El sistema carcelario de Córdoba está al límite y reflejo de ello son los últimos anuncios del Gobierno de Córdoba. El gobernador Martín Llaryora presentó esta semana la nueva cárcel de máxima seguridad que ya se construye en Bouwer, y la cual se espera que pueda alojar hasta mil detenidos de “alto perfil de riesgo”. Además, la Provincia anunció la construcción de una nueva Unidad de Contención de Aprehendidos (UCA) que podrá alojar hasta 500 personas.
El pasado 12 de febrero la jueza María Celeste Orta Córdoba hizo lugar a un habeas corpus colectivo a favor de 89 presos por las condiciones de hacinamiento en varios módulos del Complejo de Bouwer. A su vez, otra jueza, Cecilia Ferreyra, analizo otro pedido, pero en favor de detenidos en la UCA de barrio Cáceres, en la ciudad de Córdoba.
Es en este contexto que el abogado Esteban Yangüez Papagenadio presentó un habeas corpus a favor de Marcelo Marieschi y Brian Acosta, detenidos por delitos de estafa en un módulo saturado de la cárcel de Bouwer. El recurso solicita que se les permita cumplir la prisión domiciliaria con tobillera electrónica ante el hacinamiento y las condiciones de detención. Lo novedoso del pedido es que ofrecen ellos mismos pagar las tobilleras.
La solicitud no obtuvo respuesta en primera instancia, y este jueves se llevó adelante una audiencia de apelación ante la Cámara de Acusación, donde el abogado defensor de los imputados Marieschi y Acosta expuso sus motivos para cuestionar la denegación del habeas corpus correctivo a favor de sus defendidos.
El habeas corpus original se basó en una sentencia de la justicia federal que reconoció la situación de hacinamiento en la cárcel de Bouwer.
Además, se lo vinculó a un proyecto de ley presentado por las legisladoras Alejandra Ferrero (UCR), Karina Bruno (PRO) y Nadia Fernández (Hacemos Unidos por Córdoba), en el que proponen modificar el artículo 286 del Código de Procedimiento Penal de Córdoba. El proyecto busca abordar la problemática de la sobrepoblación carcelaria mediante medidas alternativas como el arresto domiciliario con tobilleras geolocalizadoras para casos de delitos no violentos, personas sin antecedentes y con arraigo.
Yangüez Papagenadio dijo que es lo apropiado para sus clientes: “Justamente mis defendidos entran dentro de los parámetros, por lo que se consideró entablar el habeas corpus proponiendo que la tobillera sea pagada por sus familiares. De esta forma se realiza un doble ahorro, en primer lugar se ahorra aproximadamente 2 millones de pesos que costarían a los contribuyentes mantener a una persona en el establecimiento carcelario, y en segundo lugar se ahorra en el uso de la tobillera misma. Es importante este ítem del costo ya que es un beneficio para quienes pagamos los impuestos”.
El arresto domiciliario es un beneficio previsto por la Ley 24.660, modificada en 2008, en las que un juez de ejecución puede conceder el arresto domiciliario en los siguientes casos: “Cuando el encierro impide al detenido recibir un tratamiento médico adecuado; en casos de enfermedad terminal; si la persona detenida tiene una discapacidad que tornará inhumana el cumplimiento de la pena en un establecimiento penitenciario; si el detenido supera los 70 años; cuando se trata de una mujer embarazada o si se trata de la madre de un niño menor de cinco años o de una persona con discapacidad. En los tres primeros la ley exige la presentación de informes médicos, psicológicos y sociales que acrediten la imposibilidad de continuar en prisión”.
El Gobierno provincial tiene en proceso la compra de 500 tobilleras electrónicas, y esperan la aprobación para abrir una licitación e incorporar otros 1.000 aparatos.
En cuanto al costo de alojamiento de los presos, según la Resolución 610/2024 del Ministerio de Seguridad de la Nación, publicada en julio del año pasado en el Boletín Oficial el monto por el alojamiento y atención integral de internos en establecimientos penitenciarios federales y provinciales, es de 2.000 pesos por día. Desde el Servicio Penitenciario de Córdoba aseguran que la cifra real está por arriba de los 20 mil.
Las “Reglas de Mandela”
Para la audiencia en Casación, Yangüez Papagenadio preparó un argumento adicional, que trae a la Justicia provincial la figura del legendario líder sudafricano Nelson Mandela, quien estuvo encarcelado durante 27 años por luchar contra el apartheid en su país, que luego de ser liberado, presidió entre 1994 y 1998.
Según el abogado, el Servicio Penitenciario de Córdoba informó que las celdas miden 3,20 metros de largo por 2,25 metros de ancho y al compartirse entre dos personas, el espacio por individuo queda en 1,62 metros cuadrados. Con esos datos, el letrado aseguró que se estarían infringiendo la ley 26.827 y la resolución 517/2021 del Ministerio de Justicia, que establecen un mínimo de 3,25 metros cuadrados por persona en cárceles anteriores al año 2000, como Bouwer.
Además, argumentó, “la celda en la isla de Robben donde estuvo detenido Nelson Mandela tenía 4 m2 de superficie, por lo que siquiera se corresponde con las conocidas ‘Reglas Mandela’ para el tratamiento de reclusos” .
Las reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos, conocidas como Reglas Mandela, son una serie de lineamientos conformados por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas para garantizar los estándares que se reconocen como idóneos para el tratamiento de las personas privadas de su libertad.
El nombre de estas reglas representa un homenaje al expresidente de Sudáfrica, Nelson Mandela, quien vivió 27 años encarcelado como parte de su lucha por los derechos humanos, la igualdad, la democracia, la cultura de paz y el apartheid en su país. En lo que se refiere a alojamiento, la regla invocada es, para los estándares de Córdoba, muy exigente. Dice: “Cuando los dormitorios sean celdas o cuartos individuales, cada uno de estos será ocupado por un solo recluso. Si por razones especiales, como el exceso temporal de población reclusa, resulta indispensable que la administración penitenciaria central haga excepciones a esta regla, se evitará alojar a dos reclusos en una celda o cuarto individual”.
“Acá no se está pidiendo que la cárcel sea un hotel sino que simplemente cumpla con su función. Con las buenas intenciones no bastan, las promesas de cárceles nuevas no solucionan un problema estructural, el actual estado de la cárcel es el fruto del descuido, la desidia y de la corrupción”, abundó el abogado.
La Cámara de Acusación ahora tendrá que resolver si hace lugar o no a la apelación y otorga el beneficio de la prisión domiciliaria con tobillera.
