Juan María Bouvier manejó las cárceles desde 2008. Gustavo Folli, las habilitaciones de Bomberos desde 2010.
Los dos exfuncionarios, detenidos en diciembre por investigaciones de corrupción en el Servicio Penitenciario de Córdoba y en Bomberos, tienen un parecido que alarma: el larguísimo tiempo que tuvieron para liderar las ahora consideradas “asociaciones ilícitas” que administraron desde sus lugares de poder público.
Juan María Bouvier cayó el 12 de diciembre pasado. Pasó directamente de ser el jefe del SPC a un integrante más del pabellón VIP de la cárcel de Bouwer.
Según la investigación del fiscal Enrique Gavier, Bouvier era quien había montado las distintas “mafias” que administraban jefes penitenciarios menores. Tanto la supuesta corrupción en la cárcel de Bouwer, liderada presuntamente por el subprefecto Sergio Alejandro “Chavo” Guzmán, quien también se había desempeñado en otros establecimientos como la Unidad de Contención del Aprehendido (UCA) y el penal de Cruz del Eje, como lo que ocurría en Villa María, donde los tres principales jefes fueron detenidos por la presunta explotación de “negocios” y por permitir el funcionamiento de un call center “tumbero” desde donde se cometían numerosas estafas telefónicas.
La caída de Bouvier fue la última ficha de un dominó de detenciones que llegó en los últimos días de noviembre pasado hasta Darío José Tello Pajón, quien se desempeñaba como jefe de seguridad de todas las cárceles.
El sorprendente hallazgo de un camión que transportaba drogas, celulares y whisky, camuflados en una entrega de carne, puso nuevamente en agenda la sospecha de que en las cárceles existe corrupción estructural y un aceitado sistema de negocios entre penitenciarios y detenidos. Una estructura delictiva de la que participan activamente guardias y jefes carcelarios.
Gustavo Folli fue jefe de Bomberos desde 2010 a 2015. Según la acusación del fiscal Guillermo González, desde esa época montó un sistema de certificaciones truchas a locales comerciales, que luego siguió supervisando cuando ascendió a subjefe de Policía –entre 2015 y 2019– y cuando, ya retirado de la fuerza, pasó a ser director de Defensa Civil municipal, cargo que ocupó hasta el 9 de diciembre de este año. Folli mantuvo la ascendencia sobre Bomberos, al menos mientras estuvo al frente de la división Sergio Sosa, el jefe que sucedió a Folli en el cargo.
En la asociación ilícita en la que se adjudica a Folli la participación como organizador, también están detenidos exbomberos y un abogado que era muy conocido porque asesoraba a la Uocra en cada accidente laboral en la construcción: Félix Calama.
Violentos con las mujeres
Sorprende otra coincidencia entre exfuncionarios que tenían altísimas responsabilidades en el área de Seguridad de los anteriores gobiernos provinciales: las imputaciones por gravísimos hechos de violencia de género. Diego Concha, exdirector de Defensa Civil y del Programa de Lucha contra el Fuego, está preso acusado de la muerte de una bombera, Luana Ludueña, además de tener otra causa de violencia contra una expareja. Alfonso Mosquera, exministro de Seguridad provincial, fue denunciado por una mujer con quien mantuvo una relación, por agresiones y violencia. Y ahora Folli, además de ser imputado por corrupción, tiene una causa abierta por abuso de autoridad e instigación al aborto de su expareja, en un contexto de violencia de género.
La ley Micaela, de capacitación obligatoria en género para todas las personas que integran los tres poderes del Estado, vigente desde 2019, no parece haber tenido mucho éxito en Seguridad provincial.
