegetación nativa, apostando a decidir participativamente de qué forma habitar, poblar, producir y trabajar en cada territorio, en el marco de estándares más altos de protección y restauración del ambiente y el cuidado de la salud de la población”.
Al biólogo y docente de la Universidad Provincial de Córdoba (UPC) le genera dudas que las modificaciones anunciadas se den en un contexto de pandemia y de aislamiento social, "cuando es imposible asegurar procesos claros y transparentes de observación y de participación". Y cuestiona: "Se dan puertas adentro, cerrados a su discusión con actores territoriales, civiles y académicos con más intención de favorecer el negocio inmobiliario que de mejorar la aplicación de la política pública ambiental, en el increíble marco de una pandemia con orígenes en estos mismos procesos de fragmentación y destrucción del ambiente".
Urgente
A su turno, la bióloga Elena García opina que “la aprobación y la autorización de loteos en el territorio cordobés deberían ser sumamente cuidadosas, dada la terrible crisis ambiental en que se encuentra sumida una provincia a la que le queda menos del tres por ciento de su bosque nativo”.
La también docente sugiere que “cualquier decisión al respecto debería considerar no tocar los escasísimos relictos de vegetación natural que restan, no estar en tierras afectadas por los últimos incendios y ser respetuosa del patrimonio histórico cultural de las localidades”.
Además, “no comprometer los escasos remanentes de superficie que podrían ser espacios verdes en ciudades como Córdoba, a la vez que debe garantizar servicios e infraestructura básica”.
Para García, “urge la necesidad de generar planes de ordenamiento territorial a nivel provincial, regional y local sustentables que signifiquen un marco normativo para la gestión del ambiente y de la tierra”.
