Este lunes, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) difundirá la incidencia de la pobreza y de la indigencia según la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) correspondiente al segundo semestre de 2024. Según los anticipos de los especialistas y del propio Gobierno nacional, el relevamiento marcaría un fuerte descenso en relación con los datos del primer semestre, que terminó con 52,9% de pobreza y con una indigencia de 18,1%.
La estimación es que el número de finales de 2024 mostrará una pobreza más cercana al 40%, que, si se confirma, estará por debajo del registro final del gobierno de Alberto Fernández, que terminó en 41,7% para el último semestre de 2023.
El último dato disponible del Indec, correspondiente a enero de este año, estableció un piso de $ 1.057.923 para no caer en la pobreza y de $ 468.107 para no ser indigente.
El insumo principal para la elaboración del indicador de pobreza es la medición de la inflación, a través del índice de precios al consumidor (IPC), un número que tuvo una importante desaceleración el año pasado, más allá de los cuestionamientos que surgieron sobre la desactualización de la base de productos y servicios que se relevan para construir el registro y, con más profundidad, sobre la verdadera capacidad para medir pobreza sólo considerando ingresos y proyectando los gastos no alimentarios con un coeficiente, también desactualizado.
En apariencia, el descenso en la pobreza debería correlacionarse, y no lo hace, con una serie de datos de evolución de demanda de servicios brindados por el Estado provincial que son habitualmente termómetros socioeconómicos, como la demanda de comida del Paicor, el pase libre del Boleto Educativo Gratuito o la asistencia sanitaria en el sistema público.
Más demanda en hospitales públicos
“La demanda de atención creció un 35%, en promedio, en el año”, marcó el ministro de Salud provincial, Ricardo Pieckenstainer. “Las consultas crecieron muy por encima, pero eso está impactado por un año con muchas contingencias, como un brote grande de dengue, Covid y, luego, respiratorias.
También tiene que ver con una caída de la capacidad económica de las clases medias, que dejan de pagar las obras sociales y vienen al sistema público. Y por el desfinanciamiento de varios programas de la Nación, que derivaron esa demanda a la Provincia”, interpretó el ministro.
Un indicador indirecto del arribo de las clases medias al sistema público de salud es la evolución de la facturación por recupero de gastos de atención a pacientes que tienen obra social, lo que se incrementó un 143% en el año contra una inflación del 117%. Se pasó de $ 8.082 millones en 2023 a $ 19.713 millones en 2024.
“En esto interviene un doble efecto: por un lado, el aumento de la demanda de personas con obras sociales porque en clínicas privadas les cobran un plus o un copago o no consiguen turnos. Pero también hay mucha gente que perdió el trabajo y ya no tiene obra social y que también es nueva demanda del sistema público”, explicó Pieckenstainer.
En los primeros dos meses de este año, como muestra de este comportamiento, el Ministerio de Salud relevó los primeros dos meses de este año y registró que la demanda sigue en ascenso:
- Las consultas pasaron de 417.388 en enero y febrero de 2024 a 470.665 en el mismo bimestre de 2025 (13% más).
- Las internaciones pasaron de 7.155 en el mismo período de 2024 a 8.223 en 2025 (15% más).
- Las cirugías subieron 11%: de 21.461 a 23.891.
El recupero de obras sociales también va hacia arriba: en los dos primeros meses, creció un 197% más que en igual período del año pasado.
Más boletos educativos gratuitos
El programa Boleto Educativo Gratuito (BEG) muestra un comportamiento similar. A pesar de que, en principio, la situación social es mejor que al inicio del ciclo escolar del año pasado, la demanda de pases gratis en el transporte se incrementó.
Entre los estudiantes, creció un 11,9%, para pasar de 301.521 boletos en 2024 a 337.492 en 2025. En docentes, el aumento fue todavía mayor: un 13,2%, con 32.051 beneficios en 2024 y 36.285 en 2025.
El promedio general da 12%. “La Provincia decidió sostener este beneficio, poniendo entre $ 3.500 y $ 4 mil millones por mes, 10 meses del año. Y, lejos de desalentar el acceso, estamos saliendo a los barrios para promocionarlo, para que todos los que cumplan los requisitos puedan acceder al beneficio y apuntalar otros objetivos, como la retención escolar y la garantía de los derechos”, resaltó el secretario de Transporte provincial, Marcelo Rodio.
El crecimiento en la demanda de boletos para el transporte, tanto en el interurbano como en los servicios urbanos de la ciudad de Córdoba, no tiene que ver con una mejora en el servicio, que en realidad empeoró de un año a otro.
Despejado ese motivo, casi en soledad queda la motivación económica como explicación. Viajar en colectivo, por malo que sea el servicio, es una opción más barata que usar el auto o tomar un auto o un remis.
La inscripción se hace por Cidi y el requisito principal es que los alumnos estén debidamente matriculados para el actual ciclo lectivo e ingresan todos quienes concurran a establecimientos públicos o privados con aporte estatal.
Los alumnos que concurren a establecimientos privados sin subsidio estatal quedan excluidos. Los alumnos de universidades públicas radicadas en la Provincia entran directo, y, en el caso de los estudiantes de universidades privadas, pueden acceder al beneficio quienes tengan una beca del 50% o más en sus cuotas.
Más pedidos para el Paicor
El programa de asistencia alimentaria para alumnos de escuelas públicas (Paicor) registró un incremento histórico: creció en el inicio de este ciclo escolar un 18%. De 249.333 beneficios se pasó a 294.213 raciones diarias.
El ingreso al Paicor requiere del cumplimiento de requisitos socioeconómicos, como ingresos totales del grupo familiar por debajo de la canasta básica total (CBT) –los ya referidos $ 1.057.923 medidos en enero por Indec–, no tener un auto con menos de 10 años de antigüedad (modelo 2015, como máximo) y no ser propietario de más de un inmueble como vivienda familiar.
Otro aspecto que puede tener que ver con una mayor demanda es la mejora en varios aspectos del menú, difunden desde el Paicor: la regionalización de ingredientes para adaptarse al paladar según las zonas de la provincia en la que se trate, la presentación visual del plato y el cuidado de un balance nutricional que tenga siempre proteínas en la dieta.
Un dato que llama la atención en este corte es el fuerte incremento de los trámites observados por incumplir algún requisito. Se pasó de 7.480 rechazos a más de 20 mil. Esto puede leerse, según fuentes del programa, en que crecen las familias de clase media que “se tiran un lance” y buscan el ahorro del costo de la comida del estudiante.
A pesar de que se entiende que hay una necesidad en la clase media, el Paicor no piensa relajar estos requisitos. Se trata de un programa que tiene estimado un gasto de $ 17 mil millones a $ 18 mil millones mensuales, un número que ya es muy significativo para el presupuesto de la Provincia.
Comedores sin comida
La Secretaría de Políticas Sociales y Desarrollo Humano de la Municipalidad de Córdoba tiene mapeados los comedores, los merenderos y los distribuidores de copas de leche que funcionan en la ciudad. El último dato disponible, de fines de 2024, es que están activos 1.833 “espacios sociocomunitarios”, que es como los denominan porque, a ciencia cierta, no siempre pueden dar de comer.
El 79% de estos espacios funcionan en hogares y al 46% le alcanza “a veces” el alimento, “casi nunca” a otro 20% y nunca a un 6%, según contestaron los referentes de cada espacio, que en su conjunto llegan a unos 160 mil vecinos en Capital.
Clase media pide ayuda
Hay otro dato que llama la atención al equipo de la secretaría municipal que comanda Raúl La Cava: entre 2023 y 2024, se pasó de 479 intervenciones de emergencia por desalojos a casi el doble: 846. “Se trata de casos muy especiales de personas que no pudieron pagar el alquiler y no tienen red, no tienen una casa de otro familiar para refugiarse ni medios para conseguir otro lugar a un menor precio”, explicó el funcionario.
Es un dato que apunta a la percepción de caída de clases medias, tanto como otro no medido, como una mayor demanda de ayudas por única vez de personas que sufren un evento que los desequilibra en sus precarias economías, como un problema en sus viviendas –afectadas por muchos años sin poner plata en mantenimiento–, la rotura de un vehículo que es el transporte familiar y también clave para sostener ingresos formales o informales, o un problema de salud.
“En estos casos, muchas veces vemos a personas que se acercan por primera vez a solicitar una ayuda del Estado. Antes, en las políticas sociales, se esperaba a que terminara de caer para asistirlas. Si tenían un auto, negarles el beneficio, esperar a que vendan ese auto, que se queden sin nada y ahí sí tomarlos. Ahora la idea es tratar de intervenir antes, porque si no tienen ese auto, tal vez no tengan ninguna posibilidad de tener una changa o de seguir llevando a los chicos al colegio”, explica La Cava.
Hay 305.504 beneficiarios de Asignación Universal por Hijo (AUH) en Córdoba; esto equivale al 7,9% de los cordobeses y este subsidio nacional es clave para mitigar el deterioro de las condiciones de vida en los escalones socioeconómicos más bajos. Los problemas que aparecen son los de deciles que no eran clientela de las políticas sociales.
“El problema es el deterioro del poder de compra del ingreso”
–¿Cómo se entiende que se dice que baja la pobreza y a la vez pasan cosas que no se correlacionan con eso, como aumentos en la demanda de Boleto Educativo Gratuito, Paicor o atención en el sistema público de salud? –preguntó La Voz a Martín Maldonado, investigador de Conicet, especialista en pobreza y políticas sociales.
–Las mediciones de pobreza por ingresos no sirven para períodos inflacionarios. La pobreza es estructural y no subió lo que se dijo que había subido ni baja lo que se dirá que baja. La medición de una cesta de 52 alimentos para determinar el nivel de indigencia y su multiplicación por 2,09 para proyectar la capacidad para comprar otros productos y servicios no alimentarios, que viene de una encuesta en los últimos deciles de la población en 1985, no sirve para definir la pobreza en momentos de alta inflación. Hay que considerar el abordaje multidimensional, tomando en consideración aspectos como la calidad de la vivienda y el entorno ambiental, la calidad del empleo, si existe cobertura médica o aportes, entre muchos otros aspectos que van más allá de una cesta de 52 alimentos y de la multiplicación de un coeficiente sobre esa compra. Lo que tenemos que entender es que los precios de los alimentos se mueven muy rápido, corren la vara y los ingresos van más lento. Así como no hubo una creación de pobres, tampoco existe una baja, sino que los ingresos se están ajustando al ritmo de los precios de los alimentos.
–¿Y cómo se comprende, por otra parte, que, si no hay menos pobres, como no hubo más antes, como explicás, se sigan incrementando las demandas de programas de asistencia como el Paicor?
–Eso se debe a otro fenómeno, que es el deterioro del poder de compra del ingreso, que viene a un ritmo sostenido y que hace que muchos bienes y servicios que antes eran masivos ahora se vuelven exclusivos, y tiene que ver con un fenómeno muy observado, como la progresiva desaparición de la clase media.
–¿Cómo vive una familia la necesidad de pedir ayuda por primera vez al Estado; por ejemplo, para garantizar la comida en la escuela a un hijo? ¿Cómo impacta en aspectos subjetivos, en la salud mental?
–Es todo un tema, que merece un análisis mucho más amplio. Pero estamos ante un cambio de era; se está rompiendo una ilusión de la modernidad en la que la promesa era una mayor felicidad para el mayor número posible de personas, y eso tenía que ver con un modo de acumulación de riquezas que ya no existe. Por dar un ejemplo: los cuatro sectores con mayor capacidad de producción de riqueza en Argentina, como la megaminería, el campo tecnificado, las TIC (tecnologías de la información y la comunicación) y el sector financiero, no son demandantes de cinco millones de empleos formales de personas con mediana o baja calificación, que básicamente tienen para ofrecer su fuerza física de trabajo en el mercado laboral.
