Más allá de lo que está sucediendo actualmente en la Patagonia y en Corrientes, en nuestra provincia el fuego arrasa con miles de hectáreas todos los años, lo que conlleva una grave crisis social y ambiental, principalmente para los vecinos de las localidades afectadas.
En 2024 se quemaron unas 100 mil hectáreas (cinco mil de bosque nativos), decenas de viviendas, vegetación, cientos de animales y un sinfín de recursos naturales.
Lejos de acostumbrarnos, la pregunta es qué se necesita para mitigar los riesgos, cómo el Gobierno de Córdoba analiza lo sucedido y qué perspectivas observa a futuro.
Desde la Secretaría de Gestión de Riesgo Climático y Catástrofes entienden que estamos frente a un nueva generación de incendios, con una dinámica propia que requiere de un estudio más complejo. “Lo que antes era más fácil, se fue agravando con el cambio climático”, explicó su titular Marcelo Zornada.
Desde el organismo gubernamental destacan el arduo trabajo de los bomberos en el combate del fuego y el soporte de otras áreas como Seguridad y Salud para una respuesta más completa. La colaboración de Gendarmería Nacional también, aseguran, es otro acierto.
Sin embargo, tras un septiembre caótico desde el Gobierno son conscientes de algunos errores de coordinación, que los incendios son un problema recurrente y entienden que se necesitan realizar cambios y mejoras para enfrentar lo que se viene.
Más cámaras de detección de fuego
En cuanto a la prevención, esperan que en los próximos meses se instalen ocho nuevas cámaras de alta tecnología para la detección a larga distancia de incendios forestales. Dos años atrás se había anunciado la instalación de cinco de ellas, pero actualmente existen solo tres.
Desde la Secretaría admitieron que la demora se debió al cambio de gobierno a nivel nacional. “El objetivo es llegar a todo el territorio provincial, incluso en áreas no recurrentes como Mar Chiquita”, aclaró el vocero Roberto Schreiner. “Se está buscando centralizar todas las amenazas que ocurren en la provincia”, agregó Zornada.
Sistema estandarizado y prevención
Otra novedad será la firma de un convenio con la Fundación Pau Costa (España) para una capacitación en Sistema de Comando de Incidentes (SCI), una herramienta que se utiliza para gestionar situaciones de emergencia, de cualquier tamaño. La misma se basa en un enfoque estandarizado que se ha convertido en la norma para el manejo de emergencias en muchos países.
“Ese enfoque define cómo funciona la mesa de operaciones, cuántas horas debe permanecer un comandante en servicio, quién se va a hacer cargo de la logística, de las finanzas, de los enlaces, entre otros procesos”, apuntó el vocero.
De esta manera. la Provincia intenta enfrentar algunas críticas sobre la distribución de recursos y agilizar los tiempos de respuesta.
En la misma línea, un grupo de bomberos inició conversaciones con algunos legisladores para una de revisión exhaustiva de la Ley de Manejo del Fuego 8.751, sancionada en 1999.
Sobre ese punto, el biólogo Fernando Barri junto con activistas socioambientales, investigadores y abogados, piden garantizar la participación ciudadana en la definición del Plan Provincial del Manejo del Fuego.
Sólo por citar un ejemplo, no existe información disponible actualizada del mismo en su portal web oficial, ni de quiénes ni cómo se toman las principales decisiones.
“Además, se debe cumplir estrictamente con la Ley de Bosques, frenar el avance de la denominada interfase, establecer mapas de riesgo en colaboración con instituciones, fijar recorridas para desalentar posibles incendiarios y realizar campañas de educación ambiental permanentes”, enumeró Barri como propuestas de acción.
El rol de las brigadas
Otro reclamo que necesita un marco normativo claro es el de las brigadas comunitarias que piden ser tenidas en cuenta para la respuesta al fuego. Desde la Provincia son claros en que toda ayuda es bienvenida, siempre y cuando estén autorizadas y cuenten con un seguro. “Necesitamos definir algunos criterios elementales y sumarlos a la tarea. No hay resistencia a incluirlos, hay resistencia a la informalidad”, advirtió Schreiner.
De esta manera se pretende establecer un orden de intervención de acuerdo a las capacidades y experiencia, y limitar la intromisión de personas no preparadas para el combate del fuego en las zonas calientes.
“Tengo brigadistas forestales atendiendo el teléfono en un cuartel en pleno incendio, cuando a esa tarea la podría realizar otra persona”, indicó el vocero.
“Invertir en verde, no en negro”
En materia de erogaciones públicas, el ingeniero forestal Ferran Dalmau Rovira recordó la invitación del informe del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y GRID-Arendal, que prevé que el cambio climático y el cambio en el uso de la tierra hagan que los incendios forestales sean más frecuentes e intensos, a que el gasto de los gobiernos debe pasar de aquellas inversiones destinadas a la reacción y respuesta a la prevención y preparación.
Tras los últimos incendios, el Gobierno provincial entregó ayuda a los damnificados y otorgó líneas de crédito a productores. “Las experiencias internacionales demuestran que invertir el dinero público en verde, es decir en la limpieza del territorio, en acumular agua regenerada, entre otras herramientas, tiene más rédito que hacerlo en negro, sobre lo ya destruido”, concluyó Dalmau Rovira.
