La primera Conferencia de las Partes del Acuerdo de Escazú finalizó hace dos semanas, después de que los países discutieran y aprobaran los principales temas en agenda. En medio de las negociaciones formales se deslizó una pregunta clave: ¿Cómo se aplicaría el artículo sobre protección de los defensores ambientales?
Escazú es el primer tratado del mundo en regular específicamente esta cuestión, y las organizaciones sociales e indígenas propusieron profundizar y acelerar el trabajo de apoyo. Así, lograron poner sobre la mesa del debate la creación de un grupo de trabajo sobre defensores de derechos humanos en asuntos ambientales; con especial participación de pueblos originarios y comunidades locales.
Como parte de este grupo, se organizará un foro anual de especialistas en el tema, del que saldrán insumos para el plan de acción que se presentará en la COP 2, que se realizará en abril de 2024 en la sede de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) en Santiago de Chile.
Ante la consulta sobre este grupo de trabajo, Carlos de Miguel, jefe de la Unidad de Políticas para el Desarrollo Sostenible de la Cepal, dijo: “Es un tema muy complejo por la realidad de la región. Si ustedes estuvieron siguiendo la COP, se enteraron que durante la conferencia asesinaron a Ulises Rumí, que era un defensor peruano de los pueblos originarios”.
Este crimen no es ni el último ni el primero en América Latina. Según el informe anual de Global Witness, en 2020 dos tercios de los homicidios de defensores de la tierra ocurrieron en la región.
Este fue el año más peligroso para las personas que defienden su tierra y los ecosistemas desde que la organización comenzó sus registros. Argentina fue incluida en el listado de 227 asesinatos del 2020, con el crimen en Tucumán de Juan Carlos “el Cheta” González, miembro de la Unión de Trabajadores de la Tierra.
De Miguel manifestó entonces que el enfoque es avanzar en las acciones estratégicas relacionadas con Escazú tanto a nivel regional como nacional. “Por eso en la COP se discutió sobre la creación de este grupo, que lo que busca precisamente es ver todas las posibilidades para ser enfáticos en cómo abordar esta problemática y cómo empezar a trabajar”.
¿Están los defensores locales incluidos?
Este grupo de trabajo tendrá un desafío por delante: lograr incluir a pequeñas organizaciones y defensores locales, para que se apropien de un tratado que algunos ven lejano.
Justamente en este sentido opinó Federico Kopta, biólogo y presidente del Foro Ambiental Córdoba, quien sostuvo que este tipo de acuerdos está “lejos de su realidad”: “Cuando uno ve estas conferencias internacionales, tiene la sensación de que las líneas pasan por la estratósfera, que no nos llegan a tocar”.
El Foro trabaja para incidir en políticas públicas ambientales de manera integral desde la perspectiva de la ciudadanía.
La desconexión entre Escazú y aquellos a quien protege será una batalla de múltiples frentes: que se conozcan las iniciativas -incluso a comunidades remotas-, discutir temas relevantes, escuchar su voz y por sobre todo, que haya un cumplimiento real.
Kopta se cuestiona esto. Señala que en Argentina existen leyes que regulan los puntos que incluye el tratado y que lo que resta es que las instituciones produzcan políticas públicas. “Ese es el signo de pregunta. ¿Va a cambiar algo Escazú? ¿Se trata de un acuerdo que va a cambiar la institucionalidad?”, se interroga el biólogo y agrega: “La protección de los defensores ambientales no la veo real, no creo que sea una política pública. Por eso creo que hay que trabajar fuertemente en el empoderamiento ciudadano”.
“Creo que los derechos son logros de la gente. Cuando vienen de arriba, hay que desconfiar de su implementación. Lo que se aplica es lo que la ciudadanía logra poniendo el cuerpo”, expresó Kopta.
Eugenia Caraballo, miembro de la Asamblea Ambiental San Roque Despierta -que protesta contra la construcción de la autovía de Punilla- afirmó que ellos ya están mencionado al Acuerdo de Escazú en su lucha, pero que ni por lejos se está aplicando.
“¿Cómo se va a aplicar? Yo te diría que en concreto no se está aplicando, al contrario. Lo que nos sucede es que hay leyes, hay acuerdos, hay un montón de discursos, pero en los hechos nada de eso se aplica”, pronunció Caraballo, que se pronunció como una defensora ambiental y una “vecina común”.
Desde la Asamblea señalaron que se encuentran hace años con un acceso a la información lleno de trabas, una participación que es un paso administrativo más y una justicia ausente.
“Hay pasos que se supone que son de participación y en realidad son una formalidad para los gobiernos. Escazú habla de la participación y el acceso a la información, la justicia, y todo eso se está violando. Son todos discursos políticamente correctos para quedar bien”, denunció.
Caraballo puso un ejemplo: el desalojo del acampe que realizaron junto a la Asamblea de Paravachasca, para evitar que se destruya el monte mientras esperan la resolución de su acción de amparo.
“En Paravachasca, los vecinos y vecinas definieron un acampe porque las máquinas ya estaban trabajando y se desalojó todo de forma totalmente irregular. Nosotros nos identificamos como defensores, pero ellos nos reprimieron y sacaron a la fuerza igual. A dos compañeros los llevaron presos y les inventaron causas por resistencia a la autoridad. Yo hice una denuncia contra un agente por su trato”, relató la ambientalista.
“Criminalizan la lucha y nos pintan los dedos. Y eso que Escazú habla de garantizar que los defensores no sean perseguidos y hostigados, y nada de eso se cumple en Córdoba”, afirmó.
“Al final lees lo del acuerdo de Escazú y si es muy lindo, pero no se aplica. Los organismos que deberían ser coherentes con eso no lo hacen. Todo suena lindo: la participación ambiental, la información, los estudios, las audiencias públicas. Pero todo queda en papeles. Es un trámite burocrático. Al final terminamos poniendo el cuerpo en el lugar frente a las máquinas”, sostuvo Caraballo.
Desde otro punto de vista, Leonel Mingo, economista y líder de proyectos en Greenpeace Argentina, resaltó que “gracias a Escazú, las pequeñas voces van a tener más poder”.
“Es muy importante el reconocimiento a la figura del activista ambiental. Esta figura que pusieron en el mapa es algo que se viene luchando durante décadas. Que se eleve al activismo ambiental para las organizaciones chiquitas es muy importante”, dijo Mingo.
“No solo porque le das un nombre a las personas sino también porque reconocen la importancia del ambiente como un motivo por el que las personas se organizan. El ambiente es un tema tan sensible y así se reconoce a las personas que activamente trabajan por esto como activistas”, explicó.
“Los defensores nos sentimos totalmente desamparados. Cuando vas y pones el cuerpo y ves la impunidad con la que pasan por encima tuyo es muy fuerte. Te sentís totalmente desolado, y te das cuenta que solo podes contar con tus vecinas, tus vecinos y las asambleas”, concluyó Caraballo.
Desafíos de un ambientalismo local
Para Kopta el mayor desafío a revertir en el ambientalismo ambiental es el “desempoderamiento” de la sociedad que surgió a partir del escenario de pandemia. Desempoderamiento que en su opinión proviene tanto de mecanismos de desactivación desde el gobierno, como de una comodidad reinante.
“La gente está muy cómoda. No se termina de percibir la situación y, si se sabe, se asume que así es lo normal”, afirmó Kopta quien agregó: “Los cambios reales no se dan por el activismo en redes. El cambio real se da poniendo el cuerpo en los espacios públicos, con ocupar el espacio público”.
“Hay un estado de comodidad: en redes nos podemos quejar, podemos postear, pero eso no cambia nada. Por eso el desafío enorme son los cambios individuales. Cambios sociales, en la participación activa, pero también cambios individuales que tienen que ver con la coherencia entre los reclamos y lo que vos haces de tu vida”, sostuvo.
En sentido similar se expresó Mingo, quien sostuvo que el principal desafío es hacer denuncias ambientales con enfoque social.
“El gran desafío y la mejor solución es lograr la mayor movilización de gente posible. Porque sabemos que la única herramienta pacifista que nos funciona es que las personas tomen conciencia y se movilicen. Cuantas más personas nos movilizamos por un ambiente sano, más probabilidad de éxito tenemos”, concluyó Mingo.
El texto del Acuerdo de Escazú
Artículo 9. Defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales
1. Cada Parte garantizará un entorno seguro y propicio en el que las personas, grupos y organizaciones que promueven y defienden los derechos humanos en asuntos ambientales puedan actuar sin amenazas, restricciones e inseguridad.
2. Cada Parte tomará las medidas adecuadas y efectivas para reconocer, proteger y promover todos los derechos de los defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales, incluidos su derecho a la vida, integridad personal, libertad de opinión y expresión, derecho de reunión y asociación pacíficas y derecho a circular libremente, así como su capacidad para ejercer los derechos de acceso, teniendo en cuenta las obligaciones internacionales de dicha Parte en el ámbito de los derechos humanos, sus principios constitucionales y los elementos básicos de su sistema jurídico.
3. Cada Parte tomará medidas apropiadas, efectivas y oportunas para prevenir, investigar y sancionar ataques, amenazas o intimidaciones que los defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales puedan sufrir en el ejercicio de los derechos contemplados en el presente Acuerdo.
