Los incendios forestales en la provincia de Córdoba suman más de 80 mil hectáreas en lo que va de 2024. En la última semana, en medio de graves avances del fuego que generaron angustia y temor entre los vecinos afectados en varias regiones, el dificultoso trabajo de contención de las llamas sumó una problemática que adquirió relevancia pública a partir de algunos hechos puntuales: la disputa entre lugareños y bomberos o agentes de los Etac. Nunca había ocurrido en los años anteriores.
En el marco de las investigaciones relacionadas a la propagación de los focos de incendios, el Ministerio Público Fiscal informó que actualmente hay 10 personas identificadas, imputadas y hasta tres condenadas por los incendios de los dos últimos meses.
Los tres condenados en Traslasierra lo fueron por incendio doloso, con penas de tres años de ejecución condicional, por el foco que arrasó 7.600 hectárea al sur del cerro Champaquí en julio.
Otras tres personas se encuentran privadas de su libertad con procesos en desarrollo y cuatro personas fueron imputadas por incendio culposo, habiendo recuperado su libertad mientras sigue la causa.
Agresiones entre las llamas
Sin embargo el conflicto entre bomberos y lugareños también tomó un cauce judicial. Se investigan al menos dos hechos que ocurrieron el domingo 22 y el lunes 23 en la zona de Ongamira. La fiscal de Deán Funes, Analía Céspede, confirmó a La Voz que se trata de la misma persona, que está imputada por daños y lesiones reiterados, acusándolo de dañar vehículos y agredir a bomberos que acudieron a un campo de su propiedad en medio del avance de las llamas.
En paralelo, el vecino de Capilla del Monte realizó una contradenuncia contra el personal de bomberos “por sentirse en situación de abandono de persona”. En ese sentido, Céspede solicitó información a la mesa central de operaciones de bomberos sobre el protocolo que llevan adelante ante una emergencia con el fin de determinar cómo es la modalidad de ingreso a un predio y cómo determinan prioridades frente a otros eventos.
“Hacer justicia por mano propia es un delito: la respuesta a la violencia nunca puede ser más violencia”, expresó la fiscal. Y agregó: “Con esto no se puede especular, en la justicia real se persigue la verdad real, no se le resta importancia a una causa por sobre otra, pero necesitamos probar que sucedió lo que se denuncia”, dijo.
También existe una causa en curso en la Justicia por un policía atropellado por una vecina durante un operativo de control en la ruta 38, cerca de San Esteban, en el valle de Punilla donde se desarrolla un incendio. La fiscal de Cosquín, Paula Kelm, imputó a una mujer, que en estado visiblemente nervioso “quería pasar a toda costa” hacia su domicilio. Se la acusa de resistencia a la autoridad y lesiones leves.
“Me impresiona que la desesperación y el cansancio hagan estragos, vi mucho sacrificio por parte de bomberos y policías, en días sin dormir ni comer y no había cómo pararlo. La gente se desespera, con razón, ve en riesgo todo y buscan descargar su impotencia. Son situaciones límites”, expresó Kelm.
En discusión
Por otro lado, durante esta semana se viralizaron en redes algunos cuestionamientos de vecinos a bomberos a los que reprochaban “dejar quemar el monte a propósito”, y hasta incluso de iniciar nuevos focos. Son casos aislados en medio de una tarea titánica y denodada por parte de los agentes voluntarios pero en las que, en algunos, la Justicia tomó intervención.
La fiscal Céspede investiga una denuncia anónima de un incendio doloso que ocurrió en Tulumba a principios de este mes. El denunciante sospecha el mal manejo del fuego de parte de un bombero voluntario.
Además Kelm inició dos investigaciones de oficio por audios que circularon en relación al accionar u omisión de ayuda de los bomberos. Una de las actuaciones es sobre un incendio en Capilla del Monte, donde un vecino denuncia que dos miembros del Equipo Técnico de Acción ante Catástrofes (Etac), dependiente de la Policía de Córdoba, habrían iniciado un incendio.
“Cuando nos dimos vuelta, nos prendieron fuego”, sostuvo entre lágrimas. El denunciante está identificado por la Justicia y se procura tomarle declaración en las próximas horas. “Hay otros audios de lugares sin identificar”, sumó la fiscal.
En varios casos se aclaró que una de las tareas de los bomberos y Etac es hacer contrafuegos, es decir, quemar en una línea que se pueda controlar para marcar el limite del avance del foco mayor en esa dirección.
Este medio consultó también a la fiscal de Río Tercero, Paula Bruera, que hasta el momento no tiene denuncias por agresión a bomberos en su jurisdicción sobre Calamuchita.
Desde la Justicia sostuvieron que, como en el resto de los temas, si algún ciudadano considera que vio afectado algún derecho o garantía puede acercarse a la Unidad Judicial más cercana y realizar su presentación para luego determinar la existencia o no de un delito.
“Como en todos los ámbitos laborales existen intereses, por lo que no es desatinado avanzar en este tipo de investigaciones. Somos seres humanos y no se puede estar en la cabeza de las otras personas. Pero indudablemente no se puede especular y se debe determinar una acción penal si existen pruebas al respecto”, advirtió Céspede.
La fiscal de Deán Funes se mostró sorprendida por las reacciones de algunos ciudadanos a quienes se lo va a proteger o a asistir ante una emergencia. “Es la primera vez que veo algo así, y entiendo que existe cierta molestia por determinadas situaciones”, concluyó.
¿Cuáles son esas situaciones que afloraron en medio del combate contra el fuego?. En algunos casos, viejas disputas, pero sobre todo los reclamos de algunos sectores de la sociedad civil de un plan de acción para apagar el fuego en los bosques nativos y no sólo frente a viviendas, o la existencia de más despliegue de mayor presupuesto, o de información confiable y canales de denuncia.
