Una vez más, el descontrol del fuego ha causado graves daños y generado intensas polémicas. Uno de los puntos más controvertidos es la falta de claridad en la asignación de responsabilidades entre los distintos niveles de gobierno, una confusión que incluso ha alcanzado al ámbito nacional.
La proliferación de incendios en varias provincias deja en evidencia la falta de coordinación dentro del Estado. Hasta hace poco, la política ambiental dependía de la Subsecretaría de Ambiente del Ministerio del Interior, pero su titular renunció en plena crisis, tras aducir agotamiento. Su reemplazo criticó duramente la gestión, señalando que el manejo de bosques e incendios no es una prioridad en la agenda del Gobierno. Sin mayores explicaciones, el Ejecutivo decidió trasladar el Servicio Nacional de Manejo del Fuego al Ministerio de Seguridad, encabezado por Patricia Bullrich, con el objetivo de mejorar la coordinación con las provincias en la prevención y mitigación de incendios.
Esto plantea una pregunta clave: ¿qué nivel de gobierno debe asumir la responsabilidad principal en el manejo del fuego?
Gestión del control del fuego: ¿qué presupuesto y rol tiene el Gobierno nacional?
Según datos del Presupuesto ejecutado por la Subsecretaría de Ambiente para el 2024, el monto total asignado fue de $ 95 mil millones, lo que representa apenas el 0,1% del gasto primario nacional. De ese total, el 67% se destinó al mantenimiento de parques nacionales, el 25% a políticas ambientales generales y solo el 8% al Servicio Nacional de Manejo del Fuego.
Adicionalmente, en el Presupuesto se observa que la totalidad del Servicio Nacional de Manejo del Fuego está registrada en la contabilidad pública con ubicación geográfica en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lo que sugiere que el Estado nacional tiene una capacidad limitada para aportar recursos y logística en la lucha contra los incendios en las provincias.
Pero más allá de los cambios administrativos, las disputas políticas y el bajo presupuesto destinado contra los incendios, ¿a qué niveles de gobierno corresponde hacerse responsables frente a los incendios?
La Ley 26.815 establece el Sistema Nacional de Manejo del Fuego, estructurado en tres niveles operativos. En la fase inicial de un incendio, la responsabilidad recae en la provincia afectada. Si su capacidad para controlarlo se ve superada, debe solicitar apoyo a las provincias vecinas. Sólo cuando el fuego excede el alcance del respaldo regional, interviene el Servicio Nacional de Manejo del Fuego, proporcionando brigadistas, aviones hidrantes, helicópteros, camionetas y otros recursos.
La gobernabilidad de este sistema es compleja, lo cual es fundamental que existan acciones de coordinación, prevención y mitigación entre el Estado nacional y las provincias a través del Consejo Federal de Medio Ambiente (Cofema).
Coordinación de funciones y responsabilidades
Para mejorar la prevención y el control de incendios, es fundamental ordenar las funciones entre los distintos niveles de gobierno. Exigir que la Nación asigne más recursos para suplir las deficiencias provinciales no es una estrategia efectiva, sino la repetición de un error común en la que la Nación se hace responsable de funciones provinciales, como sucede en otras áreas, tal el caso de salud, educación, asistencia social y vivienda, donde la superposición de funciones diluye las responsabilidades.
Un esquema más eficiente sería que la Nación se concentrara en la coordinación estratégica, lo que implica no sólo articular esfuerzos entre las provincias, sino también desarrollar un plan de acción claro que identifique qué recursos necesita cada jurisdicción para prevenir y combatir incendios. Esto supone evaluar riesgos, definir estándares mínimos de equipamiento y capacitación, y garantizar la disponibilidad de medios: brigadistas, aviones hidrantes y tecnología para detección temprana.
Al mismo tiempo, cada provincia debe contar con los recursos y la capacidad suficientes para actuar directamente en la prevención y el combate del fuego, asumiendo la responsabilidad por los resultados. Cuando las funciones no están claramente definidas, resulta más fácil trasladar culpas y eludir responsabilidades, lo que solo agrava el problema.
Reforzar la superposición de roles entre Nación y provincias no es una solución efectiva. Al contrario, es imprescindible un acuerdo de coordinación que defina con precisión las responsabilidades de cada nivel de gobierno, asegurando una gestión más eficaz y evitando que la falta de claridad se convierta en una excusa para la inacción.
* Economistas de Idesa
